Es juez federal. Actualmente, Martín Poderti integra el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata y en el próximo tiempo será juzgado por el delito de malversación de caudales públicos: está acusado de haber sustraído 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas en el marco de una causa donde se investigaba a una banda narco cuando el funcionario judicial se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
El juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, magistrado que interviene en el expediente, declaró la clausura del sumario donde Poderti está procesado y elevó la causa a juicio, como solicitaron el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.
Así lo informaron a LA NACION fuentes de la causa. En diciembre pasado, al dictar el procesamiento, el juez Canicoba había sostenido que “existe un cuadro de cargo suficiente para tener por acreditada, con el grado provisorio de esta etapa, la autoría y responsabilidad que en el suceso, le cabe a Martín Luciano Poderti”.
La investigación estuvo delegada en la Fiscalía Federal de Tres de Febrero, conducida por Paul Starc, hoy a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El faltante de las monedas se detectó el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya cumplía funciones en el TOF de Mar del Plata. Como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar.
Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad. En el tiempo que se desempeñó como secretario, el actual magistrado fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.
Poderti fue indagado el 22 de agosto pasado. “No tengo nada que ver con el faltante de las monedas y desconozco quién pudo haberlas tomado”, sostuvo.
El juez Poderti, defendido por los abogados Gastón Marano y Alejandro Bisbal, reconoció haber ingresado en la caja de seguridad 844 de la sucursal San Isidro del Banco Nación, donde estaban depositadas las monedas y otros objetos de valor secuestrados durante la investigación, pero afirmó haberlo hecho en “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles” que estaban bajo su conocimiento.
Según el expediente judicial, las monedas de oro, que corresponden a cinco denominaciones distintas y con procedencia de origen de distintos países, desaparecieron en una fecha incierta entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Rodolfo Tamborini, que terminó absuelto por la Justicia.
En su indagatoria, Poderti enumeró “las razones o motivos” por los que, afirmó, no cometió el robo por el que está acusado. “En primer lugar, soy un funcionario honesto, lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo en mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento. Desde esa mirada sería absolutamente absurdo y casi burdo haber dejado evidencia que me conectaba directamente con ese robo. En segundo lugar, no hay ninguna explicación razonable por la cual alguien que tiene acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas. No se explica robar una parte y dejar otra, entre las que se hallaban elementos de mayor valor como, por ejemplo, lingotes de oro, un reloj marca Rolex y algunos anillos”, dijo.
Como se dijo, el faltante fue descubierto el 9 de abril de 2024 cuando Matías Pietronave, que cumplía funciones como secretario penal del juzgado conducido por Mirabelli, fue a la caja de seguridad.
“Una semana después de esto, concurre el doctor Mirabelli con Pietronave a constatar lo que ya estaba constatado. Si bien no tengo ningún elemento de prueba ni sospecho de la honorabilidad de estos funcionarios, reitero que yo no robé ninguno de estos efectos. En ese marco, solicito que se investiguen todas las líneas e hipótesis que puedan haber. Tengo 31 años de ejercicio en esta actividad judicial y nunca vi que se investigara una sola hipótesis”, afirmó Poderti, en su momento.
El caso por el que será juzgado Poderti se conoció a principios de julio de 2024, cuando se hicieron una serie de operativos en Mar del Plata, en San Isidro y en Tigre.
Personal de la Policía Federal Argentina (PSA), por orden del juez Canicoba, allanó el despacho del juez Poderti en el TOF de Mar del Plata, situado en un edificio de la avenida Luro y Santiago del Estero.
Durante la requisa, se secuestró documentación, un teléfono celular con su correspondiente chip de línea, tarjetas de memoria, una computadora personal y otros elementos que fueron considerados de interés para la causa.
“Teniendo en cuenta el cuadro probatorio reunido en la causa, estima esta parte acreditado, más allá de toda duda razonable, que [Poderti] sustrajo las monedas de oro conforme se le imputa y que corresponde, por tanto, que el juzgado interviniente decrete su procesamiento”, había afirmado el fiscal Starc en el dictamen donde solicitó el procesamiento del magistrado.
El juez Canicoba, además, le fijo un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos.
El fallo de primera instancia fue confirmado por a Sala II de la Cámara Federal de San Martín, integrada por magistrados Néstor Barral y Alberto Lugones.
“Resulta inexplicable que estando procesado y ese procesamiento confirmado por la Cámara, siga administrando justicia y condenando”, dijo a LA NACION el abogado Marcelo Rocchetti, representante de Tamborini.
Mientras el expediente judicial fue clausurado y elevado a juicio, la carrera judicial de Poderti se juega en el Consejo de la Magistratura.
Como informó LA NACION en mayo pasado, el Consejo de la Magistratura decidió convocar al juez para que se defienda en el proceso administrativo.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió citarlo a prestar declaración “a tenor del artículo 20″ del reglamento, que en la práctica es una especie de declaración indagatoria para notificarlo de las acusaciones en su contra e invitarlo a que se defienda.
