El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela comunicó que las seis aerolíneas que perdieron sus permisos no podrán reiniciar operaciones de vuelos hacia ni desde el país sin una nueva autorización oficial. Según informó el medio de referencia, la suspensión involucra a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL, y su impacto inmediato afecta la continuidad de rutas internacionales, limitando la oferta para pasajeros y repercutiendo también en la actividad comercial vinculada al tráfico aéreo internacional en Venezuela. La revocación de licencias se dio a conocer a través de canales digitales oficiales y redes sociales, detallando el alcance y la obligatoriedad de la medida.
Tal como publicó el medio, el origen de la decisión responde a una serie de acontecimientos iniciados tras la alerta internacional emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que recomendó a compañías bajo su órbita aumentar la cautela en el espacio aéreo bajo control venezolano, específicamente en la región de la FIR Maiquetía, cuya gestión corresponde a la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo de Caracas. La alerta se fundamentó en reportes de deterioro en las condiciones de seguridad, acompañado de un incremento de movimientos militares en territorio venezolano y zonas cercanas, según consignó el medio.
La FAA utilizó el mecanismo conocido como NOTAM (siglas de “Notice to Airmen”), empleado para advertir y guiar a operadores de aviación civil ante situaciones extraordinarias. El aviso estadounidense contempló también riesgos en otros países, según explicó el ministro de Interior Diosdado Cabello durante una comparecencia en la televisora estatal VTV, pero Caracas señaló que las aerolíneas solo suspendieron rutas que tenían como destino Venezuela, manteniendo servicios en países igualmente mencionados en el aviso.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Iberia oficializó la interrupción temporal de sus vuelos desde y hacia Venezuela el sábado posterior a la difusión de la alerta de la FAA, sumándose posteriormente otras aerolíneas afectadas, como Avianca, LATAM Airlines Colombia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines y GOL. Las compañías argumentaron que la decisión obedecía a motivos de seguridad para pasajeros y tripulaciones, repitiendo el criterio de prevención y resguardo ante una situación global de advertencia.
La reacción venezolana ante la postura de las aerolíneas fue interpretar su comportamiento como un alineamiento con intereses políticos internacionales, más que una respuesta documentada a riesgos técnicos u operacionales inmediatos en el espacio aéreo del país. El medio detalló que las autoridades venezolanas rechazaron la justificación dada por las empresas extranjeras y remarcaron que la Federal Aviation Administration no detenta competencia directa sobre el espacio aéreo FIR Maiquetía, que corresponde soberanamente al Estado venezolano.
Durante su intervención en el canal oficial, Diosdado Cabello puso en duda la consistencia de los argumentos de las líneas aéreas, señalando que el aviso de la FAA abarcaba a otros destinos en la región, por lo que, según su criterio, la suspensión selectiva de rutas venezolanas sugería una coordinación de naturaleza política más que operacional. El gobierno consideró tales acciones como una manifestación de lo que catalogó como “terrorismo de Estado” promovido por la administración estadounidense, de acuerdo con el medio citado.
El anuncio del INAC sobre la revocatoria se acompañó de la aclaración de que el restablecimiento de operaciones para las seis empresas internacionales dependería de una autorización expresa, procedimiento que no tiene una fecha ni condiciones anticipadas. El medio subrayó la relevancia de la medida en la vida cotidiana de miles de pasajeros así como en las empresas con intereses o relaciones comerciales internacionales, pues reduce considerablemente las rutas habilitadas con Europa y Sudamérica.
La decisión gubernamental, según la información difundida, supone el corte abrupto de conexiones consideradas fundamentales por el sector privado y por la comunidad venezolana en el extranjero, modificando la dinámica de acceso aéreo a mercados tradicionales. A esta coyuntura se suman también alertas provenientes de otros organismos internacionales. España, de acuerdo con la posición oficial venezolana, advirtió igualmente a operadores sobre potenciales riesgos asociados a vuelos con destino a Venezuela.
El entorno descrito en la alerta de la FAA puntualizó el aumento de movimientos militares en el espacio aéreo gestionado desde Maiquetía y destacó el alcance generalizado de la advertencia, cubriendo todas las altitudes y rutas bajo administración venezolana. Otras agencias externas coincidieron en replicar la nota de precaución, aportando a la percepción de un escenario regional en el cual la seguridad aérea resulta motivo de controversia diplomática y técnica.
El medio atribuyó la decisión venezolana al clima de relaciones tensas entre Caracas, Washington y otras capitales. Esta suspensión de operaciones internacionales constituye un episodio adicional en la serie de controversias y desacuerdos diplomáticos, en los que acciones unilaterales y respuestas estatales impactan directamente el flujo aéreo, el comercio exterior y la movilidad de ciudadanos en ambos sentidos.
La medida del INAC, al restringir la autorización de vuelos comerciales internacionales para las seis compañías aludidas, altera temporalmente la estructura de la conectividad venezolana con el resto del mundo. Tanto autoridades como representantes de sectores empresariales y usuarios del transporte aéreo reconocieron el efecto disruptivo en las modalidades de viaje, el traslado de mercancías y las comunicaciones familiares y laborales, reportó el medio.
Además de afectar rutas hacia y desde Europa, la sanción implica una reducción importante en la oferta de vuelos a Sudamérica, dificultando la programación de viajes y encareciendo el desplazamiento para una parte de la población que habitualmente empleaba estas compañías. La suspensión también incide en la logística de empresas importadoras y exportadoras, que dependen de enlaces directos con mercados regionales para sostener parte relevante de sus operaciones.
El medio agregó que el cese de actividades de las seis aerolíneas internacionales no tiene precedentes inmediatos en el contexto reciente y profundiza la incertidumbre de los sectores involucrados. Dentro del gobierno venezolano, la medida se presenta como un acto de protección ante lo que definen como presiones extranjeras y campañas de descrédito, mientras que, en el ámbito internacional, la determinación expone la compleja trama entre pautas de seguridad aeronáutica y tensiones diplomáticas vigentes en la relación de Venezuela con Estados Unidos y varios países de la Unión Europea y Sudamérica.
El anuncio de las suspensiones y la respuesta oficial venezolana marcan un nuevo momento en la política aérea internacional vinculada a Venezuela. Las implicaciones de esta decisión afectan no solo a las empresas extranjeras involucradas sino también a múltiples sectores económicos y sociales dentro y fuera del país, al redefinir de manera significativa los canales habituales de conexión aérea. Esta coyuntura, según destacó el medio, configura una etapa de ajuste y reconfiguración en la red internacional de vuelos con impacto en pasajeros, exportadores e importadores, así como en el entorno diplomático sudamericano y mundial.
