Un reciente fallo dividido declaró terminado por inactividad procesal el juicio promovido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para cobrar de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus cómplices un monto sin actualizar superior a 23.000 millones de pesos. Además, le impuso al Estado las costas del juicio.
La acción había sido promovida por la DNV para reclamar rubros que no se podían incluir en la sentencia penal que los condenó por corrupción. Aunque la caducidad solo extingue el proceso, al considerar que no hubo un juicio, el plazo de prescripción de la acción continúa corriendo y se pierde el derecho de fondo, lo cual impide iniciar un nuevo juicio.
Por los involucrados, los montos en juego y la forma absolutamente anormal en que se pretende cerrar la cuestión, estamos ante un hecho de una gravedad inusitada. Se descuenta un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para revertir esta decisión o, al menos, liberar al Estado de las costas ante lo discutible de los argumentos.
¿Cómo es posible que, condenados en la causa penal, los culpables puedan ahora quedar exonerados del pago por esta nueva sentencia en otra causa? Todo conduce a preguntarnos: ¿qué tan bien defendido está nuestro Estado Nacional? La defensa, que hasta 1967 se concentraba en la Procuración del Tesoro pasó por ley a distribuirse entre las oficinas jurídicas de ministerios y reparticiones. A casi 60 años sería útil hacer un balance de la decisión y, además, un relevamiento exhaustivo del cuerpo de abogados del Estado. También deberían conocerse los resultados del programa de Coordinación y asistencia del Cuerpo de Abogados del Estado, impulsado durante el gobierno de Macri.
Es igualmente importante conocer la cantidad exacta de juicios que afronta el Estado en nuestro país y en el exterior, especialmente los reclamos monetarios y el pasivo contingente que implican. Hacia fines de 2015, el entonces titular de la Procuración, Carlos Balbín, estimó que serían 60.000, en tanto Bernardo Saravia Frías, quien lo sucedió, habló de 100.000, sin contar juicios previsionales que podrían superar los 500.000.
No parece lógico que todos los juicios que enfrenta el país se defiendan de la misma forma. Muchos justifican una atención especial y una precisa información a la ciudadanía como la causa de Vialidad que nos ocupa, y, mucho más todavía, respecto de la de YPF, que se tramita ante los tribunales de Nueva York, que condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, monto éste que podría superar el de todos los reclamos contra el Estado sumados.
El ciudadano de a pie puede no tomar verdadera dimensión de cuánto impactan estas cuestiones en su vida. Una vez más, la dirigencia política y los funcionarios le deben no solo la claridad para explicarlas e informarle sobre el derrotero de las causas sino, sobre todo, la garantía de que la defensa de los intereses de todos es la más adecuada, en los tiempos y en las formas. Sembrar dudas en este terreno es, una vez más, violentar el Estado de Derecho y seguir sentando pésimos precedentes para el futuro.
