La decisión judicial que incluye una orden de detención nacional e internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente en la Embajada de México, resalta la extensión de las repercusiones legales tras el fallido intento de golpe de Estado de 2022 en Perú. Según informó Europa Press, el expresidente Pedro Castillo recibió una condena de once años, cinco meses y quince días de cárcel por conspiración para rebelión en relación con estos hechos. Esta medida también afecta a ministros clave de su administración, mientras persiste la controversia acerca de la imparcialidad del sistema judicial peruano.
La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo peruano, quien dictó la sentencia el jueves, estableció la culpabilidad de Pedro Castillo en el delito de conspiración para rebelión, descartando acusaciones adicionales de abuso de autoridad y perturbación grave del orden público, según consignó Europa Press. La sanción impuesta es significativamente menor a la solicitada por la Fiscalía, que pidió hasta 34 años de prisión para el exmandatario. El fallo implica además la continuidad de la prisión preventiva que Castillo cumple desde diciembre de 2022, fecha de los acontecimientos que culminaron en su destitución y arresto inmediato.
Europa Press detalló que, en sus alegatos finales antes de la sentencia, Castillo proclamó su inocencia y presentó una solicitud formal de nulidad absoluta contra el proceso, señalando presunta parcialidad de los magistrados responsables del juicio. Esta postura fue reportada por el diario peruano ‘La República’. Las denuncias sobre la supuesta falta de objetividad judicial han acompañado todo el desarrollo del caso y han intensificado el debate público en torno a la independencia y transparencia de las instituciones judiciales en el país.
El mismo dictamen ha alcanzado a Betssy Chávez, ex jefa de Gobierno que al momento se encuentra asilada en la Embajada de México. El Tribunal emitió una orden de captura que trasciende el ámbito nacional, solicitando además la colaboración internacional para su detención, informó Europa Press. Esta situación complica aún más el proceso judicial y diplomático, dado el estatus de asilo que mantiene Chávez en territorio mexicano.
Por otra parte, el exministro de Interior Willy Huerta también recibió una pena idéntica a la de Castillo: once años, cinco meses y quince días de prisión. No obstante, tanto en su caso como en el de Aníbal Torres, exministro sentenciado a seis años y ocho meses, la ejecución de la pena permanece suspendida hasta que un tribunal de instancia superior confirme definitivamente el fallo, publicó Europa Press.
La resolución contra Aníbal Torres, quien desempeñó funciones clave en el despacho ministerial del expresidente, resultó en una condena menor a la de sus excolegas. El tribunal argumentó diferencias en la responsabilidad y participación dentro de los hechos investigados. Esta distinción en las penas refleja los matices reconocidos judicialmente entre los roles desempeñados por los diferentes funcionarios en el contexto del intento de golpe de Estado.
El proceso penal, iniciado tras el intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022, llevó a la detención inmediata de Castillo. Según detalles de Europa Press, el caso se centró en la acusación de conspiración para rebelión, delito por el que la mayoría de los procesados han recibido condena. En contraste, la absolución de otros cargos como abuso de autoridad y grave perturbación del orden público apuntó a una valoración judicial limitada a los hechos probados durante las audiencias.
La Fiscalía, que había elevado la petición de condena a 34 años de prisión para Castillo, argumentó la gravedad de la amenaza al orden democrático y la presunta utilización de la estructura estatal para consolidar el intento de sublevación. No obstante, la sentencia final terminó por fijar una pena de menos de la tercera parte de lo solicitado por los fiscales. Europa Press señaló este contraste entre la postura de la acusación y el criterio de la Sala Penal Especial.
Las decisiones judiciales han tenido repercusiones inmediatas, tanto en el ámbito político como diplomático. La situación de Betssy Chávez representa un foco de tensión entre Perú y México, ante la protección diplomática brindada por este último país y la existencia de una requisitoria internacional vigente. Europa Press incluyó el enlace a imágenes sobre la resolución y sus consecuencias en la plataforma audiovisual de la agencia, donde se observan reacciones de los protagonistas y de la opinión pública tras la decisión.
En todo el proceso, la defensa de los señalados insistió en alegar irregularidades en la conducción del juicio. Castillo y su equipo legal recalcaron la falta de neutralidad de los jueces y la supuesta predisposición del tribunal a favor de una condena, elemento que motivó la presentación de recursos y solicitudes de nulidad, según recopiló ‘La República’ y replicó Europa Press. Los próximos pasos dependerán en buena medida de la revisión que eventualmente pudiera hacer una instancia superior, especialmente en los casos de Huerta y Torres.
Mientras tanto, Castillo continúa en prisión preventiva desde hace más de un año y medio, y las órdenes de captura nacional e internacional dictadas contra Betssy Chávez suponen un escenario legal y diplomático de alta complejidad. El entorno judicial y político de Perú, según relató Europa Press, permanece en tensión debido a la persistente discusión sobre la legitimidad y transparencia del proceso ejecutado contra el expresidente y sus excolaboradores más próximos.
