Uno de los ingresos al complejo de La Salada amaneció custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la división Montada. Si bien el operativo se enmarca dentro de la serie de allanamientos que llevaron a la detención de Jorge Castillo -más conocido como “el rey de La Salada”-, la situación abrió nuevas grietas. Una de ellas es el reclamo de cientos de puesteros y carreros quienes, en un móvil de LN+, aseguraron tener todos los papeles en regla para poder comerciar en la feria.
De manera pacífica, los puesteros manifestaron que no infringieron ninguna ley de marcas. Además, muchos de ellos tienen mercadería retenida dentro del complejo.
Uno de ellos es Alejandro, puestero de la feria de Urkupiña, que revende zapatillas de fabricación propia en locales de Flores y Avellaneda. Según dijo a LN+, es propietario de tres depósitos “llenos de zapatillas que ya tiene vendidas, pero que no puedo entregar”. Su caso, como el de otros colegas, está cubierto por un velo de angustia: “Con la feria cerrada, mi familia no come”.
Otro dato llamativo que resaltaron los manifestantes fue relacionado al pago del último alquiler: pasaron a cobrarlo un día antes de la clausura. Si bien el pago siempre se realiza por adelantado, llama la atención la coincidencia de las fechas.
En promedio, el costo de un puesto es de siete millones de pesos por mes. En todo el complejo hay más de seis mil. Con el avance de las horas, puesteros, carreros y hasta los coordinadores de los tours de compra esperan que la situación se normalice.
