Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- Las violaciones a los derechos humanos en Honduras persistieron durante el estado de excepción -en vigor desde diciembre de 2022-, según indicó este lunes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, en el que además destaca que «continuó la militarización de la seguridad pública».
«Las condiciones en las cárceles siguieron siendo preocupantes, las violaciones de derechos humanos persistieron durante el estado de excepción y los defensores de derechos humanos carecieron de protección», señaló el organismo.
El informe señala que los impactos del cambio climático agravaron la precaria situación de miles de personas, que el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo siguieron prohibidos y que la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción -con apoyo de la ONU y prometida por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, al asumir el poder en 2022-, seguía pendiente.
AI reconoció que el Gobierno «adoptó medidas para reconocer la responsabilidad del Estado en la persecución y represión de los movimientos sociales y las protestas en la década de 1980 y entre 2009 y 2021», pero que pese a eso, «persistieron los obstáculos a la justicia».
«A pesar de las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos, el Gobierno prorrogó el estado de excepción -que rige parcialmente- para combatir la inseguridad y el crimen organizado, y anunció nuevas medidas antiterroristas desproporcionadas».
Amnistía Internacional también destaca en su informe que el hacinamiento y la militarización de las cárceles continuaron y que expertos de la ONU informaron que las condiciones en muchas cárceles equivalían a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El estudio señala que «Honduras fue el país más letal del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness».
Los defensores sufrieron estigmatización, intimidación, detenciones arbitrarias y criminalización, la mayoría de las cuales quedaron impunes. Los ataques ocurrieron principalmente en el contexto de disputas relacionadas con proyectos mineros, inseguridad en la tenencia de la tierra y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluidos los defensores de derechos humanos garífunas, agrega.
Además, según el informe, organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección para defensores de derechos humanos, y en septiembre pasado Juan López, del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, fue asesinado a tiros.
Subraya que en noviembre la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias contra ocho hombres responsables del asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
Según el informe, la sequía prolongada en el Corredor Seco Centroamericano, en el occidente de Honduras, afectó el acceso al agua y la seguridad alimentaria» y «los impactos del cambio climático, exacerbados por los altos niveles de desigualdad, contribuyeron a la migración forzada desde Honduras».
Sobre el aborto, AI indicó que siguió estando prohibido en todas las circunstancias y el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia se vio obstaculizado debido a la disponibilidad limitada en los centros de salud pública.
Entre otras cosas, AI expresó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recibió una denuncia contra Honduras sobre una mujer indígena y defensora de derechos humanos a quien se le negó un aborto tras ser violada, y que el matrimonio igualitario seguía prohibido.
«No hubo avances en el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, que había sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», concluye el estudio de AI. EFE
