El líder de Perú Libre, Vladímir Cerrón, afirmó que los expresidentes del Consejo de Ministros, Betssy Chávez y Aníbal Torres fueron los “los autores intelectuales de la proclama que lamentablemente hicieron el 7 de diciembre del año 2022″, la cual fue leída por el expresidente Pedro Castillo, en mensaje a la nación.
En diálogo con RPP, el prófugo de la justicia asegura que esto trajo como consecuencia que “la derecha pueda golpear con todo el gusto, quedarse con el Gobierno”. “En tal sentido, eso lo hemos manifestado una y otra vez y es lo más evidente que se ve en este momento en el proceso judicial”, aclaró.
El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado. Para Betssy Chávez y otros exministros implicados, como Aníbal Torres y Willy Huerta, la fiscalía planteó penas alternativas en caso de recalificarse los hechos como conspiración en lugar de rebelión.
La acusación contra la excongresista incluye cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. En el escrito presentado al Poder Judicial también se mencionan las alternativas de sanción en función de cómo se califiquen los delitos.
Postulación
Cerrón es precandidato a la presidencia del Perú por el partido que fundó, junto a Flavio Cruz y Bertha Rojas en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.
En las elecciones del 2021, trató de ser candidato a la segunda vicepresidencia, en la plancha que incluía a los futuros mandatarios Pedro Castillo y Dina Boluarte; sin embargo, anularon sus posibilidades por una sentencia vigente.
“A causa de que no me permitieron postular producto de una sentencia ilegal e inconstitucional que después fue declarada nula. Esas fueron lamentablemente las consecuencias que trae la politización de la justicia, un tema que posiblemente se vaya a repetir en este proceso electoral”, aseveró.
“Por eso que al estar politizado el sistema de justicia, fueron interfiriendo en el sistema electoral, lamentablemente ocurre en estas circunstancias que nosotros debemos tener, pues las medidas tras esas experiencias fallidas que se tienen”, añadió en conversación con RPP.
Piden revocar la comperencia con restricciones
La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial la revocatoria de la comparecencia con restricciones para Betssy Chávez y que, en su lugar, se le dicte prisión preventiva, luego de que la ex primera ministra obtuviera asilo político en México.
Desde junio de 2023, Chávez se encontraba bajo prisión preventiva por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, pero en setiembre de este año, el Tribunal Constitucional anuló esa medida y le otorgó comparecencia con restricciones. Estas restricciones incluían controles biométricos semanales y la obligación de asistir a todas las diligencias fiscales y judiciales convocadas.
Según la fiscalía, la exministra incumplió las reglas impuestas, ya que no se presentó a tres controles biométricos y faltó a cuatro sesiones del juicio oral, pese a que su presencia era obligatoria. “Esta situación demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra”, argumenta Ávalos en el escrito presentado al Poder Judicial. Ante estos hechos, la fiscalía considera que la prisión preventiva es necesaria para asegurar el desarrollo del proceso penal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley programó una audiencia para decidir si revoca la comparecencia con restricciones y dicta prisión preventiva, la cual se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas.
Fiscalización de la conducta
La ex primera ministra estaba obligada a pasar por control biométrico cada siete días y a acudir a todas las diligencias a las que fuera convocada. Entre el 29 de setiembre y el 3 de noviembre, no cumplió con tres controles biométricos y tampoco se presentó a cuatro sesiones judiciales. Estas ausencias se suman al contexto de su reciente asilo en México, lo que generó preocupación en las autoridades peruanas sobre el riesgo de fuga.
El escrito de la Fiscalía indica que la comparecencia con restricciones no resultó suficiente para garantizar la presencia de Betssy Chávez durante el proceso judicial. El documento señala que la prisión preventiva es útil y adecuada para alcanzar el objetivo de la averiguación de la verdad y evitar que la imputada obstaculice el proceso.
Además, se estableció que, si la defensa de Chávez no se presenta a la audiencia, una defensa pública asumirá su representación. Esta decisión busca evitar dilaciones y asegurar la continuidad de la investigación.
