El gobernador Gavin Newsom dio un paso decisivo al firmar la derogación de una de las leyes más controvertidas de la política educativa de California: aquella que durante más de una década penalizó a los padres por las ausencias escolares de sus hijos. La medida, originalmente defendida por Kamala Harris como fiscal de distrito de San Francisco y luego como procuradora general del estado, había generado un amplio debate sobre si el ausentismo debía abordarse con sanciones penales o con apoyo social a las familias.
El origen de la polémica ley educativa apoyada por Kamala Harris que Newsom derogó
En 2011, Kamala Harris defendió una legislación que buscaba enfrentar la deserción escolar mediante sanciones severas. La norma consideraba “crónicamente ausente” a cualquier estudiante que faltara el 10% o más de los días de clase en un ciclo lectivo. Bajo este esquema, los padres podían enfrentar un cargo menor en la Justicia, con multas de hasta 2000 dólares e incluso un año de cárcel.
Según explicó Politico, Harris argumentaba que estas disposiciones eran necesarias para evitar que los jóvenes quedaran fuera del sistema educativo y terminaran, en sus palabras, como “una amenaza para la sociedad, colgados en las esquinas”.
Sin embargo, desde su implementación, la iniciativa levantó cuestionamientos. Diversas organizaciones denunciaron que en lugar de mejorar la asistencia escolar, la norma criminalizaba la pobreza y a las familias vulnerables.
Durante la campaña presidencial de 2020, Harris debió salir al cruce de las críticas al reconocer que el efecto de la ley no había sido el esperado. “Lamento que eso haya ocurrido y que algo que hice pudo haber contribuido a esa situación, porque ciertamente no era la intención”, enfatizó.
El giro de Newsom y la firma de AB 461 para derogar la ley vigente
El 1° de octubre de 2025, Gavin Newsom estampó su firma en el proyecto de ley AB 461, presentado por el legislador demócrata Patrick Ahrens. Con este acto, derogó la sección 270.1 del Código Penal de California, que tipificaba como delito el incumplimiento de asistencia escolar de los menores bajo responsabilidad de sus padres.
Ahrens explicó en un comunicado que su propuesta buscaba “repeler una política fracasada de criminalización de familias que ya atravesaban dificultades”. Según señaló, la finalidad de la norma era reemplazar un esquema de castigo por un sistema de acompañamiento, capaz de detectar de manera temprana problemas como el acoso escolar, la falta de acceso a servicios de salud o las complicaciones económicas que impiden a los niños llegar a clase.
“Las familias y los niños necesitan apoyo, no cargos criminales ni multas, para mejorar la asistencia escolar. Multar o encarcelar a los padres no hizo nada para brindar a los estudiantes la educación y la ayuda que necesitan”, subrayó Ahrens al celebrar la aprobación de la iniciativa.
El debate social detrás de la reforma educativa de Gavin Newsom
La derogación de la política coincidió con un clima social más complejo que el de hace una década. Un informe de la Fiscalía General en 2013, cuando Kamala Harris era la funcionaria a cargo, ya había señalado que la mayoría de las fiscalías distritales rara vez iniciaban procesos contra los padres, porque la intervención temprana resultaba más efectiva. Aun así, la falta de una actualización de esos datos a nivel estatal mantuvo la discusión abierta durante años.
En 2025, nuevas problemáticas como las redadas migratorias, la discriminación racial, el hostigamiento por identidad sexual o el incremento de la inseguridad en algunos barrios agravaron las ausencias en las escuelas, según explicó el legislador Ahrens.
