El votante argentino tuvo desde el regreso a la democracia una gran motivación cívica por participar en las elecciones y una motivación estratégica para elegir al candidato con mayor posibilidad de triunfo frente al candidato que no representa sus preferencias.
La literatura económica del “votante racional” muestra que, aunque el costo de votar sea alto y el voto individual tenga escasa incidencia en el resultado, los ciudadanos participan en las elecciones por diversas motivaciones que van más allá del cálculo estrictamente utilitario.
El ciudadano tiene incentivos a votar si las “normas sociales” así lo exigen. Para Jon Elster (1989), la norma social es la acción que los individuos toman porque es lo que se espera de ellos y hay una sanción social para aquellos que no la conforman. Si esta última tiene “enforcement” efectivo, habría una desutilidad de no votar y, por lo tanto, se lograría un comportamiento cooperativo a favor de la participación electoral.
Asimismo, la elección del candidato tiene un elevado componente “estratégico”. La alternativa favorita de un votante puede tener una baja probabilidad de triunfo, “desperdiciando” su voto y, por lo tanto, privilegiando un voto estratégico por otra alternativa menos favorita, pero con mejores chances para derrotar al candidato que considera contrario a sus preferencias.
Pero la motivación cívica y estratégica del votante argentino se está deteriorando.
La anomia social e institucional argentina ha alcanzado al comportamiento electoral. El trámite justificativo de no emisión del voto es simple y la multa no llega a los 500 pesos argentinos (30 centavos de dólar). Por otro lado, no habría sanción social por no votar en amplios sectores de la sociedad.
La excepción la constituyen el clientelismo y el fanatismo que aseguran no menos de un tercio del padrón, insensible a la evidencia de ineficiencia de gestión presentes o pasadas.
El oficialismo actual, así como anteriormente la gestión macrista, apostaron por el voto estratégico para evitar el triunfo del kirchnerismo, estrategia que tuvo resultado positivo en 2017 y 2023 y negativo en 2019 y en las recientes elecciones legislativas atípicas de la provincia de Buenos Aires.
Pero la motivación estratégica puede deteriorarse. El votante “aprende” tomando en cuenta su larga historia de frustraciones. El votante no peronista podría percibir que su gobierno lo defrauda sea por incapacidad de gestión para mejorar el nivel de vida, falta de cumplimiento de las promesas, sea por pérdida de reputación por comportamientos “oportunistas” similares al contrario (“son todos iguales”) o por implementar las mismas políticas que el contrario. Por lo tanto, no tendría razones para incurrir en el costo de ir a votar, aunque el kichnerismo tenga una alta chance de ganar.
Abramson y Aldrich (1982) ya habían encontrado evidencia para los Estados Unidos de esta “maldición del ganador inoperante”. La decepción del votante americano respecto de las gestiones de los presidentes Johnson, Nixon y Carter generó una declinación en la creencia en la eficacia de los gobiernos, reduciendo dramáticamente la participación electoral (voluntaria) desde la década de 1960.
La participación electoral es un bien público que genera elevadas externalidades positivas para las sociedades democráticas, ya que el involucramiento masivo de sus ciudadanos es necesario para legitimar el proceso democrático.
La alta participación electoral en Argentina reflejó hasta hace poco la obligatoriedad del voto, así como también una alta vocación cívica heredada del espíritu del regreso a la democracia electoral de 1983.
Pero la erosión de la motivación estratégica estaría impactando en un deterioro de la motivación cívica de participación electoral.
La participación electoral en las recientes elecciones legislativas de CABA y Provincia de Buenos Aires refleja que la participación electoral ha bajado sustancialmente. Solo un 61,7% de los bonaerenses empadronados fueron a votar. Mientras que solo un 56% del padrón porteño fue a votar en las recientes elecciones distritales cuando en 2023 lo habían hecho 76,7% de los porteños.
Dado el bajo enforcement legal y social argentino, la participación electoral se convierte en una decisión más de los electores argentinos que ante la defraudación de la política deciden no participar, aun cuando es obligatoria.
Peligro. La motivación cívica se redujo como consecuencia de las continuas frustraciones políticas. La anomia social e institucional: pérdida o debilitamiento de las normas, valores y reglas dentro de las instituciones del Estado y de la sociedad, está llegando al punto de aumentar el riesgo de deslegitimación de la democracia.
Parafraseando a Buchanan (1975), cuando las transgresiones no son sancionadas, se destruye el capital legal cívico de la sociedad argentina.
