Un subsidio que implementará la Ciudad en las próximas semanas apuntaría a llevar alivio a un grupo de jubilados y pensionados del distrito en los que las autoridades detectaron un aumento de la vulnerabilidad en “cuestiones críticas, sin retorno”, como resignar la compra de medicamentos y alimentos, que a deteriora no solo su calidad de vida, sino que compromete su salud.

El año pasado y por primera vez, según repasan en la Jefatura de Gobierno, la pobreza en los adultos mayores creció casi a los niveles de población general porteña. A la par, entre los más de medio millón de esos residentes, la crisis económica y los cambios en la cobertura de remedios habrían impactado especialmente en unos 155.000 o alrededor del 30% de esa población.

“Estamos evaluando cómo ayudamos a los jubilados de la ciudad que han perdido el 100% de cobertura de los medicamentos para cubrir parte de ese agujero en su bolsillo que se le generó”, había dicho, días atrás, Jorge Macri durante una entrevista radial. “Estamos estudiando el tema porque no tenemos la base de datos del PAMI, que es nacional. Hay que ver cómo hacemos para identificar los casos”, planteó, en ese momento, el jefe de Gobierno.

Es que, en el sistema de salud porteño, una persona sin cobertura puede recibir la atención, el diagnóstico y los medicamentos que se le indiquen, mientras que si es afiliado de PAMI no puede acceder al mismo beneficio: tiene que concurrir con la receta a una farmacia de la red de prestadores de su obra social y abonar lo recetado, de acuerdo con los porcentajes fijados por la cobertura.

La Ciudad le había propuesto a PAMI resolver esa “situación injusta”, pero no prosperó. Consistía en asegurar la provisión de medicamentos sin costo para los afiliados como a la población sin cobertura mediante un convenio por el que la obra social le abonaría al distrito por esos fármacos el mismo precio acordado con los laboratorios a los que compra por volumen.

Si bien en la sede del gobierno local dan como un hecho la implementación del subsidio a un grupo de mayores en mayor vulnerabilidad, la definición de cómo hacerlo de manera efectiva está bajo análisis en tres áreas: los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat, con su Subsecretaría de Personas Mayores.

Tensión

En esas áreas advierten una “situación tensa” en lo que se refiere a sostener la alimentación, la compra de medicamentos y, también, los gastos para mantener la vivienda. La asistencia de hijos u otros familiares, también habría disminuido.

En riesgo, según estiman, hay unos 155.000 adultos mayores. En la ciudad, viven 537.297 mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65, de los que 365.500 tienen cobertura de PAMI exclusiva. En ese grupo está ese 30% de los que en el distrito identificaron “en situación vulnerable” por el nivel de ingreso. Es a los que más les costaría destinar, en promedio, los $52.000 mensuales en medicamentos, según una estimación porteña de ese gasto de bolsillo al mes pasado.

Esa fragilidad empezó a evidenciarse a finales de 2023, pero se agudizó el año pasado. El subsidio, según pudo conocer LA NACIÓN, compensaría la diferencia entre la jubilación o la pensión y el monto de una canasta de servicios y productos que requiere esa población en particular, de acuerdo con necesidades socioambientales, el sostén familiar y otros indicadores que están evaluando para estimarla. El acceso sería bancarizado.

“Estamos viendo cómo hacerlo porque no es fácil operativamente identificarlos [por los destinatarios]”, había expresado el jefe de Gobierno porteño. “Es difícil [para la Ciudad] dar el medicamento físicamente. Estamos viendo si podemos llegar con alguna forma de subsidio o si cubrimos ese dinero a la farmacia”, agregó Macri más recientemente.

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en la ciudad estiman que hay 75.200 personas jubiladas pobres. Las mediciones del distrito indican que la pobreza en esa población pasó del 11,2% en los tres últimos meses de 2023 al 28,9% en el primer trimestre de 2024 para cerrar a diciembre del año pasado en un 13,5% de mayores. Pero es el doble la cantidad que consideran en riesgo al tener en cuenta las dificultades para el acceso a remedios y alimentos.