La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles sanciones contra la relatora de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al acusarla de haber llevado a cabo una «campaña de guerra política y económica» contra Estados Unidos e Israel que «ya no será tolerada».
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado a través de su perfil en la red social X que las medidas contra Albanese tienen lugar «por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes».
El jefe de la diplomacia estadounidense ha remarcado que Washington «siempre apoyará» a sus socios «en su derecho a la legítima defensa» y ha prometido «seguir tomando las medidas necesarias para responder a la persecución judicial y proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados».
Albanese ha sido una de las figuras a nivel internacional más críticas con las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania. De hecho, ha sido objetivo de críticas por parte de las autoridades israelíes, que la han tildado de «antisemita» y de apoyar a las milicias palestinas.
AMNISTÍA DEFIENDE LA LABOR DE ALBANESE
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha reaccionado a la medida de Washington, mostrándose «consternada» y ha defendido que Albanese «trabaja incansablemente para documentar e informar sobre la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel, basándose en el Derecho Internacional».
«Recordamos que los relatores especiales son expertos independientes. No son nombrados para complacer a los gobiernos ni ser populares, sino para cumplir con su mandato», ha manifestado a través de su perfil en la red social X.
Por último, ha sostenido que «los gobiernos de todo el mundo y todos los actores que creen en el orden basado en normas y en el Derecho Internacional deben hacer todo lo posible para mitigar y bloquear el efecto de las sanciones contra Albanese y, a nivel general, para proteger la labor e independencia de los relatores especiales».
