El futuro del control estatal sobre YPF se define en horas decisivas en los tribunales de Nueva York. Una nueva resolución judicial, emitida en las últimas horas, eleva la tensión sobre la estrategia legal argentina en el juicio por la expropiación de la compañía. La defensa analiza los pasos a seguir ante un escenario que se torna cada vez más complejo.
¿Cuál fue la resolución de la jueza Loretta Preska?
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la orden que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF.
La magistrada comunicó su decisión catorce días después de emitir la orden original. En un duro escrito de cuatro páginas, argumentó que la Argentina no cumplió con las condiciones que ella misma impuso para conceder una suspensión previa.
“La República continúa la demora y la elusión de sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”, afirmó Preska. La jueza recordó que el tribunal otorgó una suspensión anterior sin la necesidad de una fianza, pero bajo dos condiciones: que el país solicitara una revisión acelerada en la apelación y que presentara una garantía mínima.
En su fallo, la magistrada añadió: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal”. Concluyó que cualquier perjuicio que el país alegue surge directamente de sus propias acciones para retrasar el proceso.
Qué consecuencias inmediatas tiene el fallo
La jueza Preska otorgó un plazo adicional de tres días para que la defensa presente una solicitud de suspensión ante la Corte de Apelaciones, el tribunal de segunda instancia. Si el país no cumple con la orden de entrega de acciones o no consigue una medida favorable de la instancia superior antes del jueves, podría enfrentar un pedido de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro, el organismo que diseña la estrategia legal del país, confirmaron que ya apelaron la decisión ante el tribunal superior. No existen certezas sobre si la Cámara de Apelaciones se expedirá antes del vencimiento del nuevo plazo.
Quiénes son los beneficiarios del juicio
Los principales beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park. El primero compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen, accionistas de YPF al momento de la reestatización de 2012. Ambos fondos demandaron a la Argentina por la forma en que se ejecutó la expropiación y obtuvieron en 2023 una sentencia favorable por US$16.100 millones más intereses.
A ellos se suma el fondo Bainbridge, que también recibiría acciones de la compañía como parte del pago de una deuda en default desde 2001, en un juicio separado que ya cuenta con sentencia firme por cerca de 100 millones de dólares.
Cuáles eran los argumentos de la defensa argentina
El equipo legal argentino había solicitado la suspensión de la orden con base en tres argumentos centrales. Calificó el caso como excepcional y sin precedentes, al involucrar un fallo de tal magnitud que todavía se encuentra en etapa de apelación.
También advirtió sobre un daño irreparable, ya que la transferencia de acciones violaría la legislación local, en particular la ley 26.741 de expropiación, que prohíbe la venta de las acciones sin autorización del Congreso.
La defensa sostuvo que los demandantes no sufrirían perjuicios por la suspensión, mientras que la ejecución inmediata afectaría a terceros, como las provincias y otros bonistas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
