El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso asigne partidas presupuestarias específicas, replicando lo ocurrido con la ley de emergencia en discapacidad.
El martes 21 de octubre, el Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de dos leyes clave: la Ley N.º 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, y la Ley N.º 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.
Ambas normas habían sido vetadas previamente por el presidente Javier Milei, pero fueron ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos con amplia mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, su aplicación quedó postergada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial.
El Gobierno argumentó que las leyes no contemplan fuentes de financiamiento, por lo que su ejecución queda suspendida “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 24.629. Esta decisión generó reparos entre referentes del sistema sanitario y académico, quienes reclamaron precisiones sobre los plazos y recursos previstos para su implementación.
La situación replica lo ocurrido con la ley de emergencia en discapacidad, también promulgada pero sin aplicación efectiva por falta de asignación presupuestaria. En todos los casos, el Ejecutivo sostiene que el equilibrio fiscal exige que el Congreso defina previamente el origen de los fondos antes de poner en marcha cualquier medida que implique gasto público.
