El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Ministerio de Trabajo responder, en un plazo máximo de 48 horas, una solicitud de información presentada desde 2025 por la concejal del Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, relacionada con las labores de Inspección, Vigilancia y Control realizadas al establecimiento nocturno Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.
La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por Forero, en la que solicitó conocer si el Ministerio ha cumplido con su deber de verificar las obligaciones laborales del club, en especial las relacionadas con las jornadas de trabajo nocturno.
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De acuerdo con el fallo, la cartera laboral deberá entregar una respuesta “de fondo, clara, oportuna y completa”, y remitir el expediente a la Corte Constitucional para una eventual revisión.
Tras ser notificada de la decisión judicial, la concejal Sandra Forero Ramírez se pronunció a través de su cuenta en la red social X.
“Fui notificada del fallo sobre la acción de tutela que interpuse, desde el 2025, para que el Ministerio de Trabajo informe finalmente sobre las visitas de Inspección, Vigilancia y Control realizadas al Before Club y sobre el cumplimiento de sus obligaciones como empleador”, escribió.
En el mismo mensaje, cuestionó la falta de respuesta de la entidad y lanzó una crítica directa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: “Dado que el ministro es tan presto a hacer estos seguimientos con otros establecimientos, espero que esta vez sí se sirva responder”.
El Before Club ha sido objeto de atención pública y de las autoridades en varias oportunidades.
El establecimiento, que es parcialmente propiedad de la congresista María del Mar Pizarro, ganó mayor notoriedad luego de conocerse que fue el último lugar al que asistió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, antes de ser asesinado en la madrugada del 31 de octubre de 2025.
Aunque las autoridades insistieron en que no existe una relación directa entre el homicidio y el funcionamiento del local, el hecho intensificó la vigilancia institucional sobre sus condiciones de operación y su entorno.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió el 8 de noviembre de 2025, cuando un operativo interinstitucional —en el que participaron la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana y funcionarios del Ministerio de Trabajo— evidenció diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.
Durante la inspección se hallaron heces de ratón debajo de una nevera, situación que motivó el sellamiento temporal del local por tres días, bajo el argumento de proteger la salubridad pública.
Además del hallazgo sanitario, las autoridades señalaron problemas históricos en el lugar, como exceso de ruido, actividades por fuera del horario permitido y denuncias por sobreaforo, factores que reforzaron la decisión administrativa de suspensión temporal.
La medida fue duramente cuestionada por Andrés Solano Bautista, representante legal del Before Club y pareja de la congresista Pizarro.
En declaraciones a El Espectador, Solano calificó la sanción como “desproporcionada” y aseguró que el establecimiento cuenta con toda la documentación en regla, incluidos estudios estructurales y certificaciones exigidas por las autoridades.
Asimismo, denunció una supuesta “persecución política” y un “amarillismo exacerbado” en la actuación oficial y la cobertura mediática del caso.
En diálogo con Infobae Colombia, Solano reiteró que el bar cumple con todos los requisitos técnicos y normativos. “Tenemos todas las certificaciones bajo los estudios de suelos, todas. Tenemos bomberos completamente con las recomendaciones; los papeles de la Alcaldía estaban completos, pero aun así nos suspendieron”, afirmó.
Sobre el hallazgo de excremento de roedor, minimizó su gravedad al señalar que se trató de un punto específico dentro de un edificio de 4.500 metros cuadrados y siete pisos.
Solano también sostuvo que funcionarios vinculados a las obras de la primera línea del Metro de Bogotá habían advertido sobre un aumento en el riesgo de plagas en la zona debido a las excavaciones cercanas.
Según su versión, el operativo desplegó a más de 50 personas, lo que consideró una respuesta desproporcionada frente a la falta detectada. Además, defendió que el local contaba con seguros para los peleadores, aforo certificado y documentación estructural vigente, y negó las acusaciones sobre posibles peleas clandestinas o riesgos de colapso estructural.
