El juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli, habló públicamente este miércoles luego de haber sido denunciado por Google por presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil en la nube. El magistrado sostuvo que los archivos formaban parte de una investigación judicial que había instruido en 2016 y aseguró que nunca guardó ese contenido de manera deliberada. “Yo no guardo material de abuso sexual de las causas en mi computadora. Esto fue en el marco de una investigación en el año 2016”, afirmó en diálogo con LN+.
“Me gustaría hacer una aclaración. Yo no guardo material de abuso sexual de las causas en mi computadora. Esto fue en el marco de una investigación en el año 2016, en el que a mí me remite un reporte Missing Children con un material que un individuo había subido a Twitter. Recibí el material, lo desencripté y se alojó en mi computadora. Yo no tenía registro de eso”, dijo Leonelli durante su charla con el periodista Paulino Rodrigues.
El caso derivó en un reporte de Google ante el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec) de Estados Unidos y luego en una investigación judicial en la Argentina. A partir de esa denuncia, Leonelli fue allanado tanto en su domicilio como en su despacho judicial en Río Grande. Como informó LA NACION, en octubre pasado fue sobreseído “con expresa declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor que hubiere gozado”.
Tras el cierre de la causa penal, el magistrado inició acciones judiciales contra Google en los fueros civil y penal. En una reciente resolución, el juez federal Marcelo Bruno Dos Santos ordenó a la empresa restituir las cuentas bloqueadas y los servicios vinculados. En el expediente, Leonelli sostuvo que el almacenamiento de documentación judicial en plataformas en la nube era una práctica habitual y promovida dentro del Poder Judicial fueguino para facilitar el trabajo remoto.
Además, el camarista acusó a Google de haber actuado de manera “arbitraria y desaprensiva” al realizar la denuncia, al considerar que la compañía omitió información clave sobre el origen judicial de los archivos. También aseguró que la difusión pública del caso le provocó daños “materiales, morales, reputacionales, físicos y psíquicos” tanto a él como a su familia.
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