La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de dos decretos separados, uno dedicado exclusivamente a la subida de las pensiones y otro con las restantes medidas del conocido como ‘escudo social’, marcó un cambio de rumbo tras descartarse la intención previa del Ejecutivo de mantener todas las medidas unidas en una única norma. Tal como informó Europa Press, el Grupo Popular ha confirmado finalmente que votará a favor del decreto de revalorización de las pensiones, una vez que el Gobierno optó por desvincular esta medida del conjunto de iniciativas sociales contempladas bajo el denominado ‘escudo social’.
Según consignó Europa Press, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, explicó que su grupo había manifestado desde el principio su respaldo a la actualización de las pensiones, siempre y cuando esa propuesta se tramitase de manera independiente y no estuviera ligada a otras disposiciones como la prórroga de la moratoria de desahucios o la prohibición de cortes de suministros a personas en situación vulnerable. Tellado expresó en Antena 3 que la decisión de separar los decretos responde a la “debilidad parlamentaria del Gobierno” y a la dificultad del Ejecutivo para legislar con acuerdos amplios.
El medio Europa Press detalló que el Congreso había derogado apenas una semana antes el decreto ley del ‘escudo social’ con el apoyo de PP, Vox y Junts. Ese decreto, además de la revalorización de las pensiones, contemplaba medidas como la suspensión de desahucios y el blindaje frente a cortes de agua y luz para colectivos vulnerables. Tras la derogación, el Consejo de Ministros optó por presentar dos textos normativos distintos, cumpliendo así una demanda del PP.
El Partido Popular reiteró su rechazo al nuevo decreto enfocado en la protección social, con el argumento de que este implica que dueños particulares asuman responsabilidades que según Tellado pertenecen a las administraciones públicas. El secretario general del PP hizo hincapié en que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ser quienes garanticen la atención a los hogares en situación de vulnerabilidad, no los propietarios privados.
En relación a la posición adoptada por el PNV, Europa Press recogió que Tellado acusó a la formación vasca de un “ridículo espantoso” tras su compromiso para introducir excepciones a favor de los pequeños propietarios en el nuevo decreto. El dirigente popular subrayó que el PNV había votado en favor del decreto ‘ómnibus’ hace apenas una semana, pero posteriormente negoció con el Gobierno condiciones particulares, lo que, según su visión, refleja problemas de definición política motivados por el crecimiento de Bildu en el País Vasco. Entre las declaraciones recogidas por Europa Press, Tellado sostuvo: “El PNV ha hecho un ridículo espantoso”, acusando a la formación de actuar como “cómplice de un gobierno de izquierdas” y de no tener un posicionamiento claro en el nuevo escenario político vasco, donde la formación abertzale va ganando terreno.
La estrategia de fragmentar los decretos ha sido interpretada por la dirección popular como una forma de presión ejercida por el Gobierno sobre sus socios, planteando propuestas legislativas bajo el esquema de “lo tomas o lo dejas”. Según Europa Press, Tellado denunció que este modo de legislar a través del decreto ley limita el debate parlamentario y complica la búsqueda de consensos transversales, a la vez que refuerza el papel del PP como principal grupo de oposición.
A lo largo de las entrevistas y declaraciones recogidas, el grupo popular insistió en que la obligación de proteger a las familias en situación vulnerable recae exclusivamente en los poderes públicos. Además, cuestionó que el decreto de escudo social comprometa los intereses de particulares, trasladando sobre ellos la carga asistencial que corresponde a las instituciones.
Finalmente, Europa Press reportó que el Pleno del Congreso se dispone a votar de manera separada tanto la subida de pensiones como el resto de medidas sociales, después de una semana de tensiones y negociaciones políticas en torno al alcance de las ayudas y la responsabilidad de su aplicación. El debate sobre la gestión del ‘escudo social’ y el papel que deben desempeñar tanto el Estado como los colectivos ciudadanos sigue abierto, mientras el Gobierno busca revalidar apoyos parciales para sostener este tipo de medidas.
