Javier de Andrés, presidente del Partido Popular (PP) en el País Vasco, anunció su intención de interpelar directamente al lehendakari Imanol Pradales acerca de los criterios aplicados en la concesión de beneficios penitenciarios a presos vinculados a ETA, después de que se autorizara el tercer grado a Asier Arzalluz, conocido como ‘Santi’, y el régimen de semilibertad para el exjefe de la organización, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. De acuerdo con lo reportado por el medio, De Andrés ha expresado su preocupación por lo que considera un trato diferenciado hacia los reclusos de la banda armada en las instituciones penitenciarias vascas.
Según publicó la fuente, la gestión de las cárceles vascas corresponde al Gobierno Vasco desde octubre de 2021. En ese contexto, De Andrés ha señalado que resulta necesario aclarar “cómo valora el lehendakari que se dispense un trato privilegiado a los penados de ETA en el sistema penitenciario que él preside”, haciendo hincapié en su percepción de ausencia de igualdad respecto al resto de los internos.
El líder vasco del Partido Popular ha manifestado que la situación “ya se ha hecho evidente”, sosteniendo que los presos de ETA disfrutan de “privilegios” en los centros penitenciarios gestionados por las autoridades autonómicas. Estas declaraciones se producen después de la polémica generada por la concesión de beneficios, como el tercer grado y la semilibertad, a figuras destacadas de la organización y las críticas formuladas por el PP a la decisión.
De acuerdo con la información difundida, De Andrés ha utilizado la red social X para reiterar su postura. El dirigente popular ha respondido a las declaraciones recientes de María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, quien este martes explicó que el Ejecutivo autonómico “respeta escrupulosamente la legalidad” en cuanto a la progresión de grados penitenciarios, independientemente de la vinculación del interno con ETA. La portavoz también subrayó su reconocimiento a la labor de la Fiscalía y declaró su respeto a la decisión de dicha institución de recurrir el tercer grado otorgado a Asier Arzalluz.
El medio también consignó que la concesión del citado beneficio a Arzalluz, junto a la autorización de un régimen de semilibertad para Aspiazu Rubina —ambas medidas criticadas por el PP— ha incentivado a De Andrés a reclamar más explicaciones a las autoridades vascas sobre los parámetros aplicados en tales decisiones. El dirigente de los populares vascos insistió en que estas concesiones refuerzan la visión de que “no hay equidad con otros presos” en Euskadi, una situación que, según su apreciación, contraviene los principios de igual tratamiento y justicia en el ámbito penitenciario.
La controversia sobre la situación en las cárceles gestionadas por el Gobierno Vasco se sitúa en el centro del debate político en la región. El PP sostiene que, tras la transferencia de competencias penitenciarias a las autoridades vascas, los internos de ETA acceden a beneficios en condiciones que consideran ventajosas respecto al resto de la población reclusa, una postura que los miembros del partido han expresado tanto en declaraciones públicas como en intervenciones parlamentarias.
Según detalló el medio, el próximo viernes está previsto que De Andrés formule su pregunta al lehendakari Pradales, en busca de explicaciones sobre los criterios y la valoración del Gobierno Vasco respecto al trato dispensado a los reclusos de ETA. El presidente del PP vasco ha insistido en la necesidad de explicar cómo se justifica, desde la administración autonómica, lo que califica como privilegios, y qué fundamentos sostienen la política penitenciaria aplicada tras la asunción de competencias.
Las posturas contrapuestas entre el Gobierno Vasco y el Partido Popular tienen como eje central el principio de igualdad ante la ley dentro del ámbito carcelario. Mientras desde el Ejecutivo presidido por Pradales se afirma que la legalidad se cumple sin excepciones, el PP mantiene que las recientes concesiones a miembros de ETA evidencian la existencia de un trato especial. La Fiscalía ha tomado parte al recurrir el tercer grado concedido a Arzalluz, lo que introduce un elemento legal en el debate y se suma al pronunciamiento público de las partes interesadas.
La situación de los presos de ETA en las cárceles vascas y la gestión de las progresiones de grado continúa produciendo tensiones políticas y sociales, según informó la fuente. Frente a las críticas del PP, el Gobierno Vasco mantiene que las decisiones se ajustan a la normativa vigente, aplicándose los mismos estándares a todos los internos, independientemente de su pasado delictivo.
A la espera de la comparecencia del lehendakari ante las preguntas formuladas por De Andrés, el tratamiento penitenciario de los reclusos de ETA sigue siendo motivo de controversia en el debate público de Euskadi.
