En una decisión que afecta a toda la región, el organismo agropecuario oficializó el cierre de 14 sedes. El plan nacional busca recortar la estructura y privatizar tierras experimentales.
Tras un complejo proceso de reestructuración interna y tensiones políticas, el plan de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha cobrado un nuevo y definitivo impulso. En su última sesión, el Consejo Directivo del organismo —integrado por representantes del Gobierno, la Mesa de Enlace, grupos CREA y universidades— aprobó el cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER) distribuidas en los centros regionales de Buenos Aires y Córdoba.
La decisión, plasmada en el orden del día 612, ratifica la hoja de ruta trazada por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich. Este esquema busca desmantelar la estructura de extensión rural tradicional para dar paso a un modelo alineado con la gestión nacional, priorizando la reducción de dependencias, la venta de tierras fiscales y el ajuste de la planta de personal.
Impacto en la región y el mapa de clausuras
El recorte afecta severamente a la provincia de Buenos Aires. En el Centro Regional Buenos Aires Sur, la resolución establece la supresión de nueve agencias estratégicas: Necochea, Lobería, Balcarce, Benito Juárez, Laprida, La Madrid, Otamendi, Mayor Buratovich y Saladillo.
Por su parte, en el Centro Regional Buenos Aires Norte dejarán de existir las dependencias de Vedia y Rojas, mientras que en Córdoba se darán de baja las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha. Con estas 14 bajas, sumadas a las ya oficializadas en el Chaco y el AMBA, el plan de adecuación alcanza ya el 50% de su objetivo inicial, que apunta a eliminar un total de 48 agencias en todo el país.
Cambios en la gobernanza y obstáculos financieros
El avance de estas medidas se explica, en parte, por la reciente renovación de las sillas en el Consejo Directivo. Tras el fracaso de los intentos por modificar la estructura legal del cuerpo por vía legislativa, el Gobierno nacional optó por reemplazar a los cuadros técnicos y gremiales más reacios al ajuste por nuevos ocupantes alineados con el proyecto oficial.
Sin embargo, el plan de Bronzovich encontró un límite inesperado en la última reunión: el programa de Retiros Voluntarios. A pesar de la intención de ponerlo en marcha este mes, los consejeros se negaron a aprobarlo debido a la falta de garantías sobre el origen de los fondos para financiar las indemnizaciones. Fuentes internas calificaron la presentación del área de Administración como «precaria», señalando un profundo desconocimiento de los mecanismos institucionales por parte de los nuevos funcionarios.
Un organismo en transformación
Además del cierre de agencias, el proyecto integral contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de investigación específicas.
Desde los sectores críticos advierten que la desarticulación de las Agencias de Extensión Rural deja a miles de productores pequeños y medianos sin el asesoramiento técnico territorial que el INTA brindó históricamente, poniendo en duda la capacidad del organismo para sostener su rol como motor del desarrollo tecnológico agropecuario en el interior del país.
