Queda “concluso para sentencia” el juicio a David Sánchez. Desde hace dos semanas se juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz si la Diputación creó y adaptó puestos públicos para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y a personas de su entorno. El tribunal ha escuchado a más de cuarenta testigos, las declaraciones de los acusados, la intervención de siete acusaciones populares – PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa— y a la Fiscalía.
Tras la exposición de los informes finales de las defensas de Ricardo Cabezas, diputado provincial que este lunes aseguraba no haber participado en la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz; y de Luis Carrero, amigo personal del hermano del presidente del Gobierno y adjudicatario -y único aspirante – a la plaza de “jefe de actividades transfronterizas”, un puesto que se acusa a Sánchez de haber creado y adaptado específicamente para él, el proceso ha quedado “concluso para sentencia” este martes, 9 de junio.
Una denuncia de Manos Limpias
La causa se inició en abril de 2024 con una denuncia presentada por Manos Limpias a la que se sumaron Vox y Hazte Oír/Abogados Cristianos. La denuncia señalaba que David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra, había accedido a una plaza de “Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música” en la Diputación de Badajoz, creada en 2017 bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo (PSOE); que no acudía a su puesto de trabajo y que había trasladado su residencia a Elvas (Portugal) para tributar fuera de España, aunque seguía cobrando: la documentación remitida por la Diputación acreditó que entre 2017 y 2025 percibió 340.572 euros brutos.
De acuerdo con las acusaciones, las características del puesto – ocupado por el hermano del presidente del Gobierno desde 2017 hasta su renuncia voluntaria en 2025 – se ajustaron a las de Sánchez, sin que hubiera una necesidad funcional clara y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En julio de 2024, la Guardia Civil registró la Diputación e incautó documentación relativa a la contratación y situación laboral de Sánchez. En noviembre, la jueza Beatriz Biedma imputó a Sánchez por presunta malversación y amplió la investigación a Gallardo y otras siete personas. En febrero de 2025, Sánchez renunció voluntariamente a su puesto, decisión que Manos Limpias celebró como “primer logro”. En mayo de 2025, la jueza dictó apertura de juicio oral por presunta prevaricación y tráfico de influencias y, tras rechazar los recursos de las defensas, la Audiencia Provincial confirmó el juicio en septiembre.
Un “traje a medida” para David Sánchez
Las acusaciones populares (excepto Manos Limpias) han endurecido su posición en el tramo final del proceso y han elevado su petición de penas hasta seis años de prisión para David Sánchez – el doble de lo que solicitaban inicialmente – , cuatro años para Miguel Ángel Gallardo y dos para Luis Carrero.
Según las acusaciones, la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue diseñada específicamente para él, un “traje a medida” según Manos Limpias. Sostienen que, tras su creación, el puesto se adaptó para que pudiera compatibilizarlo con otras actividades externas, algo que consideran impropio de un cargo de este tipo. También afirman que la plaza de “jefe de actividades transfronterizas”, otorgada a Luis Carrero, amigo de Sánchez, se creó para favorecerle a título particular y no por una necesidad real de la institución.
Como prueba, los abogados de las acusaciones han presentado varios correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil. En uno de ellos, David Sánchez consulta a familiares – incluido un tal “pedrosanchez1212” que podría ser el presidente del Gobierno o su padre – sobre cómo compaginar su puesto con otras actividades.
En ese intercambio, una funcionaria advierte: “No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección”. La respuesta de Sánchez es directa: “Desde mi punto de vista, dicha situación es incompatible a todas luces”. Para la acusación popular Iustitia Europa, estos correos son indicio de que la estructura administrativa se fue ajustando a las necesidades personales de Sánchez.
Frente a esta interpretación, la defensa sostiene que las consultas sobre compatibilidad son habituales y que, precisamente, las respuestas recibidas muestran que no era posible sortear la ley. Argumentan que no hay ninguna maniobra irregular en pedir información sobre las condiciones laborales y que, en ese sentido, los correos demuestran transparencia y voluntad de cumplir la normativa.
Cristina de Frutos, una de las candidatas al puesto, declaró que le avisaron por Whatsapp, antes de acudir a la entrevista, de que la plaza “era para el hermano de Pedro Sánchez”. Otro aspirante, Nerses Avakimyan, declaró que no percibió trato de favor en la selección. Funcionarios que participaron en el proceso consideran que el procedimiento y el cambio de nombre del puesto fueron poco habituales, aunque matizaron que no detectaron irregularidades formales.
El asunto del “hermanísimo”, prueba o “chascarrillo”
Un elemento clave para las acusaciones es el famoso correo con el asunto “hermanísimo”, enviado entre los directores de los conservatorios el mismo día que se publicaron las bases de la convocatoria. Para la Guardia Civil, esta coincidencia permite inferir que ya se daba por hecho quién ocuparía el puesto, al menos en el entorno de los conservatorios.
Las defensas, por su parte, insisten en que se trató de un “chascarrillo” o comentario irónico sobre los rumores que circulaban. En ese momento, era imposible conocer los nombres de los candidatos porque los plazos para inscribirse acababan de abrirse. Durante el juicio, tanto Yolanda Sánchez como Evaristo Valentí – los directores de conservatorios- negaron tener constancia de que la plaza se fuera a adjudicar de antemano y explicaron que el comentario respondía a lo llamativo que les resultaba el rumor de la posible candidatura de Sánchez.
En lo relativo al proceso administrativo, la UCO ha detectado algunas incongruencias en la documentación oficial. Por ejemplo, el informe de valoración con la puntuación más alta para Sánchez está fechado el 29 de junio, pero la adjudicación formal se realizó el 30 de junio de 2017; y la suma de puntos presentaba un error. Para las acusaciones, estos detalles, sumados a la rapidez de la resolución y a las comunicaciones internas previas al cierre del plazo de candidaturas, son indicios de que el proceso estuvo dirigido desde el principio y que el resultado ya estaba decidido.
Las defensas, en cambio, defienden que esas diferencias de fechas son habituales en la administración, ya que la valoración se realiza un día y la resolución se firma al siguiente. Sobre el error matemático, lo consideran un fallo material que no alteró el resultado, ya que Sánchez habría ganado igualmente. También consideran normal que existan correos internos entre personal de Recursos Humanos durante la tramitación del expediente y sostienen que no hay ninguna instrucción irregular en su contenido.
Para acreditar la actividad laboral de Sánchez, su abogado aportó 4.494 correos electrónicos. Las acusaciones replican que no se ha demostrado con claridad que esos correos acrediten una presencia física o un desempeño real del puesto, ya que no se detalló el contenido ni la naturaleza de esas comunicaciones. Técnicos de Personal y el interventor general declararon que la plaza era de libre designación, que Sánchez reunía los requisitos y que el procedimiento seguido fue el mismo que para otros puestos de alta dirección.
La Fiscalía respalda la versión de la defensa. Sostiene que los expedientes fueron revisados sin objeciones por el secretario general y el interventor de la Diputación, ambos funcionarios habilitados nacionales, y señala que no se presentaron recursos ni alegaciones por parte de ningún partido ni de los candidatos. En el juicio, ambos funcionarios ratificaron que todo siguió los cauces ordinarios y que no apreciaron irregularidades manifiestas. Para la fiscal, la acusación se basa en conjeturas y rumores, por lo que solicita la absolución de todos los acusados.
Varios acusados – Miguel Ángel Gallardo, Francisco Martos, Manuel Candalija, y Félix González – hicieron ayer uso de su turno de última palabra, derecho que Sánchez rechazó con un “no voy a decir nada”, para defender su inocencia y lamentarse por lo mediático del proceso, lo que a su parecer ha supuesto que las acusaciones hayan “ganado el juicio social”. Así, sobre las once de la mañana, el juez José Antonio Patrocinio declaró el juicio “concluso para sentencia”.
Queda “concluso para sentencia” el juicio a David Sánchez. Desde hace dos semanas se juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz si la Diputación creó y adaptó puestos públicos para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y a personas de su entorno. El tribunal ha escuchado a más de cuarenta testigos, las declaraciones de los acusados, la intervención de siete acusaciones populares – PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa— y a la Fiscalía.
Tras la exposición de los informes finales de las defensas de Ricardo Cabezas, diputado provincial que este lunes aseguraba no haber participado en la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz; y de Luis Carrero, amigo personal del hermano del presidente del Gobierno y adjudicatario -y único aspirante – a la plaza de “jefe de actividades transfronterizas”, un puesto que se acusa a Sánchez de haber creado y adaptado específicamente para él, el proceso ha quedado “concluso para sentencia” este martes, 9 de junio.
Una denuncia de Manos Limpias
La causa se inició en abril de 2024 con una denuncia presentada por Manos Limpias a la que se sumaron Vox y Hazte Oír/Abogados Cristianos. La denuncia señalaba que David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra, había accedido a una plaza de “Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música” en la Diputación de Badajoz, creada en 2017 bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo (PSOE); que no acudía a su puesto de trabajo y que había trasladado su residencia a Elvas (Portugal) para tributar fuera de España, aunque seguía cobrando: la documentación remitida por la Diputación acreditó que entre 2017 y 2025 percibió 340.572 euros brutos.
De acuerdo con las acusaciones, las características del puesto – ocupado por el hermano del presidente del Gobierno desde 2017 hasta su renuncia voluntaria en 2025 – se ajustaron a las de Sánchez, sin que hubiera una necesidad funcional clara y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En julio de 2024, la Guardia Civil registró la Diputación e incautó documentación relativa a la contratación y situación laboral de Sánchez. En noviembre, la jueza Beatriz Biedma imputó a Sánchez por presunta malversación y amplió la investigación a Gallardo y otras siete personas. En febrero de 2025, Sánchez renunció voluntariamente a su puesto, decisión que Manos Limpias celebró como “primer logro”. En mayo de 2025, la jueza dictó apertura de juicio oral por presunta prevaricación y tráfico de influencias y, tras rechazar los recursos de las defensas, la Audiencia Provincial confirmó el juicio en septiembre.
Un “traje a medida” para David Sánchez
Las acusaciones populares (excepto Manos Limpias) han endurecido su posición en el tramo final del proceso y han elevado su petición de penas hasta seis años de prisión para David Sánchez – el doble de lo que solicitaban inicialmente – , cuatro años para Miguel Ángel Gallardo y dos para Luis Carrero.
Según las acusaciones, la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue diseñada específicamente para él, un “traje a medida” según Manos Limpias. Sostienen que, tras su creación, el puesto se adaptó para que pudiera compatibilizarlo con otras actividades externas, algo que consideran impropio de un cargo de este tipo. También afirman que la plaza de “jefe de actividades transfronterizas”, otorgada a Luis Carrero, amigo de Sánchez, se creó para favorecerle a título particular y no por una necesidad real de la institución.
Como prueba, los abogados de las acusaciones han presentado varios correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil. En uno de ellos, David Sánchez consulta a familiares – incluido un tal “pedrosanchez1212” que podría ser el presidente del Gobierno o su padre – sobre cómo compaginar su puesto con otras actividades.
En ese intercambio, una funcionaria advierte: “No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección”. La respuesta de Sánchez es directa: “Desde mi punto de vista, dicha situación es incompatible a todas luces”. Para la acusación popular Iustitia Europa, estos correos son indicio de que la estructura administrativa se fue ajustando a las necesidades personales de Sánchez.
Frente a esta interpretación, la defensa sostiene que las consultas sobre compatibilidad son habituales y que, precisamente, las respuestas recibidas muestran que no era posible sortear la ley. Argumentan que no hay ninguna maniobra irregular en pedir información sobre las condiciones laborales y que, en ese sentido, los correos demuestran transparencia y voluntad de cumplir la normativa.
Cristina de Frutos, una de las candidatas al puesto, declaró que le avisaron por Whatsapp, antes de acudir a la entrevista, de que la plaza “era para el hermano de Pedro Sánchez”. Otro aspirante, Nerses Avakimyan, declaró que no percibió trato de favor en la selección. Funcionarios que participaron en el proceso consideran que el procedimiento y el cambio de nombre del puesto fueron poco habituales, aunque matizaron que no detectaron irregularidades formales.
El asunto del “hermanísimo”, prueba o “chascarrillo”
Un elemento clave para las acusaciones es el famoso correo con el asunto “hermanísimo”, enviado entre los directores de los conservatorios el mismo día que se publicaron las bases de la convocatoria. Para la Guardia Civil, esta coincidencia permite inferir que ya se daba por hecho quién ocuparía el puesto, al menos en el entorno de los conservatorios.
Las defensas, por su parte, insisten en que se trató de un “chascarrillo” o comentario irónico sobre los rumores que circulaban. En ese momento, era imposible conocer los nombres de los candidatos porque los plazos para inscribirse acababan de abrirse. Durante el juicio, tanto Yolanda Sánchez como Evaristo Valentí – los directores de conservatorios- negaron tener constancia de que la plaza se fuera a adjudicar de antemano y explicaron que el comentario respondía a lo llamativo que les resultaba el rumor de la posible candidatura de Sánchez.
En lo relativo al proceso administrativo, la UCO ha detectado algunas incongruencias en la documentación oficial. Por ejemplo, el informe de valoración con la puntuación más alta para Sánchez está fechado el 29 de junio, pero la adjudicación formal se realizó el 30 de junio de 2017; y la suma de puntos presentaba un error. Para las acusaciones, estos detalles, sumados a la rapidez de la resolución y a las comunicaciones internas previas al cierre del plazo de candidaturas, son indicios de que el proceso estuvo dirigido desde el principio y que el resultado ya estaba decidido.
Las defensas, en cambio, defienden que esas diferencias de fechas son habituales en la administración, ya que la valoración se realiza un día y la resolución se firma al siguiente. Sobre el error matemático, lo consideran un fallo material que no alteró el resultado, ya que Sánchez habría ganado igualmente. También consideran normal que existan correos internos entre personal de Recursos Humanos durante la tramitación del expediente y sostienen que no hay ninguna instrucción irregular en su contenido.
Para acreditar la actividad laboral de Sánchez, su abogado aportó 4.494 correos electrónicos. Las acusaciones replican que no se ha demostrado con claridad que esos correos acrediten una presencia física o un desempeño real del puesto, ya que no se detalló el contenido ni la naturaleza de esas comunicaciones. Técnicos de Personal y el interventor general declararon que la plaza era de libre designación, que Sánchez reunía los requisitos y que el procedimiento seguido fue el mismo que para otros puestos de alta dirección.
La Fiscalía respalda la versión de la defensa. Sostiene que los expedientes fueron revisados sin objeciones por el secretario general y el interventor de la Diputación, ambos funcionarios habilitados nacionales, y señala que no se presentaron recursos ni alegaciones por parte de ningún partido ni de los candidatos. En el juicio, ambos funcionarios ratificaron que todo siguió los cauces ordinarios y que no apreciaron irregularidades manifiestas. Para la fiscal, la acusación se basa en conjeturas y rumores, por lo que solicita la absolución de todos los acusados.
Varios acusados – Miguel Ángel Gallardo, Francisco Martos, Manuel Candalija, y Félix González – hicieron ayer uso de su turno de última palabra, derecho que Sánchez rechazó con un “no voy a decir nada”, para defender su inocencia y lamentarse por lo mediático del proceso, lo que a su parecer ha supuesto que las acusaciones hayan “ganado el juicio social”. Así, sobre las once de la mañana, el juez José Antonio Patrocinio declaró el juicio “concluso para sentencia”.
