De forma unánime, los jueces del juicio de los Cuadernos de las Coimas ratificaron el derecho a reservar las fuentes periodísticas y relevaron así al periodista Diego Cabot de tener que relatar en su declaración como testigo con qué empresarios se había reunido durante su investigación, tal como exigían saber una docena de abogados defensores, entre ellos el de Cristina Kirchner.
“El tribunal decidió hacer lugar a su petición de reservar la fuente”, le anunció al periodista el juez Enrique Méndez Signori, luego de una deliberación que, junto con los planteos previos, insumió casi dos de las 12 horas que duró el debate, tiempo en el que Cabot debió aguardar en un salón contiguo, incomunicado.
La decisión, de la que también formaron parte los jueces Fernando Canero y Germán Castelli, fue en línea con un fallo previo del mismo tribunal y en respuesta a un planteo empujado por la defensa del exfuncionario Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores en el circuito de pagos bajo juicio.
Méndez Signori y Canero fundamentaron en conjunto que la protección constitucional es amplia y que la información era producto de consultas realizadas en una investigación cuya reserva el periodista decidió mantener.
“Que el testigo [Cabot] haya tomado la decisión de realizar la denuncia penal en lugar de escribir una nota periodística no debilita la garantía constitucional aludida”, marcó por su parte el juez Castelli.
La puja
Amparado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto de las fuentes de información periodística, Cabot se negó a contestar una pregunta sobre sus reuniones con empresarios.
Su decisión fue objetada por la abogada de Baratta, que pidió al Tribunal que le “ordene” al periodista contestar la pregunta. Al planteo se sumaron otras 10 defensas, incluida la de la expresidenta Cristina Kirchner, que, sin oponerse de manera explícita al derecho constitucional, pretendieron que Cabot revelara quiénes fueron sus interlocutores durante la investigación.
“Las reuniones que mantuvo con personas que son investigadas en esta propia causa nunca podrían cumplir el rol de fuente”, aseveró la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta, antes de la resolución del tribunal.
“Son reuniones que tuvo con personas que ya tenía identificadas, que no le proveyeron información, en todo caso le corroboraron información que él ya tenía”, argumentó, y añadió: “La mayoría probablemente sean personas que son imputadas en esta propia causa”.
Al cruce salió la fiscal Fabiana León, que recordó un fallo previo del tribunal en favor del secreto periodístico, y también Mariano Galpern, representante de la UIF, que sostuvo: “La protección del secreto de las fuentes periodísticas no depende de que la fuente haya dado un dato nuevo decisivo, si ya lo tenía o no. La garantía protege la fuente, no la novedad del dato“.
“Se afirmó, dando un salto al vacío, que las personas con las que habló Cabot son imputados en esta causa”, marcó la fiscal León. “Carece de valor veritativo: no es posible saber si el señor Cabot habló con imputados de esta causa”, señaló.
Detrás del planteo de Baratta y de Cristina Kirchner se encolumnaron empresarios, como Gerardo Ferreyra, y otros funcionarios, como Julio De Vido o Fabián Ezequiel García Ramón, cuyo abogado sugirió que la protección periodística de las fuentes no debía “ceder” pero sí “adaptarse” al derecho de defensa de los acusados.
Otro de los argumentos escuchados ayer en la audiencia fue que no existía una manera “alternativa” para saber acerca de esas reuniones que preguntarle a Cabot.
Pero ninguno tuvo eco en el tribunal, que se apoyó en un fallo del año pasado en la causa que juzgó el financiamiento estatal de la telenovela “Mamá Corazón”, una producción que nunca llegó a emitirse, a cargo de la productora de Andrea del Boca.
La decisión del tribunal obtura la posibilidad de que el planteo surja nuevamente este jueves, cuando los que concurran como testigos sean Candela Ini y Santiago Nasra, los otros dos periodistas del diario LA NACION que participaron en la investigación del caso Cuadernos.
