El debate abierto por la reforma de la ley nacional de salud mental es, sin duda, necesario. Los datos no admiten dilaciones: más de mil millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental; en la Argentina, los suicidios han crecido desde la pandemia y la inversión pública en salud mental apenas alcanza el 1,68% del presupuesto nacional, muy lejos del 10% que la propia ley establece como objetivo.
El proyecto enviado al Congreso introduce modificaciones relevantes. Clarifica el criterio de internación involuntaria, fortalece el rol del equipo interdisciplinario y corrige plazos de difícil cumplimiento. Son avances que deben discutirse con seriedad. Sin embargo, hay un aspecto decisivo que vuelve a quedar relegado: el desarrollo efectivo de dispositivos comunitarios de rehabilitación psicosocial.
El sistema de salud mental sigue funcionando bajo una lógica incompleta: la internación frente a la crisis y el alta como punto de llegada. Entre ambos extremos se extiende un territorio desatendido: el de la recuperación. Allí se reconstruyen vínculos, se recuperan capacidades y se vuelve posible la reinserción social y laboral. Es también allí donde el sistema, en gran medida, se ausenta.
El resultado es previsible. Sin dispositivos comunitarios, la atención se vuelve reactiva: interviene en la urgencia, pero no sostiene procesos.
La “puerta giratoria” de internaciones reiteradas no es una fatalidad clínica, sino la consecuencia de no invertir en lo que ocurre después del alta. Y, en ese vacío, la carga recae nuevamente sobre las familias, que enfrentan el cuidado cotidiano sin apoyos suficientes.
La ley vigente ya había señalado el camino al proponer una red de servicios integrados en la comunidad. Pero esa definición quedó en gran medida enunciativa. El nuevo proyecto mantiene esa ambigüedad: habla de redes, pero no define con precisión sus dispositivos. La experiencia muestra que cuando no se nombran los modelos, tampoco se construyen las políticas. La evidencia internacional es clara. Existen dispositivos consolidados como residencias asistidas, hospitales de día, programas de empleo con apoyo y grupos de acompañamiento. A ellos se suma un modelo particularmente consistente: la Casaclub. Nacido en Nueva York en 1948 bajo el principio de que “no estamos solos”, el modelo Casaclub propone comunidades de trabajo compartido en las que las personas participan activamente en la gestión cotidiana. La jornada estructurada, el sentido de pertenencia y la posibilidad concreta de acceder a un empleo constituyen su núcleo. No se trata de una experiencia marginal. Presente en más de 30 países, cuenta con respaldo empírico sólido: duplica las tasas de empleo respecto del sistema público, reduce las re-hospitalizaciones y presenta costos significativamente menores. Un año de funcionamiento equivale, en términos económicos, a apenas dos semanas de internación psiquiátrica.
En la Argentina existen dos Casaclub: una en Rosario y otra en la ciudad de Buenos Aires, integradas a la comunidad global del modelo, que muestran que es posible adaptarlo a nuestro contexto con resultados consistentes. No se trata de incorporar una experiencia anecdótica, sino de reconocer modelos comunitarios con validación internacional y estándares promovidos por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Alinear la política pública con esa evidencia es una condición para que el sistema funcione. La reforma en debate ofrece una oportunidad. El Congreso puede dotar de contenido real a la noción de red comunitaria, incorporando explícitamente estos dispositivos y promoviendo su desarrollo con criterios claros, basados en evidencia y estándares internacionales.
La salud mental no se resuelve solo en la urgencia. Se construye en la vida cotidiana: en tener un lugar al que ir, una tarea que cumplir y una red que sostenga. Allí se juega la verdadera eficacia del sistema. Si la reforma no incorpora con decisión estos dispositivos, volverá a quedar a mitad de camino. La Argentina no puede darse ese lujo.
