Una organización dedicada a cometer estafas virtuales mediante falsas inversiones financieras, operaciones con criptomonedas y sociedades fantasma fue desbaratada tras una investigación que comenzó con la denuncia de una mujer de Puerto Madryn que dijo haber sido defraudada por más de $100 millones.
Al cabo de diez allanamientos simultáneos realizados en la Capital Federal y el conurbano, la Policía de Chubut, en conjunto con sus pares porteños y bonaerenses, detuvo a tres sospechosos y secuestró miles de dólares, dispositivos electrónicos y documentación considerada clave para avanzar en la causa.
Según la investigación judicial, la organización estaba integrada por dos familias que operaban de manera coordinada mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas, acciones bursátiles y supuestas empresas financieras. Para sostener el engaño, los acusados habían desarrollado una aplicación apócrifa que simulaba movimientos financieros y ganancias inexistentes para convencer a las víctimas de seguir invirtiendo dinero.
La causa ya tiene 11 imputados identificados y tuvo un importante avance semanas atrás, cuando se realizaron 21 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular la estructura principal de la banda, según informó Cadena 3.
En aquel operativo inicial, los investigadores secuestraron más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales, además de vehículos, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos utilizados en las maniobras fraudulentas.
La primera denuncia
La investigación comenzó formalmente en 2023 a partir de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, Chubut, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos luego de ser captada por los acusados mediante supuestas oportunidades financieras de alta rentabilidad.
De acuerdo con el expediente, durante el primer mes la víctima recibió aparentes ganancias económicas que reforzaron la credibilidad del esquema. Sin embargo, cuando intentó recuperar el resto del dinero invertido, comenzaron las excusas y las demoras.
Los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar la imposibilidad de realizar transferencias o devoluciones, mientras la aplicación ficticia continuaba mostrando movimientos financieros simulados y rendimientos irreales para sostener la estafa.
Con el avance de las tareas investigativas, los detectives lograron reconstruir el funcionamiento interno de la organización y detectar distintos domicilios vinculados a los sospechosos.
Los nuevos allanamientos en territorio bonaerense fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.
De los diez procedimientos realizados en esta nueva etapa, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los otros dos tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en el Gran Buenos Aires.
Durante los operativos quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos responsables de las maniobras fraudulentas, que se sumaron a los ocho imputados en la primera etapa de la investigación.
Además, los investigadores secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido y 6036 dólares.
Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la policía bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Desde el inicio de la causa trabajaron de manera conjunta distintas áreas especializadas en ciberdelito, entre ellas, la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.
Para los investigadores, la organización había montado una estructura sofisticada destinada a captar víctimas mediante falsas inversiones digitales y operaciones bursátiles simuladas, aprovechando el crecimiento del mercado de criptomonedas y la dificultad de rastrear ciertas transacciones financieras.
Ahora la Justicia busca determinar la magnitud total de la maniobra defraudatoria, identificar nuevas víctimas y establecer si existen más integrantes vinculados a la organización criminal.
