A través de un comunicado difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Gobierno negó tener responsabilidad en el desfinanciamiento de programas alimentarios escolares de la provincia de Buenos Aires y aseguró que no mantiene deuda con esa jurisdicción.
El texto se publicó luego versiones que indicaban que el gobierno bonaerense estaba evaluando interrumpir el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en el marco de revisiones sobre el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que dependen del Ministerio de Desarrollo de La Comunidad a cargo de Andrés Larroque.
El Ministerio planteó que no tiene “responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales” y precisó que el SAE es “un programa de gestión y responsabilidad provincial”, por lo que la ejecución y sostenimiento dependen de la administración bonaerense.
Sin embargo, en el comunicado se detalló que el Gobierno realiza un aporte parcial al financiamiento de estos esquemas: “Un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires”. Pero remarcaron que “el 80% restante es obligación provincial”.
En esa línea, la cartera encabezada por Pettovello rechazó los cuestionamientos sobre eventuales deudas y afirmó que “el Gobierno no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”. De esta manera, el organismo buscó despejar planteos vinculados a posibles incumplimientos en las transferencias de fondos, en el marco de los reclamos que el gobernador Axel Kicillof realizará ante la Corte por una deuda de Anses.
Asimismo, el Ministerio cuestionó que se le atribuya responsabilidad por la situación de los programas alimentarios: “Se rechaza el intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.
En paralelo, el comunicado incluyó referencias al gasto en políticas educativas impulsadas a nivel nacional. Según consignó la cartera, el presupuesto destinado a iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa registró un incremento del 72% entre 2025 y 2026, al pasar de $345.319 millones a $594.841 millones.
Dentro de ese esquema, el ministerio mencionó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, el Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida como ejes de intervención. En ese marco, la cartera sostuvo que el aumento de recursos asignados a estas iniciativas “refleja el compromiso de esta cartera con el desarrollo del capital humano de niños y adolescentes”.
Este comunicado se conoció en la misma jornada en la que el intendente peronista -en uso de licencia- y senador bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un duro texto en el que sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene “la obligación jurídica de intervenir” ante la “imperante crisis social” que atraviesa el territorio.
Para el legislador, lo que hay es una “profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires”. Y, entre críticas a Javier Milei, metió cuestionamientos por la falta de una decisión política de intervenir en el asunto. “El acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, escribió. Y agregó: “Con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales”.