En Nueva York: la gobernadora anuncia nuevas leyes contra el ICE que podrían favorecer a los migrantes

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un paquete de nuevas leyes incluidas en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027, con el objetivo de limitar la participación de organismos estatales y locales en acciones de control migratorio civil impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hochul impulsa nuevas restricciones a la colaboración con el ICE

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora, las nuevas disposiciones fueron diseñadas para responder a lo que la administración estatal considera un incremento de las acciones agresivas de control migratorio por parte del gobierno federal.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Durante un encuentro con organizaciones de defensa de inmigrantes, líderes religiosos, educadores y residentes afectados por operativos migratorios, Hochul defendió el alcance de las reformas. “Hoy me reuní con neoyorquinos que fueron impactados por las acciones crueles y peligrosas del ICE. Este exceso es inaceptable y nunca será tolerado en este estado”, afirmó la mandataria.

Según sostuvo, las nuevas normas establecen límites a la actuación de las autoridades migratorias y buscan proteger tanto a las comunidades como a los derechos constitucionales de todos los residentes del estado.

La ley “Local Cops, Local Crimes” en Nueva York

Una de las piezas centrales del paquete es la denominada “Local Cops, Local Crimes Act”. Según explicó la oficina de Hochul, la norma prohíbe que gobiernos locales, departamentos policiales estatales y municipales, así como instituciones correccionales, celebren acuerdos conocidos como 287(g) o convenios similares con el gobierno federal.

Estos acuerdos permiten que agentes locales colaboren directamente en tareas de aplicación de leyes migratorias civiles. Con la nueva legislación, las fuerzas de seguridad estatales y locales deberán concentrar sus recursos en la prevención e investigación de delitos dentro de sus jurisdicciones.

La medida también impide que gobiernos locales financien o colaboren en la construcción, propiedad u operación de centros de detención migratoria. Asimismo, restringe cambios de zonificación destinados a facilitar la construcción de este tipo de instalaciones sin la participación previa de la comunidad.

La norma Local Cops, Local Crimes Act prohíbe terminantemente que las policías municipales y las agencias correccionales firmen los acuerdos de colaboración 287(g) con el gobierno federal

Nueva ley en Nueva York: prohibición de máscaras para agentes de seguridad

Otra de las reformas incluidas en el presupuesto establece que funcionarios policiales estatales, locales y federales no podrán utilizar coberturas faciales durante interacciones con el público.

La prohibición contempla excepciones para equipamiento táctico necesario, gafas de sol y mascarillas utilizadas por motivos médicos.

La legislación prevé sanciones para quienes incumplan deliberadamente la norma. Una primera infracción será considerada una falta, mientras que reincidir de manera intencional podrá derivar en cargos de carácter penal.

Nuevos mecanismos para demandar a funcionarios federales en Nueva York

Otro aspecto relevante del paquete legislativo amplía las posibilidades de iniciar acciones judiciales por presuntas violaciones de derechos constitucionales.

Según el comunicado oficial, actualmente los residentes pueden demandar a funcionarios estatales y locales bajo la legislación federal de derechos civiles, pero las herramientas legales para reclamar contra agentes federales son mucho más limitadas.

Con la nueva normativa estatal, los habitantes de Nueva York podrán presentar demandas contra funcionarios cuando consideren que se vulneraron derechos protegidos por la Constitución.

El objetivo, de acuerdo con la administración estatal, es aumentar la rendición de cuentas de todas las autoridades gubernamentales sin importar el nivel de gobierno al que pertenezcan.

Una nueva vía legal permitirá a los residentes del estado demandar formalmente a oficiales federales ante los tribunales locales por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales

Protección de los migrantes en escuelas y organismos públicos

Según la información difundida por la oficina de Hochul, las agencias civiles estatales y locales, así como los sistemas escolares públicos, no podrán destinar tiempo de sus empleados ni recursos institucionales a tareas vinculadas con la aplicación de leyes migratorias civiles.

Entre las disposiciones incluidas se destacan:

  • Prohibición de investigar o interrogar personas únicamente por razones migratorias, salvo que exista una orden judicial federal o una obligación legal específica.
  • Restricciones para compartir información personal identificable con autoridades migratorias.
  • Impedimento para permitir el acceso de agentes migratorios a áreas no públicas de instalaciones estatales y municipales sin una orden judicial.
  • Prohibición de utilizar agentes de inmigración como intérpretes.
  • Restricciones para transferir estudiantes a custodia migratoria incluso cuando uno de sus padres haya sido detenido, salvo que exista una orden judicial o mandato de un tribunal.

Nueva York: espacios sensibles protegidos frente a operativos migratorios

Otro de los cambios anunciados se refiere a la protección de los llamados lugares sensibles. La legislación establece que empleados estatales, municipales y escolares no podrán permitir el ingreso de autoridades migratorias a áreas no públicas de instalaciones administradas por el Estado sin una orden judicial.

La protección alcanza a numerosos espacios de uso comunitario, entre ellos:

  • Hospitales.
  • Escuelas y universidades.
  • Guarderías y centros preescolares.
  • Viviendas administradas por organismos públicos.
  • Parques.
  • Centros comunitarios.
  • Refugios.
  • Instalaciones sanitarias.

Garantías para estudiantes inmigrantes en Nueva York

La nueva legislación protege el derecho de todos los estudiantes a acceder a una educación pública gratuita independientemente de su situación migratoria.

Además, limita prácticas relacionadas con la recopilación y divulgación de información sobre el estatus migratorio de los alumnos cuando estas puedan desalentar su asistencia o participación en el sistema educativo.

De acuerdo con la oficina de la gobernadora, el objetivo es asegurar que ningún estudiante deje de ejercer su derecho a la educación por temor a consecuencias migratorias para sí mismo o para su familia.

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