A un año del inicio de la causa por fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA, el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, resolvió ampliar el procesamiento de los responsables, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. A las 20 víctimas fatales incluidas en el procesamiento anterior, se suman ahora otros 70 fallecidos y 44 pacientes que “cumplen con los parámetros establecidos en la definición judicial de caso confirmado”.
Se incorporan de este modo víctimas en quienes la infección con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, como consecuencia de la aplicación de la medicación contaminada, “contribuyó al daño” en su salud. Se tuvieron en cuenta lesiones “gravísimas” en por lo menos dos casos, “graves” en 41 casos y “leves” en al menos uno.
No obstante, “la cifra real de casos” es aún más alta, de acuerdo con lo que reconoció el propio juzgado. La diferencia está en la cantidad que lograron verificar y la que no fue posible constatar con la información reconstruida judicialmente.
Ante la falta de trazabilidad de los lotes contaminados, el juzgado sumó ahora una nueva metodología para identificar a las víctimas, dado que no en todos los casos se disponía de muestras (material biológico) para realizar la secuenciación genética –como sí ocurrió con los primeros 20 casos– que permita confirmar o descartar su asociación al brote.
A los casos confirmados –aquel paciente que, habiendo recibido fentanilo HLB dio positivo al análisis para la detección de las bacterias con posterioridad a su internación–, se agregaron los casos por “criterio de dosis suficiente”, según explica el procesamiento al que accedió LA NACION. Eso incluye a los pacientes a los que se les había suministrado “cinco o más ampollas del fármaco”, de acuerdo con esa definición de mínima cantidad de medicamento necesario para provocar la infección que agravó los cuadros.
Hay casos citados en el escrito judicial de la administración de incluso más de 400 ampollas durante la internación, más allá de la cantidad de días hasta el alta o el fallecimiento.
También, a partir de las declaraciones que prestaron profesionales, el juzgado determinó que los pacientes que habían quedado más expuestos a los patógenos fueron los que recibian asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva por la alta cantidad de fentanilo administrada.
El rol de la Anmat
El documento también ahonda en el recupero judicial de las ampollas de fentanilo contaminado que no habían sido utilizadas. Para eso, dadas las “las incapacidades de los organismos de control en la materia», el equipo a cargo de Kreplak debió construir un método que permitiera reconstruir el circuito. Actualmente, ese material recuperado está en poder de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
“La tarea que, según normativa, corresponde realizar a los responsables de los laboratorios y que, según informó en su momento la autoridad de aplicación -Anmat- le resultaba operativamente imposible de realizar, fue ejecutada por este juzgado”, remarca.
Los familiares de las víctimas también difundieron hoy un comunicado en el que reflexionan sobre las “profundas debilidades institucionales que el caos dejó expuestas” y sobre las reformas necesarias para evitar que vuelva a suceder.
“Mientras los casos aumentaban y el daño se expandía, la Justicia tuvo que enfrentar presiones mediáticas y fuertes cuestionamientos públicos durante la investigación. Paralelamente a determinar causas y responsabilidades, el juzgado debió intervenir para realizar tareas que el propio sistema sanitario no lograba resolver ni responder”, consideraron.
Y sumaron: “La tragedia del fentanilo adulterado no expuso únicamente la contaminación de un medicamento con bacterias letales. También dejó al descubierto las profundas debilidades de un sistema sanitario fragmentado, sin trazabilidad efectiva, con controles insuficientes y enormes dificultades para reaccionar coordinadamente frente a una emergencia epidemiológica de alcance nacional”.
Los 13 procesados
Los 13 procesados en la causa FLP 17371/2025, vinculada a la contaminación de fentanilo en los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA, son los hermanos García Furfaro –Ariel Fernando y Diego Hernán, como propietarios del laboratorio–; su madre, Nilda Furfaro, vicepresidente y accionista de la firma HLB Pharma Group SA; los directores de los laboratorios, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, y los responsables de calidad: María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay.
También forman parte de la lista Edgardo Gerardo, Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk, quienes estaban a cargo de la producción. Todos han sido procesados por el delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 90 personas y lesiones en otras 44, bajo la figura de coautoría funcional, exceptuando a Nilda Furfaro, considerada partícipe necesaria.
A principio de abril, la defensa de Tchukrán solicitó su inmediata libertad o medidas alternativas como prohibición de salida del país o implementación de monitoreo electrónico, según pudo saber LA NACION. Hoy, Kreplak confirmó la ampliación del procesamiento con prisión preventiva para él y los demás imputados. Otra presentación fue la de defensa de Diego García y Nilda Furfaro para recusar al magistrado por “falta de imparcialidad” conta los imputados, pendiente aún de resolución.
La ampliación del proceso contempla también mantener la inhibición general y embargo sobre los bienes de los imputados “como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales”.
