El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un paquete de seis leyes vinculadas a infraestructura, servicios públicos, planificación urbana y controles administrativos. Cinco de las medidas comenzarán a aplicarse desde julio, mientras que una ya se encuentra vigente.
Nuevas reglas para centros de datos y tarifas eléctricas en Florida
Una de las principales medidas es la SB 484, enfocada en la operación de centros de datos de gran escala. La ley impide que las compañías eléctricas trasladen a usuarios residenciales y pequeños negocios los costos derivados de infraestructura y consumo energético de estas instalaciones.
La normativa también restringe el suministro de servicios públicos a centros de datos vinculados con países considerados de preocupación para Estados Unidos. A su vez, habilita a municipios y comunidades locales a fijar estándares adicionales sobre este tipo de proyectos.
El objetivo es evitar que el crecimiento de la demanda tecnológica impacte en las tarifas de hogares y comercios pequeños, especialmente en zonas donde aumentó la instalación de infraestructura digital. Esta normativa entrará en vigor el 1° de julio.
Florida eliminará permisos para ciertas reparaciones y obras menores desde julio
La HB 803 incorporará a partir de julio modificaciones en trámites de construcción y renovación de propiedades. Entre otras medidas, eliminará la necesidad de permisos para determinados trabajos menores en viviendas unifamiliares cuando el valor de la obra sea inferior a US$7500.
La exención no se aplicará a tareas estructurales ni a trabajos eléctricos, hidráulicos o realizados en áreas con riesgo de inundación. La ley también eliminará requisitos para instalar barreras temporales de protección contra huracanes o inundaciones, siempre que cumplan con especificaciones técnicas.
Otro de los puntos limitará la capacidad de asociaciones de propietarios para exigir permisos gubernamentales previos antes de revisar mejoras o estructuras en propiedades privadas. Además, establecerá que ciertos permisos de construcción expirarán un año después de su emisión o en la fecha de efectividad de la próxima edición del Código de Edificación de Florida, lo que ocurra más tarde.
Nuevas normas de Florida cambian requisitos para sistemas sépticos y drenaje urbano
La HB 589 ya entró en vigor tras la firma del gobernador el 6 de mayo. La ley establece que los gobiernos locales no podrán exigir la aprobación final de sistemas sépticos como condición previa para otorgar permisos de construcción o plomería en viviendas unifamiliares.
En esos casos, los propietarios o desarrolladores solo deberán presentar comprobantes que acrediten que el trámite correspondiente para el sistema de tratamiento de aguas residuales ya fue iniciado.
Por otro lado, la SB 848 introduce cambios en permisos ambientales relacionados con aguas pluviales. La medida permite aplicar tratamientos compensatorios cuando las condiciones ambientales del área impidan cumplir con estándares tradicionales de calidad del agua.
Florida impondrá nuevos controles financieros y cambios administrativos para constructoras y aseguradoras
La HB 927 obligará a determinados municipios y condados a crear registros de contratistas habilitados para revisar proyectos antes de la presentación formal de permisos y planos. Según la norma, este sistema permitirá detectar observaciones técnicas de manera anticipada y reducir tiempos administrativos en proyectos inmobiliarios y comerciales. También establecerá plazos de respuesta para autoridades locales en determinadas etapas del proceso.
En paralelo, la HB 271 modificará las reglas para aseguradoras extranjeras de fianzas que operan en Florida. A partir de la nueva legislación que entrará en vigor el 1° de julio, esas compañías deberán cumplir con los mismos requisitos de información financiera y reportes que las aseguradoras nacionales.
Las medidas forman parte de una agenda estatal enfocada en infraestructura, construcción, administración pública y regulación de servicios vinculados con el crecimiento tecnológico y urbano del estado. Los cambios tendrán impacto sobre residentes, propietarios, constructoras, pequeñas empresas y compañías de servicios públicos que operan en Florida.
