Decir, escribir o revelar algo que incomode al Presidente, ¿implica el riesgo de sufrir una represalia del gobierno? La sola duda provoca escozor. Sin embargo, se ha instalado en la Argentina una pregunta todavía más inquietante: ¿también quedan expuestos a una venganza del poder los hijos, los cuñados, los sobrinos o cualquier otro familiar de esa persona que haya criticado o investigado al oficialismo, o que simplemente haya discrepado de él? Un episodio de los últimos días, que se suma a otros ya conocidos, parecería confirmar que la Casa Rosada es capaz de ejecutar, con rampante arbitrariedad, actos de persecución por “portación de parentesco”. Se trata de un asunto delicado, que no solo afecta la calidad institucional: es el Estado metiéndose con las familias.
El último caso es escalofriante y revelador: una candidata a jueza pasó todas las instancias de un concurso, defendió con solvencia su postulación ante el Senado y fue propuesta por el Poder Ejecutivo, al cabo de un riguroso proceso de selección, para ocupar un tribunal federal en La Plata. Sin embargo, cuando el pliego ya había sido enviado, alguien le susurra un dato al Presidente: la candidata, María Verónica Michelli, es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, a quien el Gobierno ha ubicado en una lista de “enemigos” por sus investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La orden, entonces, es fulminante: “retiren el pliego”; algo que no es tan fácil de concretar, porque ya había sido avalado por la Comisión de Acuerdos.
El caso tiene antecedentes aún más expeditivos. En el inicio de la gestión libertaria, el titular de la AnSes, Osvaldo Giordano, fue echado del cargo por el hecho de que su mujer, que ocupaba una banca de diputada nacional por Córdoba, había votado en disidencia un artículo de la ley bases. Lo mismo le ocurrió después a la hija de Domingo Cavallo: le pidieron la renuncia como embajadora ante la OEA por las críticas que había formulado su padre a la política económica. La serie confirma que no son simples arrebatos, sino que se trata de un método. El objetivo es claro: disciplinar y alinear; instalar en la escena pública la idea de que la independencia tiene un precio, y que el poder se lo puede cobrar a un familiar. ¿Hay algo más alejado de la cultura republicana y del Estado de Derecho? ¿Hay algo más contradictorio con la filosofía liberal de la autonomía del individuo?
En principio, el criterio aplicado por el gobierno contradice abiertamente el discurso que reivindica el mérito como mecanismo de incorporación y de ascenso en el Estado. Parecen regir, en cambio, patrones tan arbitrarios como la afinidad personal, la “pureza” del árbol genealógico y la condescendencia con la cúpula oficialista. Lo que importa no son las condiciones morales y profesionales de un funcionario o de un candidato a juez, sino el disciplinamiento propio y de su entorno familiar. La amistad vale más que la idoneidad.
Todo remite a una práctica autoritaria, pero a la vez primitiva: castigar a alguien por lo que hizo o dejó de hacer otra persona es una aberración jurídica que atenta, incluso, contra los principios básicos de la convivencia. Es también un mecanismo oscuro, cuyas verdaderas razones se dejan saber, pero resultan públicamente inconfesables. Son procedimientos que, en su lógica y su espíritu, se asocian a la cultura del mensaje mafioso.
Aquellos vicios que denunciaba el oficialismo como parte de “la casta”, desde el clientelismo y el nepotismo, hasta el acomodo y el favoritismo para colonizar el Estado, son reciclados con nuevas metodologías: si antes se premiaba por afinidad, ahora se castiga por parentesco. En las dos situaciones, las condiciones objetivas de la persona no cuentan. El mérito, como la ética, pasan a ser meros enunciados retóricos.
Son procedimientos que, en su lógica y su espíritu, se asocian a la cultura del mensaje mafioso.
La cuestión tiene que ver con valores intangibles, pero esenciales, como son la calidad institucional, la transparencia en los procedimientos públicos y los criterios objetivos con los que se accede a cargos judiciales, diplomáticos o de la administración. También se vincula con el respeto a la libertad de prensa, porque en el caso de la candidata a jueza hay un claro mensaje a los periodistas de investigación: “cuidado con lo que hacen: le podemos cortar la carrera a un familiar de ustedes”. Esconde, sin ninguna sutileza, la mecánica de un apriete. Busca fomentar una atmósfera en la que se imponga la autocensura. Habilita, además, un clima degradante de señalamiento insidioso: así como alguien le llevó al Presidente el dato del parentesco “comprometedor” de una candidata a jueza, muchos se sienten tentados de agradar al poder con información de ese tipo. Cuando la cultura política tiende a enviciarse, la obsecuencia cotiza en alta.
Detrás de lo que parece un debate puramente institucional aparece, sin embargo, un peligro concreto para el ciudadano común. Cuando desde el poder se rompe la garantía de ecuanimidad, y se entra en la lógica de la represalia, es difícil saber hasta dónde puede llegar. ¿Cuál será el próximo castigo de un Estado que ejecuta venganzas personales? ¿Echarán a un empleado público porque su padre o su hijo escribieron una crítica al Gobierno en Facebook? ¿Le quitarán una beca o un subsidio a alguien porque su tío denunció a un ministro o participó de una marcha de protesta? No son preguntas meramente hipotéticas y, mucho menos, descabelladas: se hacen inevitables al observar prácticas del oficialismo basadas en la pura arbitrariedad. Las personas no son juzgadas por lo que son ni por lo que hacen, sino por sus lazos familiares. Ya no se trata de una simple decisión caprichosa, sino de no reconocer ninguna regla objetiva por encima de la voluntad del que manda. Se rompe, así, un pacto cultural y de convivencia: los procedimientos no existen, el mérito tampoco, la ética entra en una zona difusa y resbaladiza. Lo único que vale es la decisión imperial del que ostenta el poder. Un gobierno que vive patrullando las redes, puede detectar “enemigos” en cualquier posteo. Y si aplica la represalia hacia arriba (jueces, embajadores, funcionarios) ¿por qué no lo haría hacia abajo? No hace falta que les pase a muchos. Basta con que cualquiera sienta que le puede pasar.
Una pregunta central empieza a dominar el debate: ¿habrá una reacción institucional y ciudadana frente a la arbitrariedad del Estado? Hay motivos para la esperanza: en el Senado, hasta los propios aliados del oficialismo parecen dispuestos a sostener el pliego que el Ejecutivo quiere retirar por “pecado familiar”. Hay cierta perplejidad por la audacia de una decisión que expone, como pocas veces, un abuso de poder. Desde la sociedad civil, mientras tanto, empiezan a alzarse voces firmes. La asociación Será Justicia alertó ayer sobre “la afectación de la independencia del Poder Judicial y el ataque a la prensa” detrás de esta maniobra. Abogados de la matrícula han impulsado una denuncia penal por el mismo caso. La “cuestión institucional” tiende a verse, muchas veces, como una preocupación minoritaria y “de nicho”. Tal vez lo sea. Sin embargo, buena parte de la sociedad argentina ha demostrado sensibilidad frente a decisiones que pueden parecer lejanas, pero que tocan fibras sensibles de nuestro sistema de convivencia democrática.
Acá no solo está en juego la designación de una jueza, que no es poco. Lo que se discute, en el fondo, son los límites del poder para actuar frente al individuo. ¿Nos dejamos atropellar o defendemos las reglas? ¿Veremos actos de sumisión o una sana rebeldía frente a los arrebatos del poder? Es casi una discusión de dignidad ciudadana. Si gana la arbitrariedad, la libertad retrocede.
