El reporte de la Jefatura de Gabinete presentado ayer en el Congreso avivó una tensión que, durante meses, se había mantenido en voz más baja. El ajuste generalizado en ciencia y técnica se evidenció en los números actualizados incluidos en el informe. Los profesionales del sector consultados no solo muestran preocupación por la caída presupuestaria, sino también por la subejecución de fondos, cuatro de ellos provenientes de la banca multilateral: dos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Desde hace más de dos años se denuncia la degradación del sistema científico en general, aunque el énfasis suele ponerse en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (I+D+i).
La inversión del Tesoro en ciencia y técnica cayó casi un 50%, lo que se tradujo en experimentos detenidos, escasez de materiales y una marcada reducción de técnicos, científicos y aspirantes a serlo. Una de las áreas más afectadas es la Agencia I+D+i, cuya inversión para 2025 se redujo un 78% respecto de 2023. Esta oficina, creada durante la presidencia de Carlos Menem, administra tres fondos financiados principalmente por préstamos y donaciones internacionales, además de aportes estatales menores. Los recursos se distribuían en alrededor de 100 convocatorias, aunque la mayoría solía canalizarse a través de los “Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica” (PICT). Estos proyectos financiaban la ciencia básica, dedicada a explicar la realidad, sin una utilidad premeditada ni otro objetivo. Según distintas voces del sector, esto llegó a su término con la administración libertaria.
Sin embargo, desde el Gobierno la lectura es completamente distinta. Plantean que se trata de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo científico con orientación productiva. El Poder Ejecutivo abrió en diciembre pasado convocatorias para dos nuevas modalidades de financiamiento. La primera es el Apoyo a la Investigación Científica (AIC). Este programa cuenta con US$10 millones y cada proyecto recibirá hasta el equivalente en pesos de US$200.000, de los cuales el 80% será aportado por la Agencia I+D+i y el 20% por la empresa o institución beneficiada.
También se lanzó la convocatoria START UP 2025, orientada a emprendimientos tecnológicos de base científica con potencial productivo. Se divide en tres categorías según el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL), que indica el grado de avance de los proyectos. En total, se destinaron US$11 millones a estas tres líneas. El financiamiento proviene de uno de los acuerdos con el BID, que hasta este año tenía disponibles US$109.469.991 para ejecutar, según el informe presentado ante el Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en 2024.
Según reveló ayer la presentación de Adorni en el Congreso, desde el año pasado hasta ahora se desembolsaron solo $4.845.948,53 de ese crédito, pero no se ha abierto ningún proyecto ni en AIC ni en START UP. Tampoco se han admitido postulantes.
Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sicyt) explicaron que las convocatorias ya se prorrogaron dos veces y siguen sin cerrar. Esto se debe, agregaron, a que varias empresas –que serán las que harán convenios con los científicos– pidieron dilatar el cierre, ya que desde diciembre se presentó un gran caudal de aplicantes. “Fueron más de los que esperábamos en esta primera etapa”, señalaron.
Agustín Ormazábal, becario postdoctoral en biotecnología de la Agencia I+D+i, supone que los fondos desembolsados se utilizaron para pagar parte de los remanentes de los PICT aún vigentes. “Escuché de algunos proyectos a los que les dieron una parte del dinero que debían. Pero a muchos no les dieron nada”, afirmó. Desde la Sicyt no dieron respuesta sobre este punto.
A pesar de que el Gobierno afirma apuntar a una reorientación del sector hacia actividades productivas que hoy muestran dinamismo, la sensación de recorte persiste. La palabra “motosierra” ya no se menciona, pero sus efectos aparecen de forma reiterada entre los profesionales consultados. Para ellos, la ciencia básica dejará de existir y eso se expresa en distintas dinámicas.
“A nuestro programa se le prohibió ejecutar los fondos que nos quedaban del gobierno anterior mediante distintas estrategias”, denunció Rolando González José, coordinador del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina. “No atendían llamados ni notas, ni aceptaban reuniones. Y nosotros necesitamos la firma de las autoridades para aprobar el presupuesto. Si necesitamos, por ejemplo, heladeras, necesitamos una firma”, agregó.
Si se analizan otros números brindados ayer por Manuel Adorni, revelan que la cantidad de becarios cayó de 1208 a 609 desde 2024. Según el informe del jefe de Gabinete y la Sicyt, esto se debe a que varios culminaron sus programas, pero en el sector científico cuestionan la falta de nuevas posiciones. En la última prórroga se estableció que el cierre de las convocatorias será el 21 de mayo de este año.
Los nuevos proyectos podrían implicar un aumento de becarios que, según González José, no se dedicarán a la ciencia básica. “La creación de nuevos circuitos tecnológicos no funciona. El sistema comienza con la investigación básica, que es lo fundamental. Si se desfinancia la base, se desfinancia todo”, agregó.
