La Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla” de Mar del Plata sancionó a la familia de un estudiante tras identificar que es la persona responsable de una amenaza de bomba que provocó la suspensión de clases el pasado miércoles 22 de abril. El establecimiento educativo, ubicado en el barrio Don Bosco, coordinó con la justicia medidas contra los padres del autor de la llamada, quienes deberán pagar $3.000.000 por los gastos del operativo policial.
La fiscal Florencia Salas dirigió la investigación que permitió identificar el número telefónico desde el cual partió la amenaza y ordenó un allanamiento en el domicilio del implicado. Según informó el medio local 0223, además del pago por el despliegue de las fuerzas de seguridad, las autoridades retirarán al grupo familiar el beneficio social que recibían.
El comité de dirección de la institución resolvió cambios drásticos en las normas de ingreso para todos los estudiantes: prohibió el uso de mochilas y teléfonos celulares dentro del establecimiento para evitar nuevos riesgos.
Según informó el colegio, los alumnos también deberán ir ahora con su carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña en la mano o dentro de una bolsa transparente.
Además, las autoridades escolares emitieron un comunicado en el que informan que dispusieron una jornada de convivencia obligatoria para el jueves 23 de abril, para “sostener a la escuela como un territorio de paz”.
El incidente ya es el segundo episodio de estas características en la ciudad en menos de una semana, luego de una situación similar ocurrida en la Escuela Secundaria Técnica Nº 12. La institución, ubicada en la calle San Luis al 1400, fue evacuada por una pintada en un baño, hasta que la Brigada de Explosivos comprobó que no había ningún artefacto peligroso.
Un problema generalizado y las medidas del gobierno provincial
El gobierno bonaerense envió la semana pasada un documento específico a las escuelas de la provincia con pautas de intervención frente a amenazas de tiroteos o detección de armas de fuego. Este procedimiento establece que el personal debe actuar con celeridad para priorizar la integridad de la comunidad y fija una cadena de comunicación inmediata entre directivos, inspectores y autoridades regionales.
Según el instructivo, ante la aparición de mensajes amenazantes en soportes físicos o digitales, la dirección de cada escuela debe radicar la denuncia ante la fiscalía para iniciar la investigación penal. En caso de que un alumno exhiba un arma, los adultos deben tratar el objeto como si estuviera cargado y dialogar con el estudiante para mantener la calma hasta que llegue la policía.
Finalmente, una vez superada la emergencia, las instituciones tienen que planificar intervenciones socioeducativas y fortalecer los acuerdos de convivencia para abordar el conflicto de manera integral.
