La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de su Cámara de la Industria de Alimentos, expresó su preocupación frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que busca derogar la Resolución 810 de 2021 e implementar un nuevo marco normativo de etiquetado frontal y nutricional.
Según el comunicado emitido por el gremio, la iniciativa plantea cambios que, de acuerdo con su análisis, no contemplan el impacto en la industria ni están sustentados en evidencia científica suficiente.
La Cámara señaló que el sector está conformado por 51.200 empresas, de las cuales el 98,5% corresponde a micro, pequeñas y medianas compañías, lo que implicaría efectos directos en el funcionamiento de estas unidades productivas y en el empleo asociado.
Falta de concertación y sustento técnico
La Cámara de la Industria de Alimentos indicó que uno de los principales cuestionamientos al proyecto es la ausencia de respuesta por parte del ministerio frente a la solicitud de establecer mesas de trabajo que permitan evaluar de manera conjunta los efectos de la medida. De acuerdo con el gremio, esta situación limita el análisis técnico y la construcción participativa de la regulación.
El documento también advierte sobre la falta de evidencia científica que respalde los cambios propuestos, así como la ausencia de un análisis integral sobre sus consecuencias. En ese sentido, el gremio sostuvo que la propuesta podría generar inestabilidad jurídica y técnica en el sector.
Asimismo, la Andi señaló que el proyecto podría constituir un obstáculo técnico al comercio, al no cumplir —según su evaluación— con los requisitos exigidos por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.
Cambios en etiquetado y nuevas exigencias
Entre los puntos señalados como críticos por la Cámara se encuentran modificaciones estructurales al sistema actual. El proyecto propone la creación de una definición de “ultraprocesados” que, según el gremio, no existe en otras regulaciones internacionales, así como la inclusión obligatoria de una advertencia específica para productos que contengan determinados aditivos.
También se contempla la implementación de microsellos para empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a que estos están contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius. Adicionalmente, se plantean cambios en las reglas visuales de las tablas nutricionales y se amplían las restricciones para declaraciones en salud en productos que cuenten con sellos de advertencia.
Otro aspecto señalado es el plazo de transición propuesto, de seis meses tras la publicación en el Diario Oficial. Según la Cámara, este periodo resultaría insuficiente debido a que las empresas tendrían que rediseñar la totalidad de sus etiquetas, gestionar trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y realizar procesos de impresión y ajuste logístico.
El gremio afirmó que estas exigencias implicarían cargas técnicas y económicas adicionales para las compañías del sector, lo que podría afectar la producción y el abastecimiento de alimentos.
Señalamientos sobre regulación vigente y llamado al sector
La Andi recordó que Colombia ya cuenta con un modelo de etiquetado frontal vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores en 2022 y 2023. En ese contexto, indicó que el nuevo proyecto se presenta sin que se haya realizado una evaluación ex post del marco normativo actual, como lo exige la normativa colombiana.
Según el comunicado, esta situación estaría en contravía de disposiciones contenidas en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1468 de 2020, así como de las prácticas regulatorias promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, Camilo Montes, afirmó: “Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como éste. Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia; ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas. Esta medida afectará a la industria de alimentos, y generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos”.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado a los actores del sector, incluyendo empresas, comercializadores, importadores, académicos y científicos, para que revisen el borrador de la resolución y presenten sus comentarios directamente al Ministerio de Salud antes del 6 de mayo, fecha establecida para la recepción de observaciones.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de su Cámara de la Industria de Alimentos, expresó su preocupación frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que busca derogar la Resolución 810 de 2021 e implementar un nuevo marco normativo de etiquetado frontal y nutricional.
Según el comunicado emitido por el gremio, la iniciativa plantea cambios que, de acuerdo con su análisis, no contemplan el impacto en la industria ni están sustentados en evidencia científica suficiente.
La Cámara señaló que el sector está conformado por 51.200 empresas, de las cuales el 98,5% corresponde a micro, pequeñas y medianas compañías, lo que implicaría efectos directos en el funcionamiento de estas unidades productivas y en el empleo asociado.
Falta de concertación y sustento técnico
La Cámara de la Industria de Alimentos indicó que uno de los principales cuestionamientos al proyecto es la ausencia de respuesta por parte del ministerio frente a la solicitud de establecer mesas de trabajo que permitan evaluar de manera conjunta los efectos de la medida. De acuerdo con el gremio, esta situación limita el análisis técnico y la construcción participativa de la regulación.
El documento también advierte sobre la falta de evidencia científica que respalde los cambios propuestos, así como la ausencia de un análisis integral sobre sus consecuencias. En ese sentido, el gremio sostuvo que la propuesta podría generar inestabilidad jurídica y técnica en el sector.
Asimismo, la Andi señaló que el proyecto podría constituir un obstáculo técnico al comercio, al no cumplir —según su evaluación— con los requisitos exigidos por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.
Cambios en etiquetado y nuevas exigencias
Entre los puntos señalados como críticos por la Cámara se encuentran modificaciones estructurales al sistema actual. El proyecto propone la creación de una definición de “ultraprocesados” que, según el gremio, no existe en otras regulaciones internacionales, así como la inclusión obligatoria de una advertencia específica para productos que contengan determinados aditivos.
También se contempla la implementación de microsellos para empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a que estos están contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius. Adicionalmente, se plantean cambios en las reglas visuales de las tablas nutricionales y se amplían las restricciones para declaraciones en salud en productos que cuenten con sellos de advertencia.
Otro aspecto señalado es el plazo de transición propuesto, de seis meses tras la publicación en el Diario Oficial. Según la Cámara, este periodo resultaría insuficiente debido a que las empresas tendrían que rediseñar la totalidad de sus etiquetas, gestionar trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y realizar procesos de impresión y ajuste logístico.
El gremio afirmó que estas exigencias implicarían cargas técnicas y económicas adicionales para las compañías del sector, lo que podría afectar la producción y el abastecimiento de alimentos.
Señalamientos sobre regulación vigente y llamado al sector
La Andi recordó que Colombia ya cuenta con un modelo de etiquetado frontal vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores en 2022 y 2023. En ese contexto, indicó que el nuevo proyecto se presenta sin que se haya realizado una evaluación ex post del marco normativo actual, como lo exige la normativa colombiana.
Según el comunicado, esta situación estaría en contravía de disposiciones contenidas en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1468 de 2020, así como de las prácticas regulatorias promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, Camilo Montes, afirmó: “Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como éste. Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia; ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas. Esta medida afectará a la industria de alimentos, y generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos”.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado a los actores del sector, incluyendo empresas, comercializadores, importadores, académicos y científicos, para que revisen el borrador de la resolución y presenten sus comentarios directamente al Ministerio de Salud antes del 6 de mayo, fecha establecida para la recepción de observaciones.
