Último viernes de marzo, con el persistente conflicto en Medio Oriente como amenaza de fondo. Marcelo Corda, el apoderado de la empresa pública Enarsa, le mandó una nota a la compañía que administra el mercado eléctrico (Cammesa) para saber cuánto gas por barco se necesitará para producir energía en mayo.
Corda estaba respondiendo, a su vez, a un pedido del Gobierno, que debe planificar las compras en un contexto de precios altísimos por la guerra. Esa situación hace que todos los eslabones de la cadena piensen un poco más antes de tomar una decisión.
El hecho pone en evidencia algunas dificultades para cambiar de modelo económico en medio de la tormenta. El equipo de Luis Caputo se entusiasmaba con desregular ese negocio a esta altura del año, pero ahora se está analizando la posibilidad de que Enarsa haga la primera compra hasta que el sector privado se decida a dar el paso.
No hay que pasar por alto el hecho de que Enarsa es una creación de Néstor Kirchner, está bajo gestión del Estado y se están vendiendo algunos de sus activos más importantes. Pese a eso, sigue jugando un papel en el gobierno de Javier Milei.
La aplicación del libre mercado se parece más a atravesar las cuatro estaciones que a los albores de un amanecer frenético: hay avances, retrocesos y zonas donde lo anterior no termina de irse.
Un viaje profundo a las cuentas más escondidas de la Argentina muestra que el intervencionismo que antecedió a La Libertad Avanza sigue bien presente en los cheques que paga el Estado. Ninguna organización recibió más plata del Tesoro el año pasado que la firma que administra la electricidad para cubrir sus necesidades financieras, Cammesa.
Los pagos de Tesorería arrojan otras curiosidades. Los primeros lugares de los beneficiados con la billetera pública los ocupan empresas del Estado (trenes, el Correo Argentino y Yacimientos Río Turbio), todas adquisiciones del sector público hechas durante el kirchnerismo.
Por si faltara reforzar el concepto, las primeras compañías privadas que aparecen en la lista de pagos son las petroleras, que reciben el denominado Plan Gas, una iniciativa de fomento a la producción también originada en otros gobiernos y lejana al funcionamiento natural del mercado. Ese mapa de pagos no describe un modelo en retirada, sino uno que sigue funcionando en paralelo con el nuevo.
Los muertos de la administración libertaria siguen vivos como parte de una transición que todavía no encuentra reemplazos definitivos.
Casa de Moneda es la imprenta pública que hacía los billetes que se usan en la Argentina. Agobiada por los quebrantos, el Gobierno anunció la liquidación de la empresa, al menos por unos minutos, el año pasado.
El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó incluso a anunciar por la red social X el cierre de la empresa, que luego borró. Es cierto que ese mal paso no es el posteo por el que más explicaciones debe dar el jefe de Gabinete.
En la práctica, la empresa dejó de fabricar billetes, que llegan mayormente desde China, y el Gobierno intenta reestructurarla. Pero hay quienes buscan darle un giro inesperado a la historia de la imprenta.
De La Rue es una empresa inglesa que, entre otros trabajos, imprime la libra esterlina, la moneda del Reino Unido. Fue víctima de un error de cálculo. Tras la muerte de Isabel II, esperó tener mucho trabajo reemplazando en todos los billetes la cara de la reina por la de su sucesor, Carlos III.
Con intereses medioambientales reconocidos, el Rey habría declinado inicialmente hacer el cambio, pero luego el Banco de Inglaterra pidió hacer más billetes.
Las marchas y contramarchas llevaron a De La Rue a enfrentar un cuello de botella. Como había tomado otros contratos y no quería incumplirlos, salió a buscar por el mundo imprentas en condiciones de hacer billetes. Así, terminó en Casa de Moneda, que analizó otras alternativas.
Ya hubo intercambios de correos electrónicos y visitas de los ingleses a funcionarios argentinos. Quieren que la empresa pública víctima de la motosierra termine trabajando para el Reino Unido por una carambola numismática y el favor indirecto del rey de Inglaterra. El negocio es por 50 millones de billetes. Allegados a Casa Rosada, sin embargo, aseguran que habrá novedades por otro lado.
La voluntad del Gobierno es privatizar la empresa. La Secretaría Legal y Técnica, a cargo de la revalorizada María Ibarzábal, analizó la posibilidad de hacerlo mediante un resabio legal de los años 90. Sin embargo, el consenso oficial a esta altura de los hechos es que lo más correcto sería hacerlo mediante una ley nueva que lo autorice.
En ese punto, el Gobierno empieza a especular con cuántos tiros puede usar. Es decir, nadie cree que valga la pena ir a una pelea en el Congreso porque las prioridades son otras. Es algo similar a lo que pasa con Aerolíneas Argentinas. Milei tuvo desde el primer día la intención de privatizarla. La discusión llegó incluso al Congreso, pero después de los traspiés, el tema no está en la agenda inmediata de la Casa Rosada.
La discusión sobre su paso a manos privadas quedó postergada detrás de urgencias más importantes que tiene Economía. Ayuda a eso el hecho de que la empresa dejó de darle problemas inmediatos al Gobierno, tanto por la estabilización de sus números como por la moderación de los sindicatos.
Hay una conciencia común entre los miembros del Gabinete. La Casa Rosada cumplió rápidamente con la parte gruesa de su programa. Volvió a los números azules en la contabilidad pública, desaceleró la inflación hasta niveles macristas, normalizó en gran medida el mercado del dólar y diluyó la distorsión de precios relativos.
La sintonía fina, en cambio, podría llevar mucho más tiempo. Hay cosas que no terminan de ocurrir, como la baja del riesgo país, algo que obliga a Economía a hacer contorsionismo financiero. Hallar una explicación a ese fenómeno implica un paseo por distintos argumentos. Se mencionan motivos como la imposibilidad de sumar reservas al Banco Central, pero también los efectos de la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo al interior del Gobierno y la futura aceptación social de la política libertaria. La economía no es ajena a la política.
En el mercado señalan otro motivo que puede jugar en contra, anterior a Milei y sobre cuyos efectos la Casa Rosada poco puede hacer. Se podría resumir con una tautología: a los ojos de los dueños del dinero, la Argentina sigue siendo la Argentina. Cualquier exégesis liberal puede operar sobre el futuro, pero no cambiar la historia.
Un ejemplo puede ser esclarecedor. A comienzos de los años 2000, tras el contagio de la crisis argentina, Uruguay enfrentó una corrida bancaria y una fuerte recesión. Pero, a diferencia de su vecino rioplatense, evitó el default duro y optó por una salida negociada.
En 2003 hizo una reestructuración “amigable” de la deuda. Extendió plazos de pago sin aplicar quitas de capital y logró una alta adhesión de acreedores, con el acompañamiento del FMI. Al mismo tiempo, aplicó un ajuste fiscal severo.
En la otra orilla, la Argentina aplaudió el default en el Congreso y reestructuró su deuda con una fuerte quita a los acreedores. Es de esperar que, desde la mirada de quien debe prestarle dinero al país, se elija esperar más para corroborar que esta vez es distinto. Más aún si el año próximo el rumbo deberá convalidarse en unas elecciones en las que Milei se enfrentará a propuestas políticas que en el pasado fueron duras con los acreedores.
Incluso en la mesa política que conduce Karina Milei y de la que participan Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, entre otros, hay voces que plantean como objetivo real recién para un segundo mandato libertario llevar adelante una parte sustancial del corazón del plan, como la baja de impuestos.
Milei hizo esfuerzos para cumplir con su promesa. Dejó caer el Impuesto PAIS, redujo retenciones a exportaciones, bajó impuestos internos, recortó aranceles de importación y alivió Bienes Personales y Ganancias con subas de mínimos y deducciones. Pagó, además, un precio alto, como la caída de la recaudación (cayó 7,5% en términos reales en el primer trimestre de 2026, marcando ocho meses consecutivos de retroceso).
Perdura la sensación entre los funcionarios de que ese esfuerzo no termina de ser percibido por la población porque los intendentes y muchos gobernadores diluyen el efecto de las políticas nacionales subiendo tasas e impuestos provinciales.
La conducción política libertaria le puso un número para facilitar ese anhelo. Hablan de que es necesario pintar de violeta el 80% del producto bruto interno. Es decir, poner gente propia o consustanciada con el proyecto en distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Nada de eso podrá ocurrir en este mandato.
La transición no tiene aún fecha de vencimiento. El Estado que se intenta achicar sigue siendo, en muchos casos, el único que puede resolver urgencias. Y el mercado que debería reemplazarlo todavía no termina de aparecer.
El cambio existe, pero convive con aquello que vino a reemplazar. La incógnita vigente tiene que ver con si lo anterior le dejará paso a lo posterior o la transición se convertirá en costumbre.
