BRASILIA.– Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió este sábado la aplicación de una nueva ley que reducía la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su rol en el complot golpista para impedir que asumiera su sucesor.
El magistrado Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la aplicación de la ley en aras de la “seguridad jurídica”, hasta que el Tribunal Supremo celebre una audiencia en plenario sobre las apelaciones que cuestionan la constitucionalidad del texto.
Dos partidos políticos brasileños y la asociación de prensa ABI impugnaron esta semana por separado la polémica ley, que podría haber liberado a Bolsonaro en 2028.
En septiembre pasado Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral ante Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.
La ley, aprobada por el Parlamento en diciembre pasado, fue bloqueada por el presidente de izquierda al mes siguiente. Sin embargo, los parlamentarios anularon el veto a finales de abril en una dura derrota para el gobierno de Lula, y la ley finalmente entró en vigor el viernes.
El texto impide sumar las penas de los delitos de abolición violenta del Estado y golpe de Estado, estableciendo que solo se aplique la pena del crimen más grave con un incremento de entre un sexto y la mitad. Además, contempla una reducción de uno a dos tercios de la pena cuando los hechos ocurran en contexto de multitud, siempre que el reo no sea financiador ni líder del movimiento.
Sin embargo, para que la ley se aplique, las defensas de los condenados deben solicitar al Tribunal Supremo que recalcule los términos de la reducción de penas caso por caso.
La orden del juez De Moraes suspende la revisión de estos casos hasta que el Tribunal Supremo se reúna en sesión plenaria para decidir sobre la constitucionalidad de la controvertida ley, hecha a la medida del exmandatario.
La turba de 2023, también beneficiada
Las reducciones de pena también buscan beneficiar a quienes fueron condenados por su participación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una turba de partidarios de Bolsonaro saqueó edificios gubernamentales en Brasilia una semana después de la toma de posesión de Lula. Según la Corte Suprema, este ataque fue parte del complot.
Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud. Su hijo, Flávio Bolsonaro, tomó la bandera de la ultraderecha y competirá en octubre por la presidencia contra Lula, en una carrera que por ahora los encuentra en empate técnico.
“El Senado dio un paso importante para recolocar a Brasil en el camino de la serenidad institucional”, celebró el actual senador cuando el Congreso votó a favor de revertir el veto presidencial.
En otra arista del caso, los abogados del exmandatario presentaron el viernes una nueva apelación, solicitando a la Corte Suprema que revoque su condena. El equipo legal solicitó una revisión penal, alegando que hubo una “injusticia” en el proceso que condujo a la sentencia, dictada por la Primera Sección del alto tribunal.
Los abogados argumentan que, como expresidente, Bolsonaro debería haber sido juzgado por el pleno del tribunal, y no por una de sus salas.
También cuestionan la validez de algunos testimonios y afirman que la defensa no tuvo acceso completo a las pruebas de los investigadores. Entre esos testimonios que ponen en duda está el del colaborador premiado Mauro Cid, figura clave del caso, que según sostienen los letrados no fue prestado de manera voluntaria.
Por último, la defensa pide “absolver” a Bolsonaro “de todos los crímenes imputados”.
El sonado juicio a Bolsonaro tuvo la inesperada intervención el año pasado de Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump, aliado del expresidente, arremetió contra el gobierno de Lula con aranceles punitivos.
Agencias AFP, ANSA y Reuters
