MAR DEL PLATA.– Los vendedores ambulantes al frente de puestos improvisados con mesas y sombrillas de colores, en fila sobre parte de las veredas del palacio municipal y uno de los extremos de la Plaza San Martín, durante un largo rato aportaron aires veraniegos de esa Playa Bristol de la que hace menos de dos semanas los echaron. Primero con un allanamiento de la Justicia Federal que derivó en el secuestro de más de 8000 artículos y, ya de madrugada y sin posibilidad de impedirlo, con palas mecánicas al servicio del gobierno comunal que convirtieron los escaparates metálicos en una montaña de chatarra.
Varios de aquellos casi 170 puesteros que fueron corridos de la que era conocida como feria “La Saladita”, a orillas de la rambla del Casino Central, justo en el arranque de esta semana llevaron su reclamo hasta las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredón con un puñado de mercaderías para vender a la gente de paso y un pedido muy claro dirigido a los funcionarios: “Queremos trabajar”.
No solo anduvieron por ahí varios de aquellos damnificados por la orden judicial librada por el juez federal Santiago Inchausti, al frente de una investigación de una denuncia presentada por la propia intendencia a fines de 2024 por violación a la Ley de Marcas y evasión fiscal. También se sumaron feriantes de otros espacios públicos, inquietos frente a la posibilidad que lo que empezó en Playa Bristol sea apenas la llave de una escalada oficial para erradicar ese modelo de venta irregular y a cielo abierto.
El despliegue de la manifestación fue sobre casi 200 metros de la avenida Luro, a un lado y otro de la intersección con la calle Hipólito Yrigoyen, y obligó a un corte de tránsito que se extendió durante varias horas e impactó en particular sobre el transporte público, que tiene varias líneas con recorrido por allí, en el corazón del microcentro de la ciudad.
“Si es necesario vamos a acampar”, deslizó el titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Walter Rivero, que al frente de los manifestantes confirmó que permanecerían allí “hasta que haya una respuesta” de las autoridades municipales a las que ya les han acercado pedidos de revisión de la medida de desalojo dispuesta. Entre ellas, buscan que les habiliten un nuevo lugar donde puedan funcionar.
Para protestar sumaron también la presencia de vendedores ambulantes de comida, por lo que al mediodía y un rato después también se veían columnas de humo en las parrillas que preparaban y vendían hamburguesas, choripanes y panchos. Acompañaban los sonidos de trompetas, trombones y tambores, interpretados por músicos que frecuentan tribunas para apoyar a algún equipo de fútbol local.
“Todos los vendedores ambulantes tienen miedo de que les pase lo mismo que a los de Playa Bristol”, aseguró Rivero en referencia a quienes tienen actividad en otras ferias que funcionan en plazas de la ciudad e incluso los que recorren las calles, con sus mercaderías a cuestas.
Rivero está imputado en la causa que lleva adelante el juez Inchausti. Según explicaron fuentes de la investigación, se lo acusa de los delitos de violación de la Ley de Marcas y evasión fiscal al entender que tiene relación con la estructura que, se supone que con intervención del gremio, alquilaba 168 puestos en un corredor de casi 2500 metros cuadrados de Playa Bristol. Estaba compuesto por precarios mostradores de madera y sostén de caños, de unos dos metros de frente por tres de fondo.
Los puesteros, en declaraciones a la prensa, afirmaron que pagaban desde $800.000 hasta más de $3.000.000 mensuales por cada uno de esos puestos durante el período de verano, que es el que mayor actividad y posibilidad de ventas implica. Los valores, reconocen, disminuían entre abril y noviembre. De las operaciones, que incluso tenía casos de pagos por día, no aparecieron recibos ni comprobantes formales.
El allanamiento ordenado por la Justicia derivó en secuestros de mercaderías por valor estimado en 500 millones de pesos. En su mayoría, prendas y calzado que lucían como clones de productos de una veintena de marcas reconocidas en el mercado. El otro lote importante correspondía a artículos de electrónica.
“Queremos que los compañeros de Playa Bristol tengan una oportunidad para volver a trabajar y que a nosotros nos dejen seguir tranquilos”, contó a LA NACION una feriante de Plaza Rocha, a unos 800 metros del palacio comunal. A diferencia de lo que se veía en las arenas adyacentes de la rambla, en este caso se trata de puestos que en su mayoría ofrecen artículos usados o artesanías. Tienen permitido instalarse dos veces por semana. Otros dos días se habilitó a otro grupo que solía chocar con los primeros y que son reconocidos como “manteros”.
Según se pudo conocer de fuentes oficiales, en la municipalidad están muy satisfechos por el paso que se dio con la erradicación de la feria de Playa Bristol y aspiran que a corto plazo se pueda levantar la de Plaza Rocha para que el paseo público quede liberado para uso pleno de los vecinos. La opción que se analiza es habilitarles un playón en un predio lindero a la Estación Ferroautomotora.
El intendente Agustín Neme destacó la decisión tomada hace diez días, como continuidad de la intervención de la Justicia Federal, con allanamiento y secuestro de mercadería: “Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad”, escribió en sus redes.
El desmantelamiento de la estructura de la feria tuvo como paso inmediato el retiro de la chatarra compuesta por los restos de los puestos. Al cabo de poco más de 48 horas se logró despejar por completo el lugar y, con desplazamientos de arena, convertirlo en extensión natural de esa playa céntrica y emblemática de Mar del Plata.
Rivero niega responsabilidad del Sivara en la organización y administración de la feria y se presenta como un “defensor de sus trabajadores”. “Esa gente se quedó sin sus puestos y no tiene qué comer, los están empujando a la indigencia”, advirtió. Por eso remarcó que será perseverantes en el reclamo a la intendencia y con la opción de protesta. “No descartamos acampar hasta que haya una solución”, dijo.
La presencia de los manifestantes derivó en un cierre de las puertas del palacio comunal y refuerzo de seguridad. Así fue en la puerta principal, más próxima a la feria improvisada en la esquina de Luro e Yrigoyen, y luego también en la que existe en el otro extremo de la manzana, por calle La Rioja. El intento de ingreso pudo ser evitado.
Los feriantes de Plaza Rocha son más de 400 y entienden que tienen una ventaja por sobre aquellos desalojados hace menos de dos semanas. Tienen un permiso del municipio que sus pares de Playa Bristol no tenían hace años. Esa feria sobre la arena se habilitó en 1999 y por un período de tres años. Luego hubo renovaciones parciales que se suspendieron hace más de una década.
La denuncia de la municipalidad que motorizó la causa judicial coincidió con un intento de ordenamiento de esa postal emblemática de la ciudad. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) se había presentado un proyecto para licitar ese frente de playa con objetivo de ordenar el servicio de gastronomía y sombra y reemplazar la precaria feria por una galería que jerarquizara el paseo. Fue en 2022 y nunca se adjudicó.
