CÓRDOBA.- En un trámite sumario, el jurado de enjuiciamiento de magistrados de esta provincia destituyó a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su mal desempeño y negligencia en la investigación de la violación y homicidio de Nora Raquel Dalmasso, el conmocionante crimen ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006 que, tras veinte años de una errática actuación judicial, quedó impune.
La decisión del jury, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, estuvo en línea con la acusación realizada por la fiscal general adjunta de la provincia, Betina Croppi.
Después de las 20 Miralles y Di Santo hicieron uso del derecho de la última palabra mientras que Pizarro no habló porque lo había hecho en su alegato, ya que era codefensor de sí mismo. Posteriormente, empezó la deliberación secreta de los integrantes del jury.
Toda la sesión fue seguida por la familia de la víctima, Marcelo Macarrón, el viudo, y sus hijos Facundo y Valentina.
En el inicio de su alegato, Croppi afirmó: “Con todo lo que se ha oído y probado podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas”, comenzó la fiscal.
“Quedó claro en esta audiencia que había pocos insumos para trabajar”, planteó, al describir las actuaciones de los forenses en el lugar del hecho y los problemas que podrían haber provocado irregularidades en el levantamiento de las muestras de ADN.
“Se ha establecido el perjuicio grave al servicio público. No puede seguir ocupando un magistrado el cargo cuando ha incurrido en una negligencia grosera. Este perjuicio es lo que se encuentra acreditado en este caso. No fueron errores y descuidos de cualquier ser humano. Generaron perjuicio personal e institucional, dañando la confianza de la ciudadanía. Los fiscales acusados no están preparados para la función que la ley orgánica les exige”, dijo Croppi.
Antes de pedir la sanción señaló que “es incuestionable que la conducta atribuida a los fiscales se enmarca en las causales invocadas. “¿Querían los fiscales que el asesino de Nora Dalmasso sea descubierto? Me permito dudarlo».
“Di Santo, instalado en el quincho de la casa, comenzó a entrevistar a amigos, parientes, familiares… La casa estaba llena de gente. Y les preguntó a todos, a los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso”, razonó Croppi para señalar que esa fue la principal línea de investigación y no la de que las relaciones sexuales que, según marcaban los indicios, había tenido la víctima antes de ser asesinada podían haber sido forzadas.
En su alegato recordó que la declaración como testigo de Roberto Bárzola, el parquetero imputado porque su ADN estaba en la escena del crimen y que fue absuelto el año pasado porque se juzgó que el caso ya estaba prescripto, fue tomada mientras se desarrollaba el velatorio de la víctima.
“Aquí nace la primera alerta que debió atenderse. ¿Por qué un sospechoso se ubica en la escena del crimen y no es sospechoso?”.
Añadió: “En los días posteriores siguieron las alertas sobre Bárzola. La madre de Dalmasso declaró que su hija había tenido una discusión con un carpintero. Ya teníamos varios señalamientos”, sumó. A esto se sumó la declaración del jefe de Bárzola y del dueño de la otra casa donde trabajaban en simultáneo a la de los Macarrón.
“Los resultados de la autopsia revelaban que Nora había muerto la mañana del sábado. ¿A quién teníamos en ese lugar y a esa hora? ¿Qué se hizo con esta alerta, qué se podría haber hecho? El sospechoso estaba ante sus ojos. ¿Chequearon la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicieron. Ni citaron como testigo a la concubina de Bárzola”, precisó.
Croppi enfatizó: «Yo me pregunto qué pasó, por qué esta ceguera. En ese momento la fiscalía estaba ocupada en buscar al ‘amante asesino’. Todos los esfuerzos de esa etapa fueron dedicados a investigar a la víctima“.
Remarcó que tampoco se investigó la procedencia de una carta que advertía que el asesino había sido uno de los obreros. “Había sospechas de que Bárzola mentía”, insistió y apuntó que se habían pedido las ‘sábanas’ telefónicas [registro de llamadas entrantes y salientes] de la concubina y del parquetista y las grabaciones. “Nadie escuchó lo que se grabó en el teléfono de Bárzola. No pasó nada con eso, nadie lo hizo. Todo lo señalaba, ¿por qué lo descartó como sospechoso?”.
Al hablar de la prueba de ADN, indicó que el fiscal Di Santo ordenó un mapeo genético por “posible contaminación de la evidencia”. Entre esas 26 personas había posibles sospechosos. Los vecinos tenían llave de la casa y uno de ellos encontró el cuerpo. Estaba el hermano, un médico amigo y el suegro de Nora Dalmasso. Se identificó ADN del linaje Macarrón masculino, lo que evidencia la presencia de abuelo, padre o hijo. “Esto terminó siendo la base para la imputación de Facundo y Marcelo Macarrón”.
Sobre la acusación contra el hijo de la víctima, Croppi añadió que fueron “cinco años de sospecha que, en sus palabras, le arruinaron la juventud”.
Las defensas
A su turno, Luciana Caminal, defensora de Di Santo, dudó de la objetividad del jury y pidió la nulidad del proceso al plantear que la acusación de la Fiscalía General fue “sesgada”.
“Contrariamente a lo que se ha dicho acá, el fiscal Di Santo no ha incursionado ni en mal desempeño ni en negligencia grave”. También indicó que “nadie acá puede afirmar que Bárzola sea el culpable. Este proceso no está para resolver quién es el asesino de Nora Dalmasso”, señaló.
“La acusación se centra en que había una premisa obvia: Bárzola. Las hipótesis criminales no se eligen, se valoran de acuerdo con las pruebas. No ha habido sesgo investigativo de ningún tipo”, agregó.
Caminal enfatizó: “¿La imposibilidad de saber dónde estaba una persona varía de clase social a clase social? Porque en un caso la fiscalía lo tomó como un sesgo y en otro era lo que justificaba que debían investigar a una persona”.
“¿Dónde está la seguridad jurídica al destituir a un fiscal en base a una hipótesis?”, sintetizó.
“Croppi nombró a Bárzola más de 30 veces en su alegato. Además le agregó al caso la perspectiva de género y observaciones semánticas. La doctora Croppi habla de obviedad y defiende a Jávega [el fiscal que imputó al parquetista]. Esa obviedad no existió para ninguno de los fiscales”, aseguró el defensor de Miralles, el exjuez Emilio Andruet.
Negó también que haya existido o que se haya acreditado la negligencia y el mal desempeño en sus funciones y planteó dos nulidades. Enfatizó que sobre el material genético “había mezclas, uno mayoritario y otro minoritario, y el mayoritario pertenecía a Marcelo Macarrón”, a lo que sumó “la ausencia total de aportes indicativos de la sospecha de Bárzola”, que “nunca fue introducida en la causa”.
“A la altura de los acontecimientos que asumió Miralles ya no se podía volver a la línea Bárzola. Él se orientó hacia nuevas líneas y no pudo concluir la investigación”. Sobre la prueba genética en la bata, Andruet afirmó que “no era determinante” y señaló, como ejemplo, que con una prueba genética positiva, “Macarrón fue absuelto”.
Añadió: “Se analiza lo que hicieron los fiscales con lo que tenemos hoy y no con las circunstancias en las que ocurrió. Hoy sabemos que el ADN era de Bárzola, pero nada de eso podía saberse en ese momento, en 2016”.
«Está claro que Marcelo y Facundo Macarrón son inocentes. Se merecen una disculpa, pero no debe ser de los fiscales. No se puede afirmar hoy que Bárzola es culpable. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hoy sufrimos todos que el asesinato de Nora Dalmasso está impune, y acá no se va a determinar [quién la mató]. Las causas no son la falta de idoneidad ni el mal trabajo de la fiscalía. Yo digo que existió una escasez de rastros claros, falsas pistas, la política, la mediatización, muchos factores más que llevaron a este triste desenlace».
Carlos Pajtman, el defensor de Pizarro, adhirió a lo dicho por las otras defensas. “Estamos acostumbrados a contar primero con un hecho. Los hechos debe tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. De esta manera yo puedo defender a alguien o ver si estuvo en el lugar”, planteó. Sumó que “se acusó de haber desatendido una línea investigativa razonable que apuntaba a Bárzola. ¿Qué es desatender una línea? Como no explica muy bien en qué tiempo, en qué parte y cómo se hizo, se nos compara con el doctor Jávega“.
Cuestionó la cadena de custodia de la prueba genética: “Nos llama la atención que 11 años después a un fiscal con la carga de distancia, trabajo, con la cantidad de personas a su cargo, justamente a ese, el más recargado de la provincia de Córdoba, le encomendaron la causa más importante y compleja del siglo XXI en la provincia?”, afirmó.
El abogado apuntó que esta causa “no se le prescribe al doctor Pizarro porque se puso a trabajar con todo lo que había. Hizo un análisis crítico que le llevó un buen tiempo. Dicen, acusando a Pizarro, que desatendió la línea del señor que hoy está imputado. La fiscalía interrogó a Bárzola y la Policía Judicial también, y están entrenados, y ninguno de ellos encontró nada para seguir investigándolo”.
