La reciente acusación penal federal impulsada por los Estados Unidos contra Raúl Castro representa un cambio relevante en la utilización del derecho penal internacional y de la jurisdicción extraterritorial respecto de antiguos líderes latinoamericanos.
Durante décadas, muchas denuncias contra regímenes autoritarios de la región parecían limitarse a sanciones económicas, informes diplomáticos o declaraciones internacionales sin consecuencias penales directas. Sin embargo, la decisión del Departamento de Justicia norteamericano de avanzar criminalmente por el derribo de aeronaves civiles de Hermanos al Rescate (Brothers to the Rescue) en 1996, cuando Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, muestra un escenario diferente.
Ya no se trata únicamente de condenas políticas. Comienza a observarse la utilización concreta del derecho penal federal, la jurisdicción extraterritorial y los mecanismos de atribución individual de responsabilidad respecto de altos funcionarios estatales.
La acusación norteamericana no cuestiona solamente al Estado cubano en abstracto. Busca individualizar responsabilidades bajo figuras penales como homicidio, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles. El mensaje jurídico es claro: cuando existen víctimas estadounidenses, aeronaves bajo jurisdicción norteamericana y hechos ocurridos fuera del territorio soberano cubano, particularmente sobre aguas internacionales, el sistema federal estadounidense entiende que posee competencia suficiente para perseguir penalmente a quienes considere responsables. Creemos que es una manera de aplicar la doctrina del siglo XIX conocida como de las “fronteras móviles”.
Se trata de una suerte de corolario de la denominada Doctrina Monroe, por el expresidente estadounidense James Monroe, que dio lugar a la expresión “América para los americanos”. Tuvo su eco en las palabras de Carlos Saavedra Lamas, quien defendió la soberanía de los estados latinoamericanos. La Doctrina Monroe fue una política exterior estadounidense, establecida en 1823, que advertía a las potencias europeas que cualquier intervención o intento de colonización en el continente americano sería considerado una agresión directa hacia Estados Unidos. Su principio rector se resume en aquella famosa frase, enunciada por el presidente James Monroe durante su discurso al Congreso el 2 de diciembre de 1823. La doctrina fue diseñada para proteger los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas y evitar la expansión de las monarquías europeas en el hemisferio occidental. Con el tiempo, cambió de ser una política defensiva a una justificación para el intervencionismo estadounidense en América Latina, una suerte de “América para los norteamericanos”. Theodore Roosevelt estableció que, para evitar intervenciones europeas, Estados Unidos tenía el derecho de ejercer un “poder policial internacional” para reordenar países y proteger sus intereses. Esto derivó en múltiples ocupaciones y acciones militares a lo largo del siglo XX. La doctrina se adaptó para combatir la influencia de la Unión Soviética, justificando diversos golpes de Estado y apoyos a regímenes anticomunistas en la región. La política se ha actualizado para mantener la hegemonía estadounidense y contrarrestar la creciente influencia comercial y política de China en América Latina. Además, ha sido revivida en años recientes como justificación para presionar o intervenir en conflictos regionales, bajo un enfoque de defensa del hemisferio occidental.
Lo ocurrido con Raúl Castro confirma algo que durante años parecía lejano: el derecho internacional comienza lentamente a abandonar el plano meramente declarativo para transformarse en una herramienta concreta de presión jurídica y litigio transnacional.
Durante más de un siglo, la Doctrina Monroe fue considerada un símbolo glorioso de la nación estadounidense, con un estatus equivalente al de la Declaración de Independencia
Argentina posee un escenario distinto al norteamericano. Nuestro sistema penal parte esencialmente del principio territorial. Sin embargo, la incorporación constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, el principio de imprescriptibilidad y la ley 26.200 de implementación del Estatuto de Roma abren espacios relevantes para el desarrollo de estrategias vinculadas a crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y persecución política sistemática. La causa impulsada por Estados Unidos contra Raúl Castro constituye mucho más que un episodio aislado. Representa un mensaje jurídico global: las estructuras estatales ya no garantizan automáticamente inmunidad absoluta frente a determinadas acusaciones internacionales cuando existen víctimas civiles, presión política internacional y voluntad de enforcement por parte de potencias con capacidad jurisdiccional global.
Durante más de un siglo, la Doctrina Monroe fue considerada un símbolo glorioso de la nación estadounidense, con un estatus equivalente al de la Declaración de Independencia. Pero tras la Primera Guerra Mundial se quebró el consenso entre las elites y la doctrina empezó a ser vista, principalmente por muchos miembros del Partido Demócrata, como un símbolo del intervencionismo militar estadounidense en el hemisferio occidental.
La Doctrina Monroe surgió mientras tenía lugar el reconocimiento de la independencia de los países latinoamericanos y su objetivo fue frustrar cualquier posible avanzada recolonizadora en el continente por parte de la Gran Alianza, aquel alineamiento conservador europeo comprometido con el sostenimiento del orden y el statu quo. La doctrina incorporó el sesgo intervencionista en sus fundamentos, lo que llevó a que en el plano internacional cobrase fuerza el uso de la noción de “esfera de influencia” para describir las relaciones entre EE.UU. y los demás países del continente americano. De esta forma, la Doctrina Monroe se convirtió en un ejemplo notable de declaración unilateral hecha por una potencia para afirmar su responsabilidad exclusiva sobre una región más amplia, lo cual instaló un precedente para que otras naciones hiciesen lo mismo sobre determinadas áreas.
Es de esperar que este preocupante declive que se compadece con el debilitamiento de los sistemas republicanos en el mundo pueda revertirse. Creemos que como decía Winston Churchill, “la democracia es el peor de los sistemas luego de los otros”.
Sabsay, profesor titular y director de la Maestría en Derecho Constitucional (UBA); Bustos, Especialista en Derecho Internacional, Derecho Penal, Internacional y Derechos Humanos
