Goldmund entró en concurso preventivo. La empresa fabricante de los electrodomésticos de marca Peabody busca reestructurar un pasivo que incluye a 497 acreedores y garantizar su continuidad operativa.
La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, un mes después de que la compañía presentara su solicitud. Se da en un contexto en el que desde Goldmund identificaron una pérdida de competitividad local, una “retracción de la actividad económica” y una elevada “tensión financiera”.
En ese entonces, en una carta enviada a clientes y proveedores, desde la empresa comunicaron que “se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la medida forma parte de “una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.
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En una reciente entrevista con LA NACION, el empresario coreano Dante Choi, dueño de Goldmund, describió cómo debió adaptar su estrategia productiva trasladando parte de su operación a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios, y desde allí abastecer mercados del Cono Sur, incluyendo la Argentina.
“En Paraguay no pagamos IVA, Ingresos Brutos (en la Argentina es de 1,75%), no pagamos arancel de importaciones (de entre 18 y 20%), no hay impuesto al cheque ni tasa de seguridad e higiene ni tributamos tasa estadística (del 3% en el país). Además, el salario es de US$500 versus US$2000 en la Argentina si considerás el costo de los despidos y los juicios laborales. Solo la ART encarece entre el 4% y el 12% el costo salarial”, enumeró.
De acuerdo a los escritos presentados ante la Justicia, la empresa emplea a un total de 147 colaboradores en la Argentina, distribuidos en las áreas de Administración (93), Logística (28) y Producción (26).
Radiografía de la deuda
Para Goldmund, la situación financiera era compleja. Y, de acuerdo al expediente, el punto de inflexión tuvo lugar el 27 de febrero, fecha que desde la firma señalan como el punto de partida del estado de cesación de pagos.
“Fue desde la imposibilidad de atender un vencimiento por la suma de $290 millones el viernes 27 de febrero de 2026 con el Banco Industrial de Azul, y, en lo sucesivo, ya no fue posible atender, de modo general, las restantes obligaciones asumidas con el sistema financiero, lo que determinó la ruptura de su cadena de pagos y el concursamiento inmediato a fin de preservar los activos, prenda común de los acreedores”, señalaron en el expediente.
Y explicaron: “A diferencia de otras legislaciones, la Ley 24.522 no permite la solicitud de un concurso preventivo si no se encuentra configurado ese estado permanente que identifica la cesación de pagos en su concepción amplia, aunque se hubiesen avizorado señales de alerta que en el derecho comparado permiten la solicitud de concurso cuando configura una insolvencia inminente”.
Entre los datos más salientes que surgen del expediente se destacan también cheques en suspenso: el juez ordenó el “no pago” de al menos 184 cheques de pago diferido librados antes de la presentación, los cuales totalizan la suma de $608,5 millones. La Justicia dispuso que estos rechazos no generen multas ni inhabilitaciones, registrándose bajo la leyenda de “orden judicial”.
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La certificación contable de la empresa revela una deuda por acuerdos laborales por $53,1 millones y planes de facilidades con el organismo recaudador (ARCA) por un capital pendiente de $561,4 millones. El listado de deudores se divide en categorías comerciales (469), financieros (13), fiscales (4) y laborales (11)
“Tensión” en la fábrica
En el escrito judicial, desde la empresa también detallaron una deuda por cánones locativos impagos vinculada a la planta industrial. Al momento de la presentación del concurso, se encontraban impagos los alquileres de los primeros tres meses de 2026, por casi $630 millones.
Según indicaron, esta deuda generó una situación de “particular tensión” con el locador, Good Park, poniendo en duda la continuidad del contrato, el cual tiene vigencia original hasta junio. “El canon locativo vigente presenta, en las circunstancias actuales, una excesiva onerosidad sobreviniente que compromete la continuidad de la explotación en condiciones económicamente viables”, indicaron.
Actualmente, la actividad en la planta de La Tablada (La Matanza) se concentra en el ensamblaje de una cantidad limitada de productos (como hornos y licuadoras), mientras que el modelo de negocio se orienta prioritariamente a la importación de componentes y productos terminados de China y de Paraguay.
Medidas de protección judicial
Para evitar el colapso operativo mientras dure el concurso, la Justicia dictó una serie de medidas cautelares:
- Cuentas inembargables: autorizó la apertura de una cuenta en el Banco Ciudad destinada exclusivamente al pago de salarios e impuestos laborales, la cual tiene carácter de inembargable.
- Suministros garantizados: ordenó a Edenor y AySA no suspender los servicios de energía y agua por deudas anteriores al 2 de marzo.
- Freno a los bancos: prohibió a las entidades financieras realizar compensaciones automáticas de deudas viejas con los ingresos actuales por cobranzas de la empresa.
El cronograma judicial establece que los acreedores tendrán hasta el 17 de noviembre para solicitar la verificación de sus créditos. En tanto, el período de exclusividad para que la empresa presente una propuesta de acuerdo se extenderá hasta el 21 de septiembre de 2027.
El caso de Peabody se suma a otros movimientos sísmicos en la industria de electrodomésticos. Tal es el caso de la estadounidense Whirlpool, que anunció el cierre de su planta en Pilar para pasar a un esquema importador, así como el de la mexicana Mabe, que inició un proceso de retiros voluntarios y reorganización logística en Córdoba.
