La ley firmada por JB Pritzker en Illinois que activa una nueva regla en julio 2026 y beneficia a estudiantes migrantes

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A partir del 1° de julio de 2026, Illinois pondrá en marcha un nuevo esquema para determinar quiénes podrán acceder a la matrícula universitaria con tarifas de residente estatal, una medida que impactará especialmente en estudiantes migrantes que cursaron gran parte de su educación dentro del estado. La reforma fue impulsada mediante la Ley Pública 103-0876 y respaldada por el gobernador JB Pritzker.

Qué requisitos exigirá Illinois para acceder a matrícula estatal desde julio de 2026

La Ley Pública 103-0876 modifica distintos requisitos vinculados al acceso a la matrícula “in-state tuition”, es decir, las tarifas preferenciales destinadas a residentes de Illinois en universidades estatales.

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El objetivo central de la normativa es facilitar que estudiantes que desarrollaron su trayectoria académica dentro del estado puedan continuar sus estudios superiores con costos más bajos, incluso en casos de ciertos inmigrantes sin estatus migratorio regular.

La legislación establece que, desde julio de 2026, dejarán de aplicarse los criterios vigentes hasta esa fecha y comenzará a funcionar un nuevo sistema basado en dos posibles vías de elegibilidad.

La primera alternativa está relacionada con la educación secundaria. Para acceder a la matrícula como residente, el estudiante deberá haber asistido durante al menos dos años a una escuela de ese nivel pública o privada en Illinois antes de ingresar a la universidad.

Además, tendrá que haberse graduado en una secundaria del estado o haber obtenido un equivalente al diploma, como el GED, dentro de Illinois. Otro requisito será haber residido en el estado mientras cursaba esos estudios y no haber fijado residencia fuera del estado antes de la inscripción universitaria.

La segunda vía incorpora un criterio ligado a los colegios comunitarios. En estos casos, el estudiante deberá haber cursado estudios secundarios o universitarios comunitarios en Illinois durante al menos dos años y acumular un mínimo de tres años de trayectoria educativa dentro del estado antes de ingresar a la universidad.

La segunda vía de la ley beneficia a quienes completen un título asociado o acumulen 60 créditos transferibles en un community college dentro del estado

También tendrá que haber conseguido un título asociado o completar al menos 60 créditos transferibles en un community college de Illinois, además de haberse graduado de secundaria dentro del estado.

Qué deberán presentar los estudiantes indocumentados para pagar matrícula estatal en Illinois

La ley también fija condiciones específicas para estudiantes que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.

Según el texto de la normativa, estos alumnos deberán presentar ante la universidad una declaración jurada en la que afirmen que solicitarán la residencia permanente en cuanto sean elegibles para hacerlo.

Al mismo tiempo, la legislación deja afuera a determinados grupos migratorios. La exclusión alcanza a personas que posean un estatus de extranjero no inmigrante que, de acuerdo con la legislación federal, les impida manifestar intención de residir de manera permanente en Estados Unidos.

La normativa abarca a varias instituciones públicas de educación superior de Illinois. Entre ellas aparecen:

  • University of Illinois
  • Southern Illinois University
  • Chicago State University
  • Eastern Illinois University
  • Governors State University
  • Illinois State University
  • Northeastern Illinois University
  • Northern Illinois University
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Por qué el DOJ demandó a Illinois por la matrícula estatal para estudiantes indocumentados

La Ley Pública 103-0876 fue firmada por el gobernador en 2024 y entró en vigencia en enero de 2025. Sin embargo, según informó Higher Ed Dive, en septiembre de ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda contra el estado por permitir que ciertos estudiantes indocumentados paguen matrícula como residentes y accedan a becas administradas por el estado.

La presentación judicial sostiene que los beneficios otorgados a estudiantes sin documentación migratoria regular violan la legislación federal al ofrecer ventajas que, según el gobierno nacional, no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.

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