CÓRDOBA.- El riojano Ricardo Quintela renovó los reclamos por la disputa de límites con San Juan. Ahora dudó de la validez de los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática. Sumó ese ingrediente a la resolución judicial que, a instancias de una presentación de la Fiscalía de Estado riojana, suspendió por 30 días algunas actividades del proyecto de cobre Vicuña.
Ese proyecto está instalado en San Juan pero su logística atraviesa La Rioja. La semana pasada, la jueza María Greta Decker -de la Cámara de Chilecito- suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero, bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.
La magistrada consideró que no se presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja. Vicuña es el proyecto minero más importante de San Juan y uno de los más significativos del país, por lo que la tensión es seguida de cerca por la Casa Rosada.
En una entrevista en AM750, Quintela sostuvo que la soberanía sobre la zona donde se asienta el yacimiento y sobre el área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino) debe ser definida por el Senado nacional. Planteó que los límites vigentes fueron firmados por gobernadores de facto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. No fue un único tratado “integral”, sino que formó parte de un conjunto de acuerdos técnicos y administrativos que luego fueron convalidados por normativa nacional.
“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”. Eso dijo sobre la polémica por la minera, y agregó la necesidad de redefinir límites.
Ante el reclamo riojano por la minera, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, precisó hace unos días que en el informe de impacto ambiental que le pide la Justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino, “San Juan no tiene nada que ver”.
El mandatario afirmó que la legalidad de la jurisdicción sanjuanina sobre el proyecto Josemaría es inobjetable: “Evidentemente eso es un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores de la provincia y una ley representada por el Congreso de la Nación”.
Críticas a Milei
“De continuar con esta política de opresión, de asfixia al pueblo argentino, naturalmente no llega al 10 de diciembre. Consideramos que rápidamente la sociedad, más temprano que tarde, va a reaccionar para que modifique la política”, insistió Quintela cuando lo consultaron sobre el fallo judicial que lo absolvió de las acusaciones de intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 dispuso a comienzos de este mes el archivo definitivo de la causa al considerar que las expresiones de los dirigentes se dieron en un contexto de debate político.
