Con “gusto a poco” por los plazos y por los montos de inversión exigidos. Esa es la síntesis de las opiniones de especialistas y referentes del propio sector sobre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca posicionarse como una herramienta para impulsar la inversión productiva de esas compañías a partir de beneficios fiscales como la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. El esquema -vigente desde marzo pero a la espera de la reglamentación operativa por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- apunta a incentivar la incorporación de bienes de capital, tecnología y obras vinculadas a la producción.

Economistas y empresarios consultados por LA NACION coinciden en que se trata de un avance relevante como “señal económica” y que “mejora el flujo de caja”, pero también señalan que presenta “limitaciones importantes” como son los montos mínimos (considerados “elevados” para muchas firmas), plazos acotados y cupos presupuestarios que introducen “incertidumbre” y una “marcada diferencia” respecto de los beneficios otorgados a grandes inversores a través del RIGI, el régimen de aliento que está multiplicando los desembolsos en los sectores de minería y energía. En ese equilibrio entre incentivo y restricción se define la potencial real de la herramienta.

Las empresas tendrán hasta dos años para llevar a cabo esas inversiones, los que se cuentan desde el 6 de marzo último. Los mínimos para aplicar al régimen están en línea con el tamaño de la firma: US$150.000 para microempresas; US$600.000 para pequeñas; US$3,5 millones para medianas tramo I y US$9 millones para el tramo II. En términos de montos, las inversiones se computarán sin IVA ni descuentos habituales del mercado, y se exige respaldo documental. Para su conversión a dólares, se tomará el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de la factura. Solo no requieren un mínimo las inversiones que se realicen en sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y mallas antigranizo para el sector agropecuario, y en bienes semovientes.

El economista y empresario pyme Gustavo Lázzari plantea que el RIMI es, básicamente, un régimen de amortización acelerada y de devolución de IVA para inversiones. Señala que la primera es “importantísima, porque mientras más ganancias declaradas más se puede aplicar a inversiones y podría significar que, prácticamente, no se pagará ese impuesto”. El incentivo no pasa por una baja de impuestos, sino por su reconfiguración temporal.

El asesor tributario Nicolás Boglione coincide en ese diagnóstico y precisa: “No se trata simplemente de una reducción de alícuotas, sino de un mecanismo que adelanta el recupero fiscal y mejora la ecuación económica de la inversión en los primeros años”. En esa línea, destaca que el ahorro total de impuesto es el mismo que en el régimen general, pero se concentra en los dos primeros años de la inversión, lo que “genera rápidamente un importante beneficio para los contribuyentes que realizan cambios de maquinaria y ‘obliga’ a realizarlo a aquellos que generalmente se demoran en instrumentar nuevas tecnologías”.

Ese “adelanto” del beneficio es, para los analistas, el principal activo del régimen. “Genera un importante excedente de caja en los primeros ejercicios”, subraya Boglione, lo que puede resultar determinante en contextos de restricción financiera. A esto se suma la devolución anticipada del IVA, otro de los pilares del esquema: “Reduce el capital de trabajo inmovilizado en créditos fiscales, un problema histórico de las pymes inversoras”. Agrega un dato estructural del sistema argentino como es que un crédito fiscal “genera un perjuicio financiero muy significativo y no se puede actualizar por ningún índice”.

Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea, Marcos Cohen Arazi suma que el régimen comenzó a regir “en un momento en que la actividad económica general no despega, aunque sí hay dinamismo en sectores clave de la economía real, como minería, hidrocarburos y sector agropecuario” y en un contexto “de relativa normalización de tasas de interés, lo que puede configurar un contexto oportuno para las inversiones”. Además, coincide con la vigencia de otros puntos de la ley de modernización laboral, que incluye reducción de impuestos al trabajo a los nuevos empleos, “habitual en procesos de inversión- y cambios potencialmente estructurales y favorables en las relaciones laborales”.

Después de repasar los beneficios asociados a la herramienta, señala que, sin embargo, “la oportunidad de la inversión, sus posibilidades de concreción y su viabilidad dependen también de las perspectivas para la economía argentina. Los beneficios suman y la reglamentación es una buena noticia, pero no son definitorios”.

Sin embargo, ese mismo rasgo -ser un alivio financiero y no una reducción estructural de la carga tributaria- aparece como uno de los principales cuestionamientos. Para Guillermo Fasano, integrante de la mesa federal del Movimiento Nacional Pyme y presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, “los beneficios se limitan a la amortización acelerada y devolución de IVA compras”, lo que implica que “técnicamente, esto no es una rebaja impositiva; es un alivio financiero temporal en el flujo de caja. Es una ayuda, pero la carga económica final sobre la rentabilidad sigue intacta”.

Plantea, en ese contexto, que el universo pyme argentino está siendo “explícitamente relegado” por el Gobierno bajo lo que entiende es “una premisa peligrosa, la de ‘nosotros nos ocupamos de la macro y la micro se arregla sola’. Esa lógica implica la ausencia de una política de Estado para el sector más potente de la economía, aquel que genera el 42% del PBI y el 70% del empleo”.

Daniel Scandizzo, titular de la consultora AxiaBis, comparte que el régimen de incentivos fiscales que abarca a todas las Pymes clasificadas legalmente “mejora su flujo de fondos, su caja, en el corto plazo, pero no cambia estructuralmente sus condiciones de capacidad de acceder a financiamiento”. El experto, que trabaja con varias empresas agropecuarias, a las que el régimen “beneficia particularmente” al no exigir un monto de inversión mínimo, reconoce que esa base es una dificultad del esquema que, en ese sentido, “es parcial”.

También observa que la norma habla específicamente de “bienes amortizables” y señala que si una pyme quiere invertir en una patente, “eso no estaría incluido, pero si una agropecuaria compra un software asociado a un sistema de riego lo estaría. Ese es un gris que debería ser resuelto, porque hoy todas las empresas necesitan incorporar tecnología, modernizar ya sea el equipamiento o gestión. Y claramente el acceso a financiamiento es un problema que enfrenta todo el sector”.

Scandizzo hace un ejercicio práctico: una empresa mediana tramo I, que tiene un piso de inversión de US$3 millones y que invierte US$4 millones en un equipo de riego, sin el RIMI tendría una amortización en 10 años, con lo que podría deducir de Ganancias US$400.000 por año, con el régimen podrá amortizar US$2 millones por año. “En términos financieros el negocio es mejor, por su efecto en el corto plazo”, sintetiza.

Comparaciones

La comparación con el RIGI es inevitable. “Mientras Nación y provincias han blindado a ese régimen con garantías extraordinarias, han dejado al RIMI apenas con migajas financieras -plantea Fasano- La diferencia entre ambos no es de escala, es de naturaleza”. Y enumera que para los grandes inversores hay “reducción de la alícuota de Ganancias, uso de quebrantos sin límite, estabilidad normativa por 30 años, libre disponibilidad de divisas y acceso a arbitraje internacional”, mientras que el destinado a las pymes “sobrevive dentro de un sistema de alta presión tributaria e incertidumbre jurídica. Para el gran inversor, rebajas impositivas y blindaje jurídico por tres décadas y para las pymes nacionales, el rigor de una carga tributaria asfixiante, inseguridad económica y el cambio permanente en las reglas de juego”.

También el analista económico Damián Di Pace advierte que el volumen de adhesiones no será alto. “Al diseñarlo, evaluaron el impacto fiscal y esa, a mi criterio, es una visión equivocada. Es una herramienta aceleradora del flujo de inversiones, pero hay que partir de un stock. El monto fijado es muy alto para las empresas chicas y el plazo es corto. El RIGI es mucho más previsible”. Menciona la experiencia de Chile, “con incentivos por años y con diferenciaciones por sectores. La continuidad es clave para generar confianza. Siempre está la disyuntiva del impacto fiscal, pero una inversión que no se hace tampoco produce, emplea ni genera consumo por lo cual tampoco recauda”.

Scandizzo comparte ese planteo de trabajar por sector, por tamaño y con políticas bien diferenciadas. “Bienvenida toda legislación que ayude a mejorar la situación de las Pymes, pero es parcial. Por ejemplo, las empresas de servicios en general no invierten en bienes muebles, pero necesitan invertir en capital intelectual”, indica.

Sobre las inversiones exigidas vuelve Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos: “Para una microempresa US$150.000 es mucho. No tiene sentido la diferenciación entre todas las inversiones y las relacionadas con agro y ganadería. Debería haber igualdad en los beneficios. La que más necesita, por problemas de competitividad, es la industria”, dice.

“El problema es que, en la industria manufacturera, el RIMI prácticamente no se puede aplicar porque no hay inversión en maquinaria; el sector está demandando menos insumos y bienes de capital”, añade.

Lázzari apunta en la misma dirección: “Tiene topes muy altos para empresas chicas. Con el nivel de ventas, actividad y falta de financiamiento es difícil de alcanzar este año y se pierde uno de los dos que se extiende. La inversión debería ser libre, sin umbrales que terminan excluyendo a buena parte” de las Pymes.

Sobre ese punto Di Pace plantea la posibilidad de avanzar, en una segunda etapa, con montos que vayan desde US$75.000 para incluir a microempresarios “con posibilidad de incorporar pequeños bienes de capital y tecnología”. Según su mirada, permitiría mejorar la productividad en un segmento que hoy queda fuera del esquema.

El plazo de vigencia es otro de los puntos críticos en un contexto económico complicado. Boglione aporta que las condiciones de muchas pymes “no son óptimas” para realizar inversiones en un plazo corto como el establecido, a lo que añade la incertidumbre vinculada a los cupos presupuestarios. “La devolución de impuestos estará sujeta a cupos anuales fijados en la ley de presupuesto, lo que introduce un límite concreto al alcance del incentivo”. En la práctica, esto puede afectar la previsibilidad del régimen y, por ende, la decisión de inversión.

Rosato profundiza sobre las dificultades del sector: “Hay que bajar los costos y las tasas de interés para sostener a las Pymes que cerrarán porque no pueden afrontar deudas, subas de costos. Con un dólar a $1420 y una inflación del 3% somos cada vez más caros. A eso se suman shocks externos como el aumento de insumos por la guerra de Medio Oriente”.

“El ahorro de los argentinos bajo el colchón no espera un subsidio; espera, simplemente, la misma consideración que el inversor que viene de afuera -sostiene Fasano en una mirada más abarcativa-. Si queremos una microeconomía que se arregle sola, primero debemos dejar de castigar a quienes tienen la capacidad y el capital para reconstruirla”.

Cohen Arazi destaca que el Gobierno “consiguió legislar y reglamentar beneficios impositivos para Pymes, aunque acotada por el escaso margen fiscal y de beneficios mucho menores a los del RIGI y eso marca un giro pragmático, porque incluye algo de direccionamiento del proceso de inversión, algo que a priori no está en el espíritu oficial. Orienta la inversión hacia mejoras de productividad, elementos que a nivel granular pueden ayudar a la competitividad, pero no reduce el problema estructural de presión impositiva elevada que sigue condicionando las inversiones a largo plazo”.

Una herramienta financiera de impacto selectivo

Por Soledad Pérez Duhalde

El RIMI debe leerse en su verdadera dimensión: no es una política integral para resolver los problemas estructurales de las pymes argentinas, sino una herramienta más bien financiera orientada a mejorar la ecuación económica de determinados proyectos de inversión.

Desde esa lógica, el régimen tiene sentido. Su objetivo no es resolver la falta de crédito, la baja competitividad, los problemas de escala o las restricciones estructurales del entramado pyme. Lo que busca es aliviar parcialmente el flujo financiero de inversiones elegibles, principalmente a través de la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada.

La discusión relevante, entonces, no pasa por pedirle al RIMI que resuelva problemas que exceden su diseño, sino por analizar si está correctamente calibrado para maximizar su impacto como incentivo a la inversión.

Y ahí aparece probablemente su principal limitación: el cruce entre los niveles mínimos de inversión exigidos y los topes de facturación para calificar como pyme.

Los montos mínimos de inversión, por sí solos, no parecen ser el principal problema. En muchos sectores productivos son relativamente razonables para proyectos industriales, agroindustriales o de servicios vinculados a cadenas dinámicas. El desafío aparece cuando esos niveles de inversión se combinan con límites de facturación relativamente bajos.

Eso genera una tensión concreta. Por un lado, empresas medianas que podrían acompañar procesos de desarrollo productivo, integrarse como proveedoras de sectores dinámicos o ejecutar inversiones relevantes quedan afuera por superar el umbral de ventas permitido para ingresar al régimen. Y eso ocurre incluso en compañías que enfrentan restricciones financieras reales o necesitan invertir para reconvertirse y ganar competitividad.

Por otro lado, muchas empresas que sí califican formalmente como pyme pueden no tener capacidad financiera para alcanzar los niveles de inversión requeridos, o para adelantar los fondos necesarios antes de capturar los beneficios fiscales del régimen.

En otras palabras, tal vez su impacto va a estar limitado por esta calibración entre tamaño de empresa e intensidad de inversión: algunas compañías con escala operativa para acompañar sectores estratégicos quedan excluidas por superar los parámetros pyme; por otro lado, parte del universo que sí califica puede no tener acceso al financiamiento necesario para ejecutar inversiones de esa magnitud. Esta tensión se vuelve más visible frente al RIGI: entre el régimen pyme y el régimen para grandes inversiones queda poco espacio para empresas medianas con proyectos relevantes, pero no transformacionales.

Por eso, el régimen probablemente funcione mejor en un universo relativamente específico: pymes ordenadas, con cierto capital propio para financiarse, proyectos concretos de inversión y vinculadas a sectores con demanda creciente. En esos casos, el alivio financiero puede ayudar a acelerar decisiones de inversión o mejorar la rentabilidad de proyectos que ya estaban en evaluación.

Por lo mencionado anteriormente, el RIMI como instrumento financiero puntual, es muy útil. Pero su impacto probablemente sea más selectivo que masivo.

Directora de Inteligencia de Mercado y Negocios de ABECEB