La reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedo reglamentada a través de la Resolución 32/2026 publicada esta semana en el Boletín Oficial. En la misma, el Gobierno estableció una parte central de los cambios que había introducido meses atrás mediante la modificación de la Ley Nacional de Tránsito.
La medida habilita a talleres privados, concesionarios e importadores a realizar la VTV, eliminando la regulación nacional sobre los precios y crea un registro único para administrar las inspecciones realizadas en todo el país.
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La iniciativa fue presentada por la administración de Javier Milei como el fin del esquema cerrado de plantas verificadoras y un paso hacia una mayor competencia dentro del sistema. Sin embargo, el alcance efectivo de la reforma dependerá en buena medida de la adhesión de las provincias, ya que varias jurisdicciones mantienen regímenes propios y conservan facultades de control sobre el tránsito.
Menos frecuencia y más opciones para realizar la revisión
Uno de los cambios más importantes para los usuarios ya había sido introducido por el Decreto 196/2025 y ahora quedó plenamente integrado al nuevo esquema. Los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento.
Luego, mientras tengan entre cinco y diez años de antigüedad, la revisión tendrá vigencia por dos años. Recién al superar la década volverá a exigirse de manera anual.
La otra novedad es que la revisión ya no quedará necesariamente limitada a las plantas verificadoras tradicionales, para lo cual la reglamentación abrió formalmente el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos para que nuevos prestadores puedan incorporarse al sistema.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Los establecimientos interesados deberán inscribirse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde presentarán una declaración jurada acreditando el cumplimiento de todos los requisitos previstos por la normativa.
La presentación deberá incluir la identificación del solicitante, la acreditación de personería en caso de actuar como representante legal o apoderado, la designación de un director técnico, la declaración del equipamiento mínimo exigido, la documentación que acredite la disponibilidad legal del inmueble y la constitución de domicilio físico y electrónico para recibir notificaciones.
La secretaría de Transporte tendrá 30 días corridos para revisar la documentación. Si detecta inconsistencias u omisiones, podrá requerir su corrección dentro de un plazo de 20 días.
Si transcurren esos 30 días sin observaciones ni resolución expresa, el taller quedará automáticamente inscripto en el registro y posteriormente podrá ser auditado dentro de los 90 días siguientes.
A su vez, los talleres deberán cargar los datos de cada revisión y garantizar la compatibilidad de sus sistemas con la plataforma administrada por la secretaría de Transporte.
Pese al avance de la digitalización, la tradicional oblea no desaparecerá. Los talleres seguirán entregando tanto una constancia digital como una identificación física para colocar en el parabrisas.
Los requisitos que deberán cumplir los talleres
La apertura del sistema no implica una flexibilización de las exigencias técnicas. La resolución establece que cada centro deberá contar con un director técnico, que obligatoriamente deberá ser un ingeniero matriculado, responsable de supervisar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Además, los establecimientos deberán disponer de una infraestructura mínima. Entre los elementos obligatorios figuran frenómetros, alineadores de faros con luxómetro, detectores de holguras, analizadores de gases para motores nafteros, opacímetros para motores diésel, decibelímetros, equipos para verificar amortiguadores y sistemas para controlar la alineación de dirección.
También deberán contar con una fosa de inspección o elevador para examinar los componentes inferiores del vehículo. A esto se suman herramientas auxiliares como sistemas de comunicación entre inspector y conductor, manómetros, calibres, tester eléctricos y elementos de medición específicos.
Las calibraciones de los equipos deberán quedar registradas en bases de datos auditables y los instrumentos deberán someterse a controles generales cada seis meses o cada 6000 revisiones, lo que ocurra primero. Todos los centros quedarán además sujetos a auditorías posteriores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Cuánto cuesta abrir una planta verificadora
La apertura del sistema busca multiplicar la cantidad de prestadores, pero ingresar al negocio requiere una inversión considerable. Según estimó a LA NACION Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), una de las principales empresas proveedoras de equipamiento para centros verificadores, antes de la reforma una línea completa para inspeccionar vehículos livianos demandaba una inversión de entre US$50.000 y US$60.000.
De acuerdo con el empresario, si la apertura genera un aumento significativo en la demanda de equipamiento podrían producirse economías de escala que reduzcan esos valores a un rango de entre US$40.000 y US$50.000.
La expectativa del sector es que parte de los nuevos prestadores provengan de talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores que ya cuentan con parte de la infraestructura necesaria para ingresar al sistema.
Según indicó Abella Roigt, desde que el Gobierno comenzó a anticipar la desregulación ya recibieron entre 300 y 400 consultas concretas de potenciales interesados en adquirir equipamiento para convertirse en centros de revisión técnica.
La apuesta oficial: más competencia y precios más bajos
La reglamentación también eliminó la regulación nacional sobre el precio de la revisión técnica. A partir de ahora, el valor de la inspección será acordado libremente entre el usuario y el taller que preste el servicio.
El Gobierno apuesta a que el ingreso de nuevos actores genere competencia y termine presionando a la baja los costos para los conductores. Esa misma expectativa comparten algunos proveedores del sector. “Cuando comience a haber más competencia, va a bajar a la mitad de precio hacer la VTV”, aseguró Abella Roigt.
El empresario incluso proyectó un escenario en el que la revisión técnica deje de ser únicamente un trámite obligatorio y pase a formar parte de estrategias comerciales de distintas compañías. “Yo creo que en poco tiempo muchas compañías de seguro o empresas lo van a ofrecer hacer gratis para captar clientes”, afirmó.
Por qué algunas provincias no adhieren
El principal interrogante de la reforma sigue estando en las provincias. La Argentina funciona bajo un esquema federal en materia de tránsito. Esto significa que las modificaciones impulsadas por la Nación no se aplican automáticamente en todas las jurisdicciones, sino que cada provincia debe decidir si las incorpora a su normativa local.
La provincia de Buenos Aires ya confirmó que no adherirá al nuevo esquema y mantendrá vigente su sistema actual de VTV, considerando que licitó gran cantidad de las plantas verificadoras el año pasado.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la ley provincial vigente debería modificarse para poder adoptar el nuevo esquema nacional y que, por el momento, eso no está previsto.
Allí aparece una de las principales zonas grises de la reforma, ya que mientras el decreto nacional permite que un taller registrado pueda inspeccionar vehículos independientemente de dónde estén radicados, las provincias conservan facultades de fiscalización sobre el tránsito dentro de sus jurisdicciones.
La decisión derivó en un fuerte cruce político entre el ministro bonaerense de Transporte, Martín Marinucci, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Mientras la Provincia advierte que una apertura indiscriminada podría afectar la calidad de los controles y la cobertura territorial del servicio, desde Nación sostienen que el sistema actual protege un esquema cerrado de prestadores.
“La seguridad vial no necesita monopolios. Los monopolios sí necesitan el discurso de la seguridad vial”, resumió Sturzenegger.
A diferencia de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a debatir una posible adaptación de su normativa al nuevo esquema nacional.
Esta semana ingresó en la Legislatura porteña un proyecto presentado por la legisladora Pilar Ramírez, del bloque La Libertad Avanza, para modificar la ley local de VTV y habilitar un sistema más abierto de prestadores. Los cambios aparecen en un contexto en el que las concesiones actuales vencen a fin de año.
