María Vanesa Pedraza Madrid, quien se desempeñó como ex asesora del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, consiguió una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según reportes hechos por medios nacionales, el recurso no implica su liberación, pero detiene temporalmente el avance judicial.
Reportes previos de Infobae México detallan que tras su detención el pasado 16 de diciembre de 2025, Vanessa Pedraza fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal y trasladada al Cefereso 16, ubicado en Morelos, donde permanece bajo custodia.
La imputada es señalada como ex apoderada legal de una empresa señalada por desvíos ligados a la red de corrupción de Genaro García Luna, la lleva por nombre Nunvav Inc.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Nunvav Inc habría servido como vehículo para el traslado irregular de mil 678 millones de pesos y 74 millones de USD provenientes del Gobierno Federal.
El amparo y sus alcances
De acuerdo con la información publicada por medios de alcance nacional como La Jornada, Pedraza Madrid promovió un juicio de amparo el pasado 23 de enero de 2026.
El recurso buscaría frenar una resolución emitida el pasado 22 de diciembre por la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México.
Según reportes, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en Toluca, encabezado por Daniel Marcelino Niño Jiménez, resolvió que la suspensión tiene como efecto que el juez de control detenga el procedimiento cuando concluya la etapa intermedia, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva en la audiencia programada para el 20 de febrero.
Además, de detalló que la suspensión no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público.
El mismo medio detalló que el juzgador puntualizó que la medida solo surtirá efectos si los actos reclamados provienen de las autoridades señaladas como responsables – que en este caso sería la FGR– y si no se ha acordado la apertura de juicio.
Además, habría establecido que no se fija garantía alguna para la aplicación de la suspensión, dada la naturaleza de la medida.
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