La situación de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena nicaragüense de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, generó este jueves un llamado urgente de al menos cinco organizaciones humanitarias internacionales. Según reportó la agencia EFE, los organismos solicitaron al régimen de Nicaragua responder por el estado crítico de salud de Rivera, quien cumple casi dos años de encarcelamiento y actualmente permanece hospitalizado en Managua.
La declaración conjunta, difundida de manera telemática y leída por la socióloga nicaragüense Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, plantea que Rivera atraviesa un cuadro “gravísimo” de salud. El texto, respaldado por entidades como Amnistía Internacional y Raza e Igualdad, organización internacional de derechos humanos, responsabiliza directamente a la dictadura de Nicaragua por el deterioro de la integridad física del dirigente indígena.
Pineda expresó que Rivera, detenido en septiembre de 2023, permaneció más de 970 días en desaparición forzada. Esta condición, de acuerdo con el pronunciamiento, se traduce en una de las violaciones más severas del derecho internacional. “Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es solo un hecho aislado ni accidental, es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad”, indicó el comunicado, según recogió EFE.
Las organizaciones firmantes, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ONG nicaragüense, y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, iniciativa de monitoreo, subrayaron que la desaparición forzada implica la negación del paradero del detenido, la falta de información a las familias y la imposibilidad de acceso a la defensa legal. Además, denunciaron que la ausencia de atención médica adecuada constituye una violación deliberada de las obligaciones estatales.
El comunicado advierte que, cuando estas prácticas afectan sistemáticamente a opositores, líderes comunitarios y voces críticas, adquieren la dimensión de crímenes de lesa humanidad. El caso de Rivera, según las organizaciones, representa un ejemplo de ese patrón represivo. “Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos. Son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado”, afirmaron.
Las entidades humanitarias también manifestaron solidaridad con la familia de Rivera y con las comunidades indígenas que reclaman justicia, así como con los allegados de otras personas detenidas por motivos políticos. “El sufrimiento de las familias también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control”, señaló la declaración, citada por EFE.
La situación de Brooklyn Rivera Bryan generó repercusión internacional por la prolongada ausencia de información sobre su paradero y la reciente confirmación de su estado de salud crítico. Las organizaciones advirtieron que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos básicos. “Lo ocurrido con Rivera”, advirtieron, “debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos”, concluyó la declaración difundida por EFE.
Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no emitió comentarios públicos en respuesta a la solicitud de las organizaciones, de acuerdo con el reporte de EFE.
La situación de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena nicaragüense de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, generó este jueves un llamado urgente de al menos cinco organizaciones humanitarias internacionales. Según reportó la agencia EFE, los organismos solicitaron al régimen de Nicaragua responder por el estado crítico de salud de Rivera, quien cumple casi dos años de encarcelamiento y actualmente permanece hospitalizado en Managua.
La declaración conjunta, difundida de manera telemática y leída por la socióloga nicaragüense Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, plantea que Rivera atraviesa un cuadro “gravísimo” de salud. El texto, respaldado por entidades como Amnistía Internacional y Raza e Igualdad, organización internacional de derechos humanos, responsabiliza directamente a la dictadura de Nicaragua por el deterioro de la integridad física del dirigente indígena.
Pineda expresó que Rivera, detenido en septiembre de 2023, permaneció más de 970 días en desaparición forzada. Esta condición, de acuerdo con el pronunciamiento, se traduce en una de las violaciones más severas del derecho internacional. “Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es solo un hecho aislado ni accidental, es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad”, indicó el comunicado, según recogió EFE.
Las organizaciones firmantes, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ONG nicaragüense, y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, iniciativa de monitoreo, subrayaron que la desaparición forzada implica la negación del paradero del detenido, la falta de información a las familias y la imposibilidad de acceso a la defensa legal. Además, denunciaron que la ausencia de atención médica adecuada constituye una violación deliberada de las obligaciones estatales.
El comunicado advierte que, cuando estas prácticas afectan sistemáticamente a opositores, líderes comunitarios y voces críticas, adquieren la dimensión de crímenes de lesa humanidad. El caso de Rivera, según las organizaciones, representa un ejemplo de ese patrón represivo. “Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos. Son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado”, afirmaron.
Las entidades humanitarias también manifestaron solidaridad con la familia de Rivera y con las comunidades indígenas que reclaman justicia, así como con los allegados de otras personas detenidas por motivos políticos. “El sufrimiento de las familias también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control”, señaló la declaración, citada por EFE.
La situación de Brooklyn Rivera Bryan generó repercusión internacional por la prolongada ausencia de información sobre su paradero y la reciente confirmación de su estado de salud crítico. Las organizaciones advirtieron que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos básicos. “Lo ocurrido con Rivera”, advirtieron, “debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos”, concluyó la declaración difundida por EFE.
Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no emitió comentarios públicos en respuesta a la solicitud de las organizaciones, de acuerdo con el reporte de EFE.
