Con la presencia del intendente Arturo Rojas, jefes comunales y autoridades provinciales denunciaron un «desfinanciamiento inédito». El Ministerio respondió con un polémico cartel en la puerta.
En una jornada marcada por la tensión política, un nutrido grupo de intendentes bonaerenses, encabezados por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se movilizaron este miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano. El objetivo fue entregar un reclamo formal a la ministra Sandra Pettovello por la deuda que Nación mantiene con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los comedores comunitarios.
Entre los mandatarios locales que se hicieron presentes para visibilizar la crisis social en sus distritos estuvo el intendente de Necochea, Arturo Rojas, quien junto a sus pares de Olavarría, Luján, Mercedes y Quilmes, entre otros, denunció la falta de respuestas del Gobierno nacional ante la creciente demanda de alimentos.
Cierre de puertas y provocación
La movilización se topó con un escenario inesperado: la sede de la Casa Patria Libertad permaneció cerrada bajo custodia de la Policía Federal. En la puerta, un cartel de grandes dimensiones sorprendió a la comitiva con un mensaje directo: “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”.
“Es una provocación”, sentenció Larroque, quien detalló que el presupuesto nacional planea un aumento del 4% para el servicio alimentario frente a una inflación que escala al 40%. Por su parte, la vicegobernadora Magario advirtió: “No miran a la gente, miran números. Hoy es cuando más debería estar invirtiendo este Ministerio y no lo hace”.
El foco en la asistencia escolar
El reclamo surge tras la decisión de la administración de Axel Kicillof de suspender el programa MESA (entrega de alimentos secos) debido al recorte de financiamiento nacional, priorizando sostener el servicio diario en los comedores escolares.
El documento firmado por los intendentes alerta sobre «indicadores sociales alarmantes» y familias que ya no llegan a fin de mes, exigiendo que Nación cumpla con el envío de partidas presupuestarias que hoy recaen exclusivamente sobre las arcas provinciales y municipales.
