Un alto funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) se presentó ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata y denunció que autoridades del organismo en esa ciudad y en Buenos Aires ejercieron presiones y desplazaron a media docena de funcionarios, incluido él mismo, que investigaban presuntos desvíos por al menos $13.000 millones a través de proveedores apócrifos del hotel del sindicato de Camioneros.

La denuncia la radicó Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en ARCA, donde llegó a ser director de la Regional Mar del Plata y luego “asesor mayor”, y que fue desplazado de su cargo y enviado al área de Capacitación por cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones que investigaban maniobras en un hotel en la ciudad del gremio de Hugo Moyano, causa que también es indagada por la Justicia provincial.

Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.

Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la pesquisa. Ambos se negaron por considerarlo ilegal. Ambos terminaron fuera de sus cargos.

Las motivaciones serían, según reconstruyó LA NACION, de índole política. “En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar bajo reserva estricta de su nombre.

Tras la salida de Tymkiw, en tanto, desde Buenos Aires fue enviado como nuevo titular de la Regional el contador Pablo Catracchia, ajeno hasta entonces al ámbito marplatense. Casi de inmediato, según la denuncia, Catracchia habría presionado a otro jefe de fiscalizaciones, Diego González, con una frase que Rodríguez transcribe textualmente: “Sos consciente que si apretás la tecla para descargar la fiscalización tengo que correrte del cargo”. González habría respondido: “Hacé lo que creas conveniente”.

Desplazamientos en cadena

La investigación en la Justicia bonaerense, cabe aclarar, se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra.

Por el avance esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial.

En ese contexto, los relevos en la Regional Mar del Plata de ARCA se sucedieron en menos de siete meses y alcanzaron a funcionarios con antigüedades de entre diez y catorce años en sus cargos. El 22 de octubre pasado fue separado José Visca, jefe de la División Jurídica, cargo que había ganado por concurso. El 22 de enero de este año fue desplazada Mariela Álvarez, jefa de Dictámenes y Sumarios con diez años en el puesto. Y este miércoles, fueron removidos Capdeville (catorce años en el cargo) y González (doce años) como jefes de Fiscalización 1 y 3. Tymkiw había presentado su renuncia semanas antes, luego de que le comunicaran su desplazamiento. Y el propio Rodríguez fue enviado al área de Capacitación en enero.

Consultados por LA NACION, voceros del organismo negaron toda irregularidad y plantearon que la fiscalización sobre el Sindicato de Camioneros “no se lleva adelante en Mar del Plata, sino en su jurisdicción natural, la Subdirección de Operaciones Impositivas Metropolitanas, que es donde el sindicato está inscripto”. Señalaron que el gremio se encuentra bajo fiscalización desde junio de 2025 “a partir de un desvío detectado por ARCA, en el marco de las tareas habituales de control del organismo”.

Sobre los desplazamientos, afirmaron: “Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad”. Respecto a los proveedores investigados, sostuvieron que “la gran mayoría fue incorporada a la base de contribuyentes no confiables a partir del nombramiento de la actual conducción, en el marco de tareas ordinarias de fiscalización y dejando atrás demoras injustificadas por los jefes desplazados”.

El organismo añadió que “no se ocupa ni tiene competencia en causas o conflictos entre privados, ni emite opinión sobre materias ajenas a sus facultades legales. Su función es clara: fiscalizar, recaudar y, cuando la justicia lo requiere, brindar la información correspondiente”.

Conviene precisar, sin embargo, que la denuncia de Rodríguez no versa sobre la fiscalización al sindicato en sí —que, como señala ARCA, tramita en la órbita metropolitana— sino sobre las fiscalizaciones a proveedores apócrifos del hotel del gremio, que sí estaban a cargo de la Regional Mar del Plata.

En su denuncia, Rodríguez rechazó por falaz el argumento de que el caso sea “entre privados”. Recordó que la facturación apócrifa detectada superaría los $13.000 millones, sobre los que correspondería aplicar la alícuota del 35% de Ganancias, “lo que conllevaría un posible monto evadido de aproximadamente 4550 millones de pesos”, además de configurar el delito de evasión.

“Va de suyo que no estamos en presencia de una situación exclusivamente entre particulares como posiblemente se la pretenda hacer ver”, escribió Rodríguez. “Ese entendimiento solo puede darse desde una profunda ignorancia del sistema tributario argentino o con la intencionalidad de ‘influenciar’ a quienes realizan las fiscalizaciones”.

En su denuncia, Rodríguez remarcó la irregularidad de todo lo ocurrido. “En mi carácter de funcionario de ARCA por un espacio de 35 años y habiendo pasado por las funciones de inspector, jefe de sección, jefe de división fiscalización, director regional y asesor de la Dirección Regional jamás he observado semejantes irregularidades en el desarrollo de la función”, planteó el denunciante. “Jamás en 35 años se reemplazaron en un espacio de tiempo menor a siete meses a tantos funcionarios de jerarquía y conocimiento en su función. Jamás en el transcurso de mis 17 años de jefe de fiscalización sufrí algún tipo de ‘sugerencia’ como las que han sufrido los contadores González y Capdeville”.

Rodríguez advirtió, por último, sobre eventuales represalias salariales: todos los funcionarios afectados, señaló, han sido calificados “con las máximas puntuaciones” a lo largo de los años, lo que influye en sus remuneraciones. En ese contexto, solicitó a la Justicia federal que evalúe abrir una investigación por la presunta comisión de los delitos de coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado.