La diputada nacional cuestionó el aumento de los recargos impositivos y la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los servicios básicos, alertando sobre el riesgo que corre el beneficio para millones de hogares.
En el marco del debate en comisiones sobre el proyecto de reducción geográfica del régimen de subsidios, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y referente massista, Jimena López, manifestó su profunda preocupación por las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional. La legisladora advirtió que reducir el alcance de la «Zona Fría» impactará severamente en las facturas de gas de millones de usuarios en todo el país.
Durante su intervención en la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto, Lopez sostuvo que el acceso a la energía no debe quedar sujeto a decisiones arbitrarias. “El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, alertó López.
Críticas a los aumentos y al control estatal
López cuestionó con dureza la política tarifaria del Gobierno nacional, denunciando una carga impositiva creciente sobre los usuarios para sostener el sistema mientras se recortan beneficios. Según detalló, el oficialismo ha aumentado en cinco oportunidades durante el 2025 el recargo para financiar el fondo de zona fría, “elevándolo hasta su máximo legal y arrogándose en abril la facultad de incrementarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso”.
En esa línea, la diputada oriunda de Necochea reclamó el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a controlar los monopolios. Para López, “las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, y rechazó de forma tajante cualquier mecanismo de traslado automático de costos que no cuente con un riguroso control estatal.
Demoras críticas en la «garrafa social»
Para finalizar su exposición, la legisladora puso el foco en los sectores más vulnerables, específicamente en aquellos que dependen del subsidio de 9.500 pesos mensuales para adquirir la garrafa social.
Denunció que el proceso de validación a través de la aplicación Mi Argentina presenta fallas que generan demoras de hasta 61 días para la aprobación del trámite. Al no contar con la validación a la fecha, miles de personas están quedando fuera de la cobertura de esta política esencial justo antes del inicio de los meses de mayor demanda de gas.
