El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca reducir la inseguridad jurídica, fortalecer el federalismo ambiental y destrabar inversiones estratégicas.
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar la Ley de Glaciares N.º 26.639, con el objetivo de modificar el actual marco normativo que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el país.
Según informó la Oficina del Presidente, la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei apunta a “ordenar el marco normativo vigente”, al considerar que, a más de 15 años de su sanción, la ley actual “ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Desde el Ejecutivo se remarcó que la reforma pretende “poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”, al tiempo que establece reglas claras para la protección de los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que —según el Gobierno— obstaculizó el desarrollo económico del país.
En el comunicado oficial, se destacó que el proyecto reafirma los principios constitucionales establecidos en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que disponen la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano y reconocen a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En ese sentido, el nuevo texto fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones.
El Gobierno subrayó además que la iniciativa se enmarca en el rumbo trazado desde el inicio de la gestión presidencial, orientado a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. Asimismo, se indicó que la propuesta responde a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan).
Finalmente, el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso de la Nación un pronto tratamiento del proyecto y garantizó la correcta participación ciudadana durante el proceso legislativo, al considerar que la reforma representa “un paso decisivo para promover el desarrollo productivo, el crecimiento económico y un federalismo real, con reglas claras”.
