El juez Adrián González Charvay dictó el procesamiento con prisión preventiva para 12 integrantes de una asociación ilícita que, bajo una apariencia de legalidad, logró inscribir y hacer circular cientos de armas de fuego de manera irregular. El complejo engranaje dedicado al tráfico de influencias y al desvío sistemático de armamento había sido desarticulado por la Justicia Federal de Campana.
La investigación reveló una cifra inquietante: hay al menos 742 armas registradas a nombre de miembros de la banda cuyo paradero es un misterio. No están en los domicilios declarados ni en poder de sus supuestos dueños. Para los investigadores, el destino final no es otro que el circuito informal y las bandas criminales,.
La pesquisa, iniciada en julio de 2024 tras una denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Anmac, permitió reconstruir un “circuito funcional y permanente” que operaba al menos desde enero de 2022.
La maniobra era sofisticada. La organización utilizaba “testaferros registrales”: personas que, a cambio de dinero, prestaban su nombre para figurar como legítimos usuarios de armas ante el organismo de control. Lo llamativo para la Anmac fue que estos individuos, en cortos periodos de tiempo, solicitaban la tenencia de cinco o más armas, una inversión que no coincidía con sus perfiles socioeconómicos ni ingresos declarados.
En los registros figuraban compras de armamento pesado y de alta gama, principalmente pistolas semiautomáticas calibres 9 milímetros, .40 y .380 de marcas reconocidas como Bersa, Glock y Taurus. Sin embargo, los supuestos dueños nunca tuvieron la “tenencia material efectiva” de esas armas.
LA NACION había anticipado hace poco menos de un mes el desenlace de estos dos años de investigación y más de cuatro años de operaciones. Un circuito que incluye legítimos usuarios de armas que actúan como testaferros y compran en armerías pistolas, escopetas y revólveres que no son para ellos. Empleados corruptos de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) que eran funcionales al avance de los trámites registrales y una aceitada logística que le permitía a esta organización proveer al mercado negro de armas local y alimentar canales de exportación a Chile, Uruguay y Brasil.
Ese es el nudo de la pesquisa encarada, a partir de una denuncia del ahora Renar, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal, y que, como informó LA NACION el lunes, derivó en 140 allanamientos en todo el país, ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Los procedimientos ejecutados por agentes de la Superintendencia de Investigaciones Federales concluyeron con 35 detenidos (31 hombres y cuatro mujeres); 16 de ellos son exempleados del Renar, gestores, mandatarios, dueños de armerías, instructores de tiro y un oficial de la Policía de la Ciudad.
También se secuestraron 120 armas, como ser escopetas calibre 12/70, pistolas calibres 9mm, .45 y .22, revólveres calibre .32, .38 y .357, ametralladoras calibre 9 mm tipo PAM, pistolones, carabinas calibre.22 y fusiles calibre .308, usualmente utilizados para tiro de precisión tanto por cazadores como por fuerzas tácticas policiales y militares. También encontraron una granada FMK-2, decenas de cargadores, más de 43.000 municiones de distinto calibre y una máquina de recarga que permitía a la organización ofrecer municiones por fuera de los circuitos legales.
Un oficial de policía y una red de complicidades
La estructura criminal no podría haber funcionado sin una red de facilitadores. Entre los procesados figuran gestores, responsables de armerías y exempleados del antiguo Renar/Anmac.
Uno de los eslabones clave es un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, procesado por incumplimiento de sus deberes. Según la resolución judicial, el efectivo intervenía en las certificaciones de los trámites, validando identidades y firmas sin realizar las verificaciones correspondientes, otorgando así el barniz legal necesario para que las armas salieran a la calle.
Las escuchas telefónicas fueron determinantes para cerrar el cerco. En las conversaciones incorporadas al expediente se detallan cobros por trámites, el uso de terceros para las registraciones y referencias directas a operaciones fuera de la ley.
Las acusaciones fueron formuladas a Ricardo Mascato (supuesto organizador de la asociación ilícita), Martín Núñez, Maximiliano Gómez Vera, Walter Moreno, Fernando Héctor Rodríguez, Roberto Rean, Daniel Iglesias, Daniel Ribeiro, Yanina Ribeiro, Pablo Iannarelli, Mirta Lazzati y Juan José Fogliani.
De la causa principal, el juez González Charvay desplegó dos legajos para tratar por separados cuestiones derivadas. Uno de esos casos resolvió la situación de Walter Leonel Garbino, pareja de la hija de Rean, acusado en el expediente central. Garbino, expolicía de la división Canes de la Federal, fue procesado con prisión preventiva por acopio de armas (se encontraron nueve en una barbería que él regenteaba, en Quilmes) y por tenencia de estupefacientes, ya que en allanamiento le secuestraron marihuana y tusi.
Por otra parte, dos jubilados, Julio Zenón Ruiz, de San Miguel de Tucumán, y José Victor Ávila, de Mendoza, fueron procesados sin prisión preventiva como presuntos prestanombres de la banda y, en especial, porque dos de las armas a su nombre fueron incautadas en Chile.
A nombre de Ruiz se encontraron 12 transferencias y 11 adquisiciones de armas, aunque ninguna en su poder; una de ellas, una Bersa TPR9, fue secuestrada en Villarrica, Chile, en un tiroteo del 14 de octubre de 2024. A nombre de Ávila figuraba una Bersa Thunder Pro 9mm que fue secuestrada en la investigación de un homicidio en la comarca chilena de San Bernardo ocurrido el 16 de agosto de 2023.
El juez González Charvay consideró que la organización tiene una “capacidad operativa” tal que, de permanecer en libertad, los imputados podrían entorpecer la producción de prueba o influir en los sistemas administrativos. Por ello, además de la prisión preventiva, trabó embargos sobre sus bienes que oscilan entre los $100 y $150 millones por cada uno.
A todos se los acusa de ser coautores de la provisión y circulación ilegal de armas de fuego (artículo 189 bis, inciso 4 del Código Penal). El magistrado fue contundente en sus fundamentos: no se trata de hechos aislados, sino de una “estructura organizada y sostenida en el tiempo” diseñada para burlar todos los mecanismos de control estatal,.
Mientras la justicia avanza sobre los responsables, la preocupación principal de las autoridades de seguridad sigue siendo el rastro perdido de esas 742 pistolas que, intuyen, fueron vendidas en el mercado negro.